La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional asegura en un nuevo informe aportado al caso Plus Ultra que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero cobró 200.000 euros por influir en favor de un grupo peruano (Grupo Gloria) que tenía problemas con la justicia de Bolivia ante el Gobierno de este país. Los agentes creen que Zapatero cobró de forma camuflada por labores de consultoría a través de una empresa interpuesta (Focus Social Research) lo que, en realidad, fue la intermediación para que el grupo peruano no pagara una multa de 107 millones de dólares (unos 93 millones de euros) a la que había sido condenado. La UDEF sostiene que “la concatenación de hechos acreditados” lleva a inferir la “existencia de una dinámica de intermediación e influencias” orientadas a beneficiar los intereses del Grupo Gloria con un “contrato simulado”. Fuentes del entorno del expresidente aseguran, sin embargo, que se trató de una consultoría legal y que sería “inaceptable” una investigación “prospectiva” de la tarea profesional histórica de Zapatero.

En el documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, los investigadores dan cuenta al juez José Luis Calama de nuevos hallazgos encontrados en el móvil de la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, y en la agenda del expresidente que fue incautada en el registro a su oficina. De su examen, la UDEF detalla reuniones y contactos con “altas esferas políticas de Bolivia”, como el propio presidente, Luis Alberto Arce, los ministros de Economía y Justicia, Marcelo Montenegro y César Adalid, respectivamente, o el procurador general del Estado, Ricardo Condori. El informe refleja que Zapatero firmó un contrato de consultoría por 200.000 euros en tres plazos cuya finalidad, supuestamente y según los agentes, tenía más que ver con un ejercicio de influencias: resolver los problemas judiciales del Grupo Gloria en Bolivia ―un conglomerado de empresas con base en Lima (Perú) y con inversiones en países de América en múltiples sectores como alimentos, cementos, papeles, cartones o transportes―, donde una de sus empresas, Soboce (Sociedad Boliviana de Cementos S.A.), había sido condenada a pagar unos 107 millones de dólares por competencia desleal. Así, los agentes destacan que, de las conversaciones analizadas, se desprende que los servicios prestados por Zapatero euros “no guardan relación” real con Focus Social Research (la empresa que le paga), que “estaría orientada al marketing”.

La UDEF asegura en el informe que este descubrimiento apuntala “los indicios de la existencia de una organización criminal, liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que, aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes”. En línea con el patrón que identificaron respecto al rescate de la aerolínea Plus Ultra, los investigadores indican que Gertrudis Alcázar “tendría un papel relevante”, por “su intervención en la gestión de las comunicaciones” y “el intercambio de documentación”, así como por su dominio de la agenda. Fuentes del entorno del que fuera líder del PSOE insisten en que “es un escándalo sin precedentes que se publiquen agendas y conversaciones privadas” de quien ha dirigido el Gobierno español.

Las reuniones

Las supuestas gestiones de Zapatero con esta empresa peruana comienzan en mayo de 2024, cuando Soboce ya tenía problemas con la justicia en La Paz por un pleito con la Fábrica Nacional de Cementos. La primera reunión que consta en su oficina de la calle Ferraz se produjo el 8 de mayo de ese año entre él y Carmen Almendras, la embajadora de Bolivia en España, y un día después la secretaria del expresidente, Gertrudis Alcánzar, remitió a Almendras un borrador de asesoramiento.

Al hilo cronológico que refleja la UDEF sobre las conversaciones, se suma una directiva del Grupo Gloria y un representante de Focus Social Research. Los mensajes entre todos culminan el 13 de mayo, cuando finalmente es este grupo el que firma la labor de asesoría con Zapatero con unos honorarios de 200.000 euros en tres plazos, además de una dieta de 10.000 euros diarios más gastos en caso de viajes. En el contrato rubricado con la empresa peruana, que se intervino en la oficina del expresidente, se pone como objeto “la prestación por parte del asesor de sus servicios de asesoramiento en el ámbito de la actividad que desarrolla la compañía”.

Cabe recordar que el juez Calama preguntó a Zapatero la pasada semana en su declaración, precisamente, por el nombre de esa mercantil (Focus Social Research), pero el expresidente se limitó a decir que eso no constaba en el sumario y que no iba a profundizar en qué labores había realizado.

El 28 de junio de 2024 se produjo el primer pago de 100.000 euros de la empresa peruana a favor de Zapatero. Y dos meses después, el 30 de agosto, consta cómo la secretaria del expresidente contacta con María Nela Prada, ministra de la Presidencia de Bolivia, para cerrar una reunión entre el presidente del país, Luis Alberto Arce, y Zapatero: “Estimada ministra, le saluda Gertrudis de la Oficina del Pdte. Zapatero. Le escribo por el viaje del Pdte. Zapatero a Bolivia y para organizar la reunión con el Excmo Sr. Presidente Arce. Le comento: el presidente Zapatero llega a Bolivia el sábado 14 de septiembre”. Según el informe de la UDEF, un día después, el 15 de septiembre se vio con el presidente Arce y, previamente el mismo día, con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, de acuerdo a su agenda.

En la comitiva de ese viaje estuvieron incluidos los hermanos Domingo y Guillermo Amaro Chacón, que son una pareja de empresarios venezolanos que también están bajo el foco de la investigación en la Audiencia Nacional. La UDEF trató de registrar la sede de su empresa en Madrid, Inteligencia Prospectiva, sin éxito porque la oficina ya no estaba. El juez la describió la pasada semana como una empresa que había desaparecido. La investigación apunta que esta mercantil hacía pagos a Zapatero y a sus hijas de capital extranjero como una supuesta operación de blanqueo de capitales.

La ristra de gestiones que detalla la Policía continúa los siguientes meses, pero en febrero de 2025, la Sala Civil del Tribunal Supremo bolivariano decide ratificar la condena de la multa millonaria a Soboce. Entonces, en marzo de 2025, la empresa del Grupo Gloria decidió presentar un amparo constitucional alegando que se habían vulnerado sus derechos.

Unos meses más tarde, en mayo, consta un mensaje de Zapatero a su secretaria diciendo que tenía que hablar con el presidente de Bolivia; y consta otro de Gertrudis Alcázar a la jefa de gabinete del presidente boliviano: “Buenos días, Fabiola, me indica el pdte. Zapatero, que me enviarás el contacto del procurador y también me avisarás cuando el presidente de Bolivia haya hablado con el procurador, para que a su vez el Pdte. Zapatero llame a este señor. Quedo a la espera del teléfono y de tus indicaciones”.

De acuerdo a las comunicaciones de la secretaria del expresidente, finalmente él se comunicó con el ministro de Justicia y no directamente con el procurador (que ejerce una figura parecida a la de la Abogacía del Estado en España) el 6 de mayo de 2025. Los agentes dan por hecho que las gestiones de Zapatero, aunque no inmediatamente, finalmente resultaron exitosas porque el 30 de mayo la Sala Constitucional Segunda del Tribunal de Justicia de La Paz da la razón a Soboce y “deja sin efecto temporalmente la sentencia que ordenaba el pago”.

Todavía queda un paso en la justicia boliviana para que el fallo sea definitivo, pero la UDEF recalca que justo “unas semanas después”, el 16 y el 20 de junio de ese año, se ordenaron “dos transferencias, por importe de 50.000 euros cada una”, desde la sociedad que contrató la consultoría, Focus Social Research, a favor de Zapatero.

ROCÍO MARTÍNEZ POSADA /IRENE DORTA, El País