Inaudito. Catherine Rodríguez Cabrera, de la Fiscalía de Miraflores, concluyó que deceso de hombre de confianza de Susana Villarán no fue homicidio. Solo consideró evidencias que apuntaran al suicidio y no intervino dispositivo móvil para advertir si recibió mensajes o llamadas amenazantes.
La muerte de José Miguel Castro hace año y medio merecía una investigación amplia y seria del Ministerio Público. El largo y profundo corte en el cuello que exhibía el cuerpo del exfuncionario villaranista apuntaba, según distintos expertos, a un macabro crimen.
El domingo 29 de junio de 2025, Castro Gutiérrez fue hallado sin vida en el baño de su vivienda en Miraflores. Su padre, el exdiputado de izquierda Julio Castro, encontró sus restos pasadas las 9:00 a.m.
Castro, que tenía 44 años de edad, estaba en posición boca arriba, tirado sobre el suelo. Su ropa estaba manchada casi por completo con la sangre que derramó.
A su alrededor, había dos cuchillos: uno largo de cocina y el otro pequeño de tipo serrucho.
a sus pies, justo en el umbral de la puerta, el objeto clave que debía dar respuestas sobre el trágico desenlace: su celular.
Su deceso conmocionó al país. No solo por la forma; también por lo que representaba para uno de los más grandes casos de corrupción de la trama Lava Jato.
Se trataba del hombre de más confianza de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y ya había reconocido ante la justicia que coordinó los aportes millonarios de las empresas OAS y Odebrecht para financiar las campañas políticas de su jefa.
Por la gravedad de los hechos, ambos fueron a prisión preventiva en 2019 y salieron un año después, en medio de la pandemia del COVID-19, aunque el economista lo hizo como aspirante a colaborador eficaz; optó por esa figura legal al encontrarse acorralado por las pruebas.
En su declaración del 27 de noviembre de 2020, el exservidor público relató las reuniones que mantuvo en 2014 con el presidente de OAS, Leo Pinheiro, para acordar la entrega de dinero que terminó sirviendo para las actividades de reelección de Villarán.
“Castro Gutiérrez contestó que necesitaría entre 3 y 4 millones de dólares; tengo conocimiento de que este dinero ilícito se pagó en su totalidad”, se lee en su manifestación como delator.
En total, según la acusación fiscal, Villarán recibió US$11 millones para solventar su campaña por el No a la revocatoria (2013) y la de reelección (2014).
El testimonio sería crucial en el juicio; era la prueba contundente e irrefutable, pero su vida terminó tres meses antes de que le tocara hablar ante los tribunales.
Fiscal no quiso abrir celular
Lo que quedaba ahora era que la Fiscalía investigara cómo murió José Miguel Castro. Un episodio traumático como este debía ser aclarado para el proceso penal contra Villarán, y más aún para los familiares.
Toda diligencia era necesaria. El informe de necropsia de Medicina Legal arrojó que la herida en el cuello tenía 27 centímetros de longitud con una profundidad de 4.5 centímetros.
Además, presentó cinco cortes leves en la misma zona. Se conocen como “cortes dubitativos”.
Según el médico forense Juan Leiva, el reporte de Medicina Legal por sí solo “es más concordante con un suicidio que con un homicidio”.
No obstante, explicó a Perú21 que una investigación como esta necesita de todas las pruebas para llegar a una conclusión clara.
De acuerdo con la investigación fiscal, Castro no dio señales de que pretendía quitarse la vida. Además, no dejó cartas a sus más allegados, como lo haría un suicida.
Sobre todo si se considera que Paula Maguiña, la viuda, mencionó a Rafael López Aliaga, el exalcalde de Lima, cuando fue consultada por la Policía sobre si conocía de alguna persona que podría hacerle daño a su esposo.
“Siempre me dijo que tenía enemigos que querían hacerle daño”, respondió a la pregunta del 3 de julio de 2025.
Maguiña también declaró que su esposo tenía planes y que en todo momento buscó preservar la tranquilidad de su familia.
“Por eso, yo no me puedo imaginar a mi esposo haciendo algo que pudiera lastimar a mis hijos de esta manera como está sucediendo”, refirió.
Pese a todo esto, la fiscal de Miraflores, Catherine Rodríguez Cabrera, emitió una resolución el 6 de marzo de este año, luego de nueve meses de investigación, cerrando el caso y descartando el homicidio.
Pero lo increíble de su decisión es que nunca revisó el celular de Castro Gutiérrez.
Esta pista importante no mereció ningún interés por parte de la fiscal Rodríguez. Y eso se desprende del propio documento que lleva su firma.
Lo inaudito es que lo único que hizo para intentar abrir el dispositivo fue darle el iPhone a la viuda para desbloquearlo digitando contraseñas al azar.
“Ante la imposibilidad de desbloquear el equipo, no fue posible visualizar el contenido del teléfono celular”, resolvió la fiscal.
Es decir, no buscó que los peritos informáticos del Ministerio Público o de la Policía Nacional intervinieran el celular con las herramientas y programas que existen justamente para estos casos.
El perito Juan Leiva, con más de 22 años de experiencia, dijo a este diario que era necesario ver la información que guardaba el equipo móvil para despejar cualquier duda.
“Déjeme pensar que esta fiscal, Dios quiera, tenga el celular en custodia, que no lo haya entregado todavía y se pueda realizar la investigación en el celular”, expresó.
Rodríguez Cabrera desechó el celular como una prueba importante y también el señalamiento que hizo la viuda sobre Rafael López Aliaga. En el documento no hay evidencia de que haya interrogado al exburgomaestre.
Solo consideró testimonios y evidencias que apuntaran a la hipótesis del suicidio.
Perú21 abordó a la fiscal cuando llegaba a su trabajo y le preguntó por qué no revisó el celular. Su primera respuesta fue que no estuvo a cargo del caso.
Al hacerle notar que la resolución llevaba su firma, dijo que hablaría con su superior para que luego saliera a explicar la situación.
Minutos después, mandó a decir que no nos iban a atender.
Fuentes cercanas a la familia Castro indicaron que el celular del exfuncionario fue devuelto a la viuda, Paula Maguiña, quien vive en el extranjero. Hasta hoy no ha podido conocer la información que guarda el dispositivo.
Tenga en cuenta
-Perú21 se contactó con familiares de José Miguel Castro para conocer su postura sobre las conclusiones de la Fiscalía. No obstante, no quisieron pronunciarse.
Álvaro Reyes para Perú21 9/11/26
