TEMA: ANÁLISIS DE ADQUISICIONES INTERNACIONALES, BLINDAJE INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA Y LA FISCALÍA, SUCESIÓN DIRECTIVA Y LA INSTRUMENTALIZACIÓN JUDICIAL DEL CASO BIODIÉSEL LOCAL

I. INTRODUCCIÓN Y MARCO PRELIMINAR

El presente informe constituye un análisis exhaustivo y estructurado sobre las dinámicas contractuales de Petroperú S.A., evidenciando una grave asimetría en el tratamiento fiscal, técnico y penal de sus operaciones comerciales. El documento contrasta la impunidad y protección otorgada a las macrocompras en el mercado spot internacional realizadas a las transnacionales suizas Gunvor S.A. y Vitol —las cuales operaron libremente bajo un esquema delictivo confeso— frente a la inmediata persecución penal desatada contra el exgerente general Hugo Chávez Arévalo, referida a una adquisición de biocombustible nacional bajo el amparo de la Ley N° 28054, la cual terminó siendo anulada formalmente sin ocasionar un solo sol de perjuicio para el erario público.

II. EL MODELO DE LA «MAFIA DE SUMINISTRO» Y EL INFORME OCULTO DE PAUL HASTINGS LLC

Durante el periodo 2015-2021, la mesa técnica intermedia de la cadena de suministro de Petroperú delegó de manera casi exclusiva el abastecimiento energético a intermediarios extranjeros.

1. Cómo Operaba la «Mafia de Suministro» Internacional

De acuerdo con las revelaciones del informe forense elaborado por el prestigioso estudio de abogados estadounidense Paul Hastings LLP —contratado originalmente en 2022 y cuyo reporte final fue emitido en mayo de 2025—, la red que operaba en la cadena de suministro empleaba una modalidad sofisticada de triangulación y fraude:

Triangulación de Crudo Subvaluado: La corporación Gunvor adquiría petróleo crudo ecuatoriano a precios subvaluados mediante sobornos. Posteriormente, la red interna de suministro en Petroperú coordinaba directamente con ellos para comprar dicho crudo a precios inflados, sobrefacturando al Estado peruano.

Direccionamiento de Licitaciones: Los correos electrónicos y registros de comunicaciones evidencian que los técnicos de Petroperú coordinaban los términos de las licitaciones públicas directamente con los proveedores extranjeros, saltándose las guías éticas y descartando ofertas competidoras sustancialmente más baratas.

El Factor Raymond Kohut: El operador de Gunvor, Raymond «Ray» Kohut, mantenía visitas constantes y un acceso privilegiado a las oficinas técnicas de la petrolera estatal. Kohut se declaró culpable ante un tribunal de Nueva York, admitiendo el pago de US$ 22 millones en coimas a funcionarios de la región para asegurar contratos y fugar información confidencial.

2. El Informe Escondido

A pesar de la gravedad de los hallazgos contenidos en el expediente de Paul Hastings LLP (que documentaba transacciones por US$ 1,727 millones con Gunvor y US$ 67.4 millones con Vitol), este informe permaneció oculto y archivado deliberadamente. La administración posterior lo mantuvo bajo el amparo estricto del «secreto profesional abogado-cliente» (Privilegio Legal de EE. UU.) para evitar su difusión pública. El documento recién fue remitido de forma clandestina al Ministerio Público en junio de 2026 en un sobre lacrado, desatando la apertura forzosa de la investigación fiscal tras años de inacción.

