Después de estas elecciones, nos encontramos con un país dividido

Gato Político

Después de estas elecciones, nos encontramos con un país dividido

junio 19, 2026

Por Hugo Chávez Arévalo

Keiko Fujimori (Fuerza Popular) lidera el conteo oficial frente a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) por una mínima ventaja de 41,000 votos, consolidando un mapa electoral que divide nítidamente al Perú entre un bloque costero-norteño y un bloque andino. Con cifras oficiales de la ONPE al 99.506% de actas, Fujimori alcanza el 50.120% de los votos válidos frente al 49.880% de Sánchez.

El comportamiento del electorado por regiones revela fracturas geopolíticas, económicas y demográficas muy profundas.

1. El Bloque de Roberto Sánchez: El Sur y Centro Andino (16 regiones)

Sánchez se impuso en la mayoría de circunscripciones territoriales del país, ganando en 16 de las 25 regiones, sustentado en el descontento del interior y en una notable absorción del electorado que anteriormente respaldaba opciones «castillitas» o de izquierda radical.

Puno y el Sur Peruano (Bastiones determinantes): Sánchez consolidó victorias aplastantes en el sur. En Puno, dio un salto histórico al pasar de un 25% en primera vuelta a un 86.4% en el balotaje. En provincias puneñas como San Román tocó el 80.4%, mientras que distritos rurales arequipeños como Tuti le otorgaron picos de hasta 89.4%. Esta tendencia se replicó con fuerza en Cusco, Ayacucho, Apurímac y Huancavelica.
El Centro y la Sierra: Regiones como Junín, Pasco, Huánuco y Áncash respaldaron de forma mayoritaria al candidato de Juntos por el Perú, arrastrado por demandas históricas sobre el abandono de la pequeña agricultura, la desnutrición y la falta de redistribución de la riqueza minera.

2. El Bloque de Keiko Fujimori: Lima, el Norte y el Exterior

A pesar de ganar en menos departamentos que su rival, Fujimori compensó la balanza territorial imponiéndose en las plazas con mayor densidad demográfica y peso electoral del país.

Lima Metropolitana (El motor demográfico): Fujimori capturó un contundente 64.23% de los votos frente al 35.77% de Sánchez. Al concentrar Lima a casi un tercio del electorado nacional, este amplio margen sirvió para contrarrestar las aplastantes ventajas de Sánchez en las regiones del sur.
La Costa Norte: Regiones claves de tradición comercial o industrial como Piura, La Libertad, Lambayeque, Tumbes y Cajamarca se tiñeron de naranja. En estas zonas, el electorado priorizó el discurso enfocado en la seguridad ciudadana, la reactivación económica privada y el rechazo a propuestas de cambio constitucional drástico.]
La Selva Baja y el Voto en el Extranjero: Fujimori dominó en Loreto Y Amazonas con un 55.08% y se vio fuertemente impulsada por el escrutinio del voto extranjero, donde capturó un respaldo históricamente superior a la media nacional, lo que determinó su paulatina remontada en el conteo final.

3. Conclusiones del Mapa Electoral Regional

Asimetría Población vs. Territorio: Sánchez exhibe un triunfo territorial amplio (17 regiones ganadas frente a 8 de Fujimori), pero la enorme concentración de votantes de Lima y la costa norte le permitieron a Fuerza Popular inclinar la balanza general en votos absolutos.
Transferencia del «Voto Afín»: La segunda vuelta demostró que el voto del interior que en primera ronda se fragmentó en opciones provincianas terminó aglutinándose de forma disciplinada detrás de Sánchez como un voto de protesta. Mientras tanto, el voto urbano e institucional de la costa se alineó firmemente con Fujimori.
País Fragmentado: Independientemente del pronunciamiento definitivo que emita el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los resultados por regiones grafican un Perú partido a la mitad. El próximo Ejecutivo enfrentará la ingobernabilidad estructural de un centro-sur andino que rechaza el modelo económico actual y una capital que teme a reformas radicales

POLITICA ECONOMICA DEL 2001 A 2026, ANALISIS POR GOBIERNO, SINTESIS DEL FRACASO DE LOS MODELOS ECONOMICOS, PARADOJA CRECIMIENTO ECONOMICO VERSUS DESARROLLO ECONOMICO

El manejo económico del Perú desde el año 2001 combinó una estricta disciplina macroeconómica orientada a los mercados internacionales con políticas de subsidios sociales focalizados. Sin embargo, este enfoque fracasó en solucionar los problemas estructurales de las provincias del interior.

A continuación, se enuncia cronológicamente a los ministros de Economía y Finanzas (MEF) más influyentes de cada periodo gubernamental y las acciones que implementaron —o dejaron de hacer— para achicar las brechas de desigualdad.

