Alejando Narváez, el presidente removido de Petroperú reveló que su salida de la petrolera estatal se realizó arbitrariamente porque se incumplió lo dispuesto por la Ley 28840 que dispone, si se trata de reemplazar a un director que no ha presentado una carta de renuncia, «solo pude ser vacado por incumplimiento de los objetivs anuales o falta grave», lo que implica un procedimiento que no podría realizarse en las escasas horas que tomó la nueva ministra para expectorarlo del cargo.

Ante ello, el economista Narváez ha remitido una carta notarial a la ministra de Economía, Denisse Miralles, y al presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, en la que cuestiona la legalidad del procedimiento mediante el cual fue removido del cargo el pasado 17 de octubre, solicitando la revisión de la decisión adoptada por la Junta General de Accionistas, que preside la ministra de Economía e integra el ministro de Energía y Minas David Bravo, argumentando que se ha violado la ley mencionada y el estatuto de la empresa estatal.

Por si fuera poco, el exfuncionario sostiene que no existe un acta formal inscrita en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) que respalde la decisión ni informes técnicos que la sustenten. Según su versión, esta omisión “podría contravenir el principio de motivación suficiente” previsto en la normativa administrativa, lo que —a su juicio— afectaría la gobernanza y la reputación de la petrolera ante los mercados.

A la vez que invoca el artículo 47 del estatuto de Petroperú, que establece la renovación escalonada del directorio, y advirtió que su incumplimiento podría vulnerar los estándares de previsibilidad y profesionalización exigidos por el Código de Buen Gobierno Corporativo.

En la comunicación afirma que su remoción podría interpretarse “equívocamente” como consecuencia de un mal desempeño, y pide que se aclare públicamente el sustento de la decisión. Además, advierte sobre posibles “contingencias institucionales y reputacionales” si no se rectifica el procedimiento.

La misiva concluye con una solicitud formal al MEF para que se verifique la existencia del acuerdo de Junta General, se evalúe la motivación técnica de la decisión y se adopten medidas “para preservar la seguridad jurídica, la gobernanza corporativa y la sostenibilidad de la empresa”.