III. CERO INVESTIGACIÓN: EVIDENCIA DE PROTECCIÓN A LA MAFIA

El análisis cronológico demuestra una escandalosa omisión de funciones y protección sistémica por parte de los dos pilares de la justicia y control del Estado:

1. Cero Investigación de la Contraloría (Gestión Nelson Shack): Durante el sexenio de mayor extracción de recursos por parte de Gunvor y Vitol (2015-2021), la Contraloría General de la República, liderada por Nelson Shack, no emitió ninguna auditoría concurrente o estructural sobre estas compras. Incluso, el Informe de Auditoría N.° 003-2023-2-0084-AC, emitido tardíamente en 2023 por el Órgano de Control Institucional (OCI), concluyó formalmente que no existía responsabilidad administrativa, civil ni penal en los trabajadores de suministro implicados.
2. Cero Investigación de la Fiscalía de la Nación: El Ministerio Público mantuvo congeladas las denuncias internacionales de lavado de activos y cohecho derivadas del caso «Petroecuador-Gunvor» en lo que respecta a sus nexos con el Perú. La fiscalía anticorrupción no intervino las oficinas de suministro ni solicitó prisiones preventivas para la mesa técnica intermedia involucrada en las compras de los US$ 1,794.4 millones combinados.
3. Evidencia de Protección Táctica: Ambas instituciones enfocaron el 100% de su capacidad punitiva en criminalizar la gestión de octubre de 2021. Al perseguir con celeridad inédita un contrato nacional que fue abortado y anulado (cero perjuicio económico), la Contraloría y la Fiscalía actuaron como un escudo de contención, desviando la atención pública y congelando el procesamiento de la verdadera mafia transnacional que operaba en Petroperú.

IV. HISTORIAL DE AUTORIDADES: PRESIDENTES DEL DIRECTORIO Y GERENTES GENERALES (2015–2021)

Para identificar a los responsables políticos y administrativos que validaron, firmaron o ejercieron de forma interina/encargada durante el periodo de las macrocompras a Gunvor y Vitol, se detalla la línea de sucesión oficial:

1. Presidentes del Directorio

• Germán Velásquez Salazar (2015 – 2016): Ejerció la presidencia y, por acuerdo de junta, asumió simultáneamente funciones de Gerente General. Bajo su administración se consolidaron los primeros contratos masivos en el mercado spot.
• Augusto Baertl Montori (2016): Gestión interina/corta durante la transición de gobierno.
• Luis García Rosell Artola (2016 – 2018): Condujo la empresa durante la fase de expansión del proyecto de la Refinería de Talara y la continuidad de las importaciones de crudo.
• James Atkins Lerggios (2018 – 2019): Titular del directorio durante el periodo intermedio de fiscalización omitida.
• Carlos Paredes Lanatta (2019 – 2020): Titular que posteriormente denunciaría la infiltración de personal recomendado por entes de control externos.
• Eduardo Guevara Dodds (2020 – 2021): Condujo la empresa durante la etapa de la pandemia de COVID-19, periodo en el que las compras spot a las suizas se mantuvieron activas.

2. Gerentes Generales (Titulares, Encargados e Interinos)

• Germán Velásquez Salazar (Gerente General encargado por Directorio, 2015-2016).
• Esteban Bertarelli Bustamante (2016 – 2019): Ejerció de forma titular y en periodos interinos la máxima representación operativa de la empresa, supervisando directamente el área de operaciones y suministro comercial.
• Carlos Barrientos Gonzales (2019 – 2021): Gerente general corporativo que administró la ejecución y liquidación de los contratos bajo la lupa de Paul Hastings.
• Hugo Chávez Arévalo (8 de Octubre 2021 – Marzo 2022): Asume la gerencia general titular con el mandato de reestructurar la empresa.

V. LA REESTRUCTURACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO Y EL MANDATO DE LA LEY N° 28054

Al asumir la Gerencia General el 8 de octubre de 2021, Hugo Chávez Arévalo ejecutó un quiebre en la inercia operacional de la empresa:

1. Despido de la Mesa Técnica Infiltrada: Pocos días después de asumir el cargo, en octubre de 2021, la Gerencia General decidió retirar la confianza a los funcionarios de apellidos Muñoz y Martínez, quienes controlaban estratégicamente la cadena de suministro y las mesas de evaluación técnica que favorecían a Gunvor y Vitol.
2. Aplicación Imperativa de la Ley N° 28054: La nueva gestión reorientó el presupuesto hacia el mercado interno amparándose en la Ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles (Ley N° 28054). Esta ley obliga expresamente a priorizar la producción nacional de Biodiésel B100 frente a la importación, funcionando como un eje de la Lucha contra las Drogas al incentivar la compra de palma aceitera legal en la selva, restándole terrenos al narcotráfico y al cultivo ilícito de hoja de coca. Bajo este mandato, se adjudicó la compra a la planta nacional Heaven Petroleum Operators (HPO), de Samir Abudayeh.

