El SPD, miembro de la coalición de Gobierno junto a los democristianos, avisa de que actuará para frenar la participación de Berlín en el pacto con Kigali
El Gobierno alemán ha presupuestado hasta 20 millones de euros para deportar en 2027 a Ruanda a 40 personas. Así lo ha señalado el SPD, partido que forma la coalición en el poder con la CDU del canciller, Friedrich Merz, y los socialcristianos bávaros de la CSU.
Cinco países europeos (Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Grecia y Austria) anunciaron el lunes que construirán un centro en Ruanda al que se trasladará a migrantes a los que se les ha rechazado una solicitud de asilo y tienen pendiente una orden de expulsión, pero cuyos países de origen no pueden o no quieren recibirlos. 2027 será un año de prueba en el que cada país implicado plantea de entrada expulsar a 20 migrantes, lo que suma un total de 100. Pero los socialdemócratas del SPD, contrarios a este acuerdo, aseguran que el número que contempla el Ministerio del Interior alemán son 40 personas. El titular de Interior, Alexander Dobrindt, es dirigente de la CSU, el partido más proclive en la coalición de Gobierno alemán a llevar a cabo un mayor número de deportaciones.
Sebastian Fiedler, responsable de política interior del SPD en el Bundestag, reveló que el proyecto de presupuestos del Estado para 2027 incluye una partida de costes de 20 millones de euros para expulsar a Ruanda a estas 40 personas. El borrador de los presupuestos públicos está en su fase final de debate en la Cámara Baja, para su posterior votación. Los socialdemócratas han confirmado que la partida para el acuerdo con el país africano se ha incorporado en las futuras cuentas públicas dentro del apartado de “Proyectos de cooperación internacional en migración”. El presidente del SPD, Lars Klingbeil, es el ministro de Finanzas y máximo responsable de la elaboración de los presupuestos.
El lunes, Dobrindt hizo mención a un reciente proyecto similar frustrado entre el Reino Unido y el Gobierno del presidente ruandés, Paul Kagame. La justicia británica lo declaró ilegal en 2023. El ministro alemán aseguró que el acuerdo actual es diferente porque el británico planteaba expulsar a solicitantes de asilo, mientras que ahora serán deportadas personas a las que ya se les ha rechazado la petición de protección.
“Un plan como este, con un dictador [Kagame], que somete al país con mano de hierro, abre muchos interrogantes”, ha declarado Fiedler en Politico. “Y que nos gastemos tanto dinero para 40 personas no soluciona ningún problema”. En Alemania hay más de 250.000 migrantes en situación irregular y sin derecho a permanecer en el país porque se les ha rechazado su solicitud de protección, sea de asilo o como refugiado. El SPD sí está en sintonía con los democristianos en el acuerdo suscrito en 2026 con los talibanes para acelerar las deportaciones de ciudadanos afganos.
Otros dos diputados del SPD, Rasha Nasr y Hakan Demir, han asegurado que su partido frenará la participación alemana en el centro de deportación en Ruanda: “¿Qué oportunidades laborales hay en Ruanda para quienes nunca han estado allí y son deportados de Alemania?”. El ministro del Interior ruandés, Vincent Biruta, afirmó en la rueda de prensa del lunes que de las inversiones europeas se beneficiarían tanto los deportados como la población local, porque sobre todo se destinarán a formación.
Nasr y Demir, entrevistados por el diario Tagesspiegel, no solo han puesto en duda las palabras de Biruta, sino que han advertido del riesgo que suponen las expulsiones a Ruanda: “Estarán expuestos a detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos y deportaciones posteriores a países inseguros”, han dicho.
“Son preocupantes los riesgos para los derechos humanos que plantea el traslado propuesto de personas de cinco países de la Unión Europea a Ruanda”, ha asegurado un comunicado de este martes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk. “Estas personas no tienen ninguna conexión real con Ruanda, que ya cuenta con sus propios retos en materia de derechos humanos”, ha dicho.
Alemania está a la cabeza de la nueva fase europea para frenar la migración. La nueva normativa de la UE para agilizar las deportaciones, que entró en vigor en junio, va en este sentido. Los datos indican que 2025 ya fue un año de récord: 135.460 personas fueron expulsadas, según el Eurostat, la tasa más alta de los últimos 10 años. Esto representa el 28% de los ciudadanos extracomunitarios sobre los que pesa una orden de salida de la UE.
Más de 14.300 personas fueron deportadas a sus países desde Alemania entre enero y septiembre de este año, un 19% menos que en el mismo periodo de 2025. El principal grupo nacional repatriado es la comunidad turca, con más de 2.000 ciudadanos de este país retornados por las autoridades alemanas. El número de retornos voluntarios de Alemania a países de origen en 2026 también es superior a las 14.000 personas.
Pacto con los talibanes
El acuerdo suscrito entre Berlín y el régimen talibán es el capítulo más polémico de la nueva fase de expulsar a toda costa a migrantes en situación irregular. Pese a las críticas de instituciones de derechos humanos nacionales e internacionales, el Ejecutivo alemán es el único en Europa que mantiene reuniones regulares con los talibanes para programar vuelos mensuales de retorno de ciudadanos afganos sin derecho a permanecer en el país. Berlín también es el único Estado de la UE que, pese a no reconocer a los talibanes como Gobierno legítimo en Afganistán, sí les ha permitido tener representación diplomática y consular.
Un portavoz del Ministerio del Interior informó en octubre a EL PAÍS que desde 2025 habían sido deportados a su país de origen más de 260 afganos, la mayoría con condenas judiciales o causas policiales abiertas. En Alemania residen más de 450.000 afganos, el país europeo con más ciudadanos huidos del yugo fundamentalista talibán.
Cristian Segura desde Berlín para ElPais.com 17/11/26



