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Cartera de 2025 priorizará nueve proyectos viales por más de US$ 2800 millones 

CARRETERAS
Adjudicaciones en Asociación Público – Privada (APP) se orientan al cierre de brechas en infraestructura y mejora de servicios básicos de manera descentraliza.

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La Agencia de Promoción de la Inversión Privada – ProInversión tiene en cartera nueve proyectos viales que serán adjudicados en 2025 mediante Asociación Público-Privada (APP) y que significarán una inversión de US$ 2828 millones, marcando un avance significativo en el cierre de brechas de infraestructura y servicios básicos.

El monto de inversión representa más del 35% de la cartera total prevista para 2025, en más de US$ 7000 millones.  Asimismo, la cartera de proyectos viales incluye la Longitudinal de la Sierra Tramo 4 (US$ 1582 millones) cuya adjudicación está prevista para el primer trimestre de 2025 y beneficiará a 1.6 millones de habitantes en Junín, Huancavelica, Ica, Ayacucho y Apurímac mediante la rehabilitación, construcción, mejoramiento y mantenimiento de la vía durante 25 años mediante Asociación Pública – Privada cofinanciada.

Los otros proyectos son siete corredores viales del Grupo 1 por US$ 1134 millones (Cusco, Cerro de Pasco, Puno, Moquegua, tarma, Huancayo y Tarapoto), así como la vía Zapallal – Avenida Gambeta (túnel) en el puerto del Callao (US$ 112 millones).

El director ejecutivo de PROINVERSIÓN, José Salardi, refirió que este paquete de nueve proyectos permitirá una gestión técnica integral de los corredores viales, reduciendo tiempos de viaje, costos logísticos y fomentando la competitividad regional, el comercio y el turismo a nivel nacional.

Agregó que estas mejoras impulsarán, además, la dinámica económica regional, fortaleciendo la integración de mercados, generando empleo directo e indirecto y contribuyendo a un tránsito más seguro y eficiente para la población.

En total, la agencia tiene previsto adjudicar 31 obras mediante Asociación Público – Privada y Proyectos en Activos en 2025, con lo cual se reafirma el compromiso por el cierre de brechas en infraestructura y servicios básicos, a través de un modelo de colaboración público-privada que prioriza el impacto positivo en la población y el medio ambiente.

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