VI. EL ROL DE ZENAIDA CALDERÓN COMO HERRAMIENTA DE CONTENCION

Conforme a las declaraciones explícitas del expresidente de Petroperú, Carlos Paredes Lanatta, la contadora Zenaida (Cenaida) Calderón Anticona ingresó y escaló a la jefatura de la Oficina de Cumplimiento y Auditoría Interna bajo la recomendación directa del entonces Contralor General, Nelson Shack.

Calderón Anticona operó estratégicamente para proteger los intereses del sector mafioso transnacional:

• Boicot a las Decisiones de Chávez Arévalo: El Directorio y la Gerencia General emitieron órdenes urgentes para abrir auditorías inmediatas sobre el histórico de los US$ 1,727 millones tranzados con Gunvor. Calderón desactivó, bloqueó y archivó sistemáticamente estas órdenes de investigación.
• Construcción del Caso Exprés: Desvió toda la capacidad operativa de su despacho para focalizarse exclusivamente en armar el expediente acusatorio contra la licitación nacional de HPO, entregando los informes express a la Fiscalía antes de su salida, lo que sirvió de justificación jurídica para descabezar la gestión de Chávez Arévalo.

VII. MATRIZ ANALÍTICA DE ASIMETRÍA EN EL CONTROL

Variable de Evaluación	Bloque de Compra Internacional (Gunvor S.A. / Vitol)	Contrato de Producción Nacional (Caso HPO – Biodiésel)
Monto Financiero	US$ 1,794.4 millones combinados.	US$ 74 millones (Referencial de licitación).
Flujo de Caja Real	Ejecutado, liquidado y pagado a cuentas bancarias en el extranjero.	ANULADO. Cero desembolso fiscal y cero pérdida para Petroperú.
Estatus en Contraloría	Cero investigación. Informes de OCI (2023) archivados y sin hallar responsabilidades.	Celeridad máxima. Informes exprés para detenciones preventivas.
Estatus en Fiscalía	Congelado / Oculto. El informe de Paul Hastings fue escondido para evitar su procesamiento penal.	Intervención inmediata. Allanamiento y persecución de la alta gerencia.
Acción de Z. Calderón	Archivo y desactivación de las órdenes de investigación dictadas por Chávez Arévalo.	Emisión de reportes punitivos para la instrumentalización de la Fiscalía.

VIII. CONCLUSIONES FINALES

1. Existencia de una Red Extorsiva y de Protección: Las operaciones millonarias con las transnacionales suizas contaron con un esquema de blindaje institucional promovido por la inacción de la Contraloría (Nelson Shack) y la Fiscalía, permitiendo que el desfalco de la «mafia de suministro» operara impunemente durante años.
2. Ocultamiento de Pruebas Internacionales: El informe forense de Paul Hastings LLP que describía el modus operandi del direccionamiento de licitaciones fue escondido del debate público bajo argucias de confidencialidad legal, impidiendo que la opinión pública conociera el verdadero rostro de la corrupción transnacional en Petroperú.
3. La Cortina de Humo Penal: La magnificación y persecución judicial de la compra local de biodiésel amparada en la Ley 28054 —la cual fue desactivada y anulada con cero costo para el Estado— constituyó una maniobra de demolición política. Su único fin real fue deponer a Hugo Chávez Arévalo por haber despedido a la mesa técnica de suministro (Muñoz y Martínez), deteniendo las auditorías sobre los US$ 1,727 millones de Gunvor y restituyendo los intereses del oligopolio extranjero en el Perú.