El actual Jefe de la SUNAT, Javier Franco Jaramillo, está siendo sujeto de severos cuestionamientos internos y externos por adoptar decisiones arbitrarias así como limitacionespara gestionar adecuadamente a dicha institución.

Además, existen casos de presunta corrupción por parte de funcionarios que dependen, directa o indirectamente, del Jefe de la SUNAT, como se da cuenta, por ejemplo, en el reportaje “Los buitres de la SUNAT” en el cual se describe como funcionarios de dicha institución habrían solicitado coimas para el otorgamiento de buena pro en la contratación de obra pública. Casos como este, en su momento, serán evaluados por la Procuraduría Pública de la SUNAT que perdería su independencia si su designación y/o remoción se somete a la voluntad, justamente, del Jefe de la referida institución.

Franco Castillo tiene mucho interés que prospere, el día de hoy, en el pleno del Congreso de la República el Proyecto de Ley 1724/2026-CR y otros, mediante el cual se le otorga la facultad de designar a dedo al Procurador Público de la SUNAT. Al interno del entre tributario, se comenta que Franco Castillo ya tendría listo el reemplazo de la actual Procuradora Pública Ana María Ubillús: un sombrío y dócil funcionario de la SUNAT experto en negarse a denunciar casos de presunta corrupción que calienta banca y sería el elegido por Franco Castillo para desplazar la Procuradora Pública Ubillús.

Sin embargo, el suelo no estaría parejo para las intenciones de Franco Castillo porque el Proyecto de Ley 1724/2026-CR y otros debería ser devuelto a Comisiones para un mejor estudio porque vulnera el artículo 47° de la Constitución Política del Estado, en tanto que la SUNAT NO ES un Poder del Estado o un Organismo Constitucionalmente Autónomo que merezcan un trato legislativo de excepción como es el que otorga a dichos entes la Ley N° 31778 y porque, además, el Procurador Público es un funcionario de rango constitucional, cuya designación y/o remoción no debería encomendarse a los Jefes Organismos Públicos de relevancia legal, tal cual es el caso del Superintendente Nacional de Aduanas y Administración Tributaria.

La Procuradora General del Estado, cabeza del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, debería de continuar designando a los Procuradores Públicos, previo concurso público. No a la dedocracia tributaria.