Gobierno de Alejandro Toledo (2001–2006)

Pedro Pablo Kuczynski (2001–2002 / 2004–2005)
- Manejo económico: Sentó las bases del crecimiento a largo plazo mediante la apertura de mercados, la promoción de la inversión privada en minería y gas (Camisea), y el inicio de las negociaciones del TLC con Estados Unidos.
- Acciones por las brechas: Implementó el marco institucional para los programas sociales focalizados. Bajo su gestión se sentaron las bases del programa Juntos (transferencias directas de dinero en efectivo) y el Seguro Integral de Salud (SIS) para personas en extrema pobreza. No obstante, priorizó el control del déficit fiscal por encima de la gran inversión en infraestructura rural.
Javier Silva Ruete (2002–2003)
- Manejo económico: Estabilizó las finanzas tras la crisis política del fujimorismo.
- Acciones por las brechas: Promovió los primeros decretos de descentralización fiscal para transferir recursos directamente a los gobiernos regionales y municipales, un proceso apresurado que no contempló la capacitación técnica para ejecutar el gasto público.
Fernando Zavala Lombardi (2005–2006)
- Manejo económico: Continuó la senda de la consolidación fiscal y disciplina de mercado en el cierre del régimen toledista.
- Acciones por las brechas: Continuó expandiendo la cobertura del programa Juntos en las zonas andinas más pobres del país, aunque las deficiencias operativas en educación y salud limitaron su impacto a largo plazo.

Gobierno de Alan García (2006–2011)

Luis Carranza Ugarte (2006–2008 / 2009–2010)
- Manejo económico: Defendió un modelo de libre mercado ortodoxo enfocado en la gran inversión minera y agroexportadora de la costa. Manejó de forma exitosa el impacto de la crisis financiera mundial de 2008 mediante políticas de ahorro público.
- Acciones por las brechas: Consideraba que la pobreza se reducía únicamente mediante el empleo generado por la gran inversión privada (doctrina del «chorreo»). Impulsó el programa Agua Para Todos, el cual sufrió graves denuncias de corrupción y mala ejecución técnica, dejando muchas localidades del interior sin redes de saneamiento operativas.
Luis Valdivieso / Mercedes Aráoz / Ismael Benavides (Gestiones entre 2008 y 2011)
- Manejo económico: Sostuvieron las metas de crecimiento económico y las facilidades regulatorias para el sector minero.
- Acciones por las brechas: Se implementó la Estrategia Nacional de Desarrollo y Inclusión Social «Crecer» para coordinar esfuerzos contra la desnutrición crónica infantil, alcanzando metas de reducción porcentual. Sin embargo, estas medidas ignoraron por completo la pequeña producción agraria y la conectividad del Perú profundo, lo que desató violentos conflictos socioambientales por el uso de recursos hídricos.

Gobierno de Ollanta Humala (2011–2016)

Luis Miguel Castilla (2011–2014)
- Manejo económico: El MEF garantizó la continuidad del modelo pro-mercado hacia los inversionistas extranjeros, alejándose del discurso estatista inicial de Humala.
- Acciones por las brechas: Lideró la creación e institucionalización del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). Financió la expansión masiva de programas emblemáticos como Pensión 65, Beca 18, Cuna Más y Qali Warma. Paralelamente, endureció las trabas burocráticas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), haciendo que a las provincias les fuera casi imposible aprobar y financiar proyectos de infraestructura básica.
Alonso Segura Vasi (2014–2016)
- Manejo económico: Enfrentó la desaceleración de la economía nacional debido al fin del súper ciclo del precio de los metales.
- Acciones por las brechas: Lanzó medidas de reactivación económica y pequeños estímulos fiscales enfocados en la infraestructura. Pese a ello, la brecha de calidad educativa y de equipamiento en las postas de salud andinas y amazónicas no experimentó mejoras sustanciales.

Gobiernos de Kuczynski, Vizcarra y Sagasti (2016–2021)

Alfredo Thorne / Claudia Cooper (2016–2018)
- Manejo económico: Orientados a la simplificación administrativa, la formalización tributaria y el destrabe de megaproyectos de transporte e infraestructura.
- Acciones por las brechas: Reemplazaron el rígido sistema SNIP por el formato Invierte.pe con el fin de agilizar la inversión pública en las regiones. No obstante, las brechas rurales siguieron ensanchándose debido a que el MEF centralizado continuó rechazando proyectos debido a errores de forma en los municipios pequeños.
Carlos Oliva / María Antonieta Alva (2018–2020)
- Manejo económico: Alva gestionó las finanzas durante la peor etapa de la pandemia de la COVID-19 mediante un programa histórico de subsidios y préstamos empresariales corporativos (Reactiva Perú).
- Acciones por las brechas: Diseñaron la entrega masiva de bonos económicos de emