No muchos recuerdan que el «El Escuadrón de la Muerte» conformado por 34 efectivos de la PNP, fue sumamente promocionado por el gobierno de Ollanta Humala, porque el asesor de Nadine Heredia, el exviceministro Iván Vega, que era una suerte de «Rambito», y apoyaba a este grupo, contaba con el apoyo mediático de IDL-Reporteros de Gustavo Gorriti.
Recientemente el ministro del Interior Juan Santiváñez Antúnez ha aprobado la defensa legal de 34 oficiales y suboficiales de la Policía Nacional (D. S. N° 022-2008-DE-SG), , acusados por la Fiscalía de Crimen Organizado de haber sido parte del “Escuadrón de la Muerte”, que asesinó a 33 supuestos delincuentes, que en este caso no serán los abogados de IDL, no sólo porque han pasado varias lunas, sino porque dicho escuadrón realmente perpetró violaciones de los Derechos Humanos, como investigó inicialmente el periodista Ricardo Uceda desde La República, provocando la histeria de Gorriti, que presuroso puso el pecho por Iván Vega.
Para la defensa de los 34 policías que enfrentan a la justicia por graves delitos, el Mininter ha dispuesto un desembolso de S/ 50 mil soles per cápita. Entre los exclientes del ministro del Interior Juan Santiváñez se cuenta el comandante PNP (r) Raúl Prado Ravines, a quien el fiscal Álvaro Rodas Farro señala como el líder de la organización criminal “El Escuadrón de la Muerte”. Prado ya recibió una condena de 35 años.
A estos efectivos que pertenecían a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DIRIN), se les imputa haber intervenido en falsos operativos en Santa Anita, Lima, el 11 de julio de 2012, con el saldo de 3 homicidios; en Puente Piedra, Lima, el 18 de noviembre de 2012, con 4 ejecuciones; en Chiclayo, el 4 de diciembre de 2013, cn 6 ejecutados; y en Ramiro Prialé, Lima, el 29 de julio de 2015, con el asesinato de otras 5 personas. Como jefe operativo de la Sub Unidad de Acciones Tácticas (SUAT) de la PNP, Jara actuó en tres casos como integrante del “Escuadrón de la Muerte: en Chincha, el 8 de septiembre de 2012, con un saldo de 2 ejecutados; en Chiclayo, el 4 de diciembre de 2013, con el resultado de 6 asesinatos; y en Ramiro Prialé, Lima, el 29 de julio de 2015, con 5 muertos.
La norma señala lo siguiente: “El Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior brindarán, respectivamente, defensa legal a los miembros de las Fuerzas Armadas en situación de actividad, disponibilidad o retiro y personal de tropa licenciada; así como a personal de la Policía Nacional en situación de actividad, disponibilidad o retiro, que se encuentran comprendidos o involucrado en investigaciones y/ o denuncias ante el Ministerio Público o procesos judiciales ante el fuero común por presunta comisión contra los derechos humanos, en el ejecución de sus funciones”.
Cuando se reveló que el ministro Santiváñez defendió a Raúl Prado Ravines, el ministro del Interior “aclaró” que solo actuó en el ámbito administrativo y no en el penal, agregando que otros abogados penales del sector caviar son «caseritos» del Mininter. Y anunció que revelaría la lista. Veremos.
