La jurista sudafricana ha trabajado durante seis décadas en causas abiertas por las atrocidades en Gaza, Ruanda, Darfur y Myanmar

El primer acto de rebeldía de Navanethem Navi Pillay (Durban, 85 años) fue estudiar Derecho. La jurista nació en la Sudáfrica del apartheid en una familia pobre de origen tamil. Sus abuelos llegaron desde la India hasta la provincia de Natal, en la costa este del país africano, reclutados para trabajar en las plantaciones de azúcar como servidores contratados, un régimen laboral instaurado a finales del siglo XIX después de que se aboliera la esclavitud y que imponía condiciones extremas a la mano de obra en el imperio británico. Desde niña, tras crecer en uno de los regímenes más injustos y desiguales de la historia, Pillay tuvo claro que quería ser abogada, incluso después de que uno de sus profesores le advirtiera de que no iba a llegar muy lejos sin un padre rico.

Ocho décadas más tarde, tras una vasta y destacada trayectoria que la llevó a ser jueza del Tribunal Penal Internacional (TPI), presidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Pillay ha sido reconocida con el Nobel de la Paz por ser “una de las grandes defensoras de los principios jurídicos internacionales de nuestro tiempo” y una mujer “de una valentía e integridad excepcionales”, según destacó el Comité noruego que le concedió el premio.

“Me han felicitado por mi valentía. Os imagináis qué sorprendida me quedé. ¿Por qué necesito valentía para decir la verdad?“, ha dicho la jurista, que ha dedicado su vida a juzgar y analizar lo peor de la condición humana: crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidios.

Pillay se matriculó en 1963 en la Universidad de Natal y fue la primera mujer en abrir un bufete de abogados en esa región de Sudáfrica cuatro años más tarde. “Se convirtió en abogada y pionera del Derecho, enfrentándose a la profunda discriminación estructural, la segregación y la exclusión”, ha destacado el Comité Nobel al anunciar el premio.

La jurista siguió derribando barreras a lo largo de su carrera profesional. Tras la caída del apartheid, Nelson Mandela la designó en 1995 como jueza interina del Supremo de Sudáfrica y se convirtió así en la primera mujer no blanca en llegar a este tribunal. Ese mismo año, se sumó al Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que juzgó los crímenes de guerra y el genocidio en el país africano. Dedicó ocho años de su carrera a esa tarea y fue presidenta de ese tribunal entre 1999 y 2003.

“Todavía me persiguen los testimonios que escuché de víctimas y testigos sobre la brutal violencia, los asesinatos, las violaciones y las mutilaciones”, declaró en 2014, en el 20º aniversario del genocidio en Ruanda, en la que murieron más de 800.000 personas. “Debemos reflexionar no solo sobre la magnitud de las matanzas y otras atrocidades cometidas durante esos 100 días de genocidio, sino también sobre lo que condujo a la aniquilación de los valores sociales, la ley y el orden, que permitió que se perpetrara el genocidio”, afirmó. También llamó a la reconciliación, al perdón y a luchar para que esos crímenes no se repitan. “Debemos seguir reflexionando sobre nuestro fracaso colectivo para detenerlo”, insistió.

En 2003, Pillay llegó al Tribunal Penal Internacional de La Haya, en el que trabajó en causas abiertas por crímenes de guerra y de lesa humanidad en la República Democrática del Congo, Ruanda y la región de Darfur, en Sudán. La jurista se pronunció contra el uso desproporcionado de la fuerza, el desplazamiento masivo de personas y llamó constantemente a poner fin a los abusos contra la población civil y a la rendición de cuentas de las partes en el conflicto en Darfur, en el que las víctimas se cuentan por cientos de miles.

Posteriormente, Pillay fue alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, entre 2008 y 2014, desde donde siguió impulsando el procesamiento y la rendición de cuentas por violaciones graves de las garantías fundamentales en distintos conflictos internacionales. También se empeñó en consolidar los estándares para sancionar la violencia de género, promover la igualdad y luchar contra la discriminación. Desde su paso por el tribunal del genocidio de Ruanda trabajó además para que las violaciones y la violencia sexual fueran consideradas y juzgadas como crímenes de guerra y actos de genocidio. Participó, posteriormente, en la redacción del apartado de la Constitución sudafricana que establece la igualdad como un derecho.

Tras su salida de la ONU se ha mantenido vinculada a causas internacionales que ponen al mundo frente al espejo de la violencia sistemática, la discriminación y los abusos de poder. Pillay encabezó la comisión de expertos independientes de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados, que en septiembre del año pasado concluyó que Israel ha cometido actos de genocidio en Gaza.

“La responsabilidad de estos crímenes atroces recae en las más altas esferas del poder israelí, que han orquestado una campaña genocida durante casi dos años con la intención específica de destruir al grupo palestino en Gaza”, declaró Pillay al presentar el informe. “La Comisión también constata que Israel no ha prevenido ni castigado la comisión del genocidio, al no investigar los actos genocidas ni enjuiciar a los presuntos autores”, denunció.

Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de llevar ante la justicia al Gobierno de Benjamín Netanyahu por las atrocidades cometidas en Gaza, Pillay llamó a confiar en el trabajo de los tribunales internacionales y citó a Mandela: “Siempre parece imposible hasta que se logra”. Este jueves, al recibir la noticia del premio insistió: “Lo que está pasando en Gaza es un genocidio”.

Un mensaje al mundo

El Nobel de este año supone también un alegato en defensa de un mundo basado en reglas y principios comunes, en horas bajas para el multilateralismo y la justicia internacional. El anuncio se ha producido en medio de más de 60 conflictos activos en el mundo, muchos de ellos olvidados, y una campaña permanente de algunos de los gobernantes más poderosos del planeta para dinamitar ese orden institucional y evitar rendir cuentas sobre sus actos. El caso más evidente es la campaña de acoso que ha lanzado la Administración de Donald Trump contra el TPI, que tiene una orden de arresto contra Netanyahu, su aliado.

“El sistema de derecho internacional se encuentra bajo una enorme presión y sus instituciones están siendo atacadas”, ha afirmado Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, sin aludir directamente a Trump ni a ningún otro líder mundial. “La historia ha demostrado que un mundo que funciona sin el Estado de derecho es injusto, imprudente e inhumano”.

Con 85 años, Pillay se mantiene activa e incansable. Actualmente es jueza del Tribunal Internacional de Justicia en el caso en el que se analizan las acusaciones de genocidio contra Myanmar, por las denuncias de campañas de limpieza étnica contra la minoría rohingya. También preside la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, desde donde ha escrito tribunas para este diario para conseguir que el castigo capital deje de aplicarse y pase a la historia.