Después de una larga agonía, y tras varios artículos en este medio desde febrero, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) le quitó la autorización de funcionamiento a Blanco Sociedad Administradora de Fondos (Blanco SAF). El último domingo 10, en el diario El Peruano, se publicó la Resolución de Superintendente N° 136-2024-SMV/02, fechada el 8 de noviembre, y por lo tanto, no podrá administrar ni fondos públicos ni fondos mutuos.

Blanco SAF estaba intervenida por la SMV desde el pasado 17 de abril, por las quejas de sus partícipes (inversionistas) de sus fondos públicos BP6 Soles y BP7 Dólares. La SMV solo regula fondos públicos, no los fondos privados, y Blanco SAF tiene los fondos públicos antes mencionados, y media docena de fondos privados, los cuales podrían seguir siendo administrados por Blanco SAF.

El pasado 20 de septiembre, la SMV le suspendió la autorización de funcionamiento a Blanco SAF hasta que demuestre que revirtió su situación de déficit patrimonial. Inicialmente, la SMV encontró que el déficit patrimonial de Blanco SAF era de S/ -11.3 millones al 30 de junio del 2024 (25/7/24), pero el déficit aumentó a S/ -55.7 millones (2/10/24) cuando encontró gastos y obligaciones por la devolución de los montos reconocidos como propiedades de inversión de los fondos por el importe de S/ 14.6 millones, así como por la compra de los fondos BP6 y BP7 de las acciones de la pesquera C&H Fish SAC por S/ 29.8 millones. Por último, tras el reconocimiento del gasto y obligaciones por pagar al fondo BP7 Dólares -por la adquisición de activos representados por cuentas por cobrar de fondos de inversión privados, adquiridas por cuenta del fondo BP7 por el monto de S/ 70.8 millones- aumentó el déficit a S/ -126.6 millones (31/10/24).

La resolución detalla para salvar la situación, cuando el déficit detectado todavía era de S/ -11.3 millones, la SMV le ordenó a Blanco SAF ha realizar un aumento de capital de S/ 12.4 millones, lo que realizó capitalizando «utilidades» del año 2023, que ascendían a S/ 2 millones, y con el aporte no dinerario de un terreno en Piura, el Inmueble Parcela 12 de la empresa Servicios Generales Yadai SAC, representada por la señora Lierni Yamil Berrocal Tinoco, pero como la SMV todavía no autorizaba que ella sea accionista, se inscribieron a nombre de María Luisa Aguirre Salazar, «Maruja» (a la izquierda de la foto principal), la fundadora de Blanco SAF y quien controla el 100% de sus acciones. El terreno fue tasado en S/ 12.4 millones por Manuel Guillermo Gutierrez Huby (12/8/24), pero la SMV lo valorizó en solo S/ 36 mil.

Si bien Blanco SAF conoció la resolución desde la noche del viernes 8 y fue publicada en El Peruano el domingo 10, recién la noche del lunes 11, la administradora de fondos lo publicó en Hechos de Importancia en el portal de la SMV, como lo prueba el Oficio 5081 (8/11/24) enviado por Armando Manco Manco, intendente general de la SMV, a José Castillo Carazas, gerente general de Blanco SAF.

La asamblea de partícipes de los fondos BP6 y BP7 decidirán si se liquida el fondo o se traspasa a otra administradora de fondos

EL GATO DEL DESPENSERO

Los responsables de la debacle son «Maruja» Salazar Aguirre -fundadora y quien junto a sus hijos, son titulares del 100% de las acciones de Blanco SAF-, directores y gerentes de Blanco SAF. Pero por increíble que parezca, el artículo 3 de la resolución nombra como custodio de los fondos al gerente general de Blanco SAF, José Castillo Carazas (a la derecha de la foto), uno de los responsables de que los casi 2 mil partícipes hayan perdido gran parte de su inversión.

Sin embargo, José Castillo presentó su renuncia el último 8 de noviembre, que se hará efectiva el martes 12, por lo que el encargo será para su sucesor, que no se sabe quien será.

DIRECTORES INTENTAN COBRAR LO ÚLTIMO

Tras esta debacle, fuentes de la SAF nos cuentan que los miembros del directorio y comités de vigilancia están intentando sus dietas con lo último que queda en la compañía, van a rascar la olla. Nos informan que los miembros del directorio les estarían pagando US$ 10 mil por cinco sesiones (serían más) y los miembros del comité de vigilancia, la mitad. A pesar de todo, hay algunos que son conscientes de la situación de la empresa y por la coyuntura actual, están dispuestos a devolver ese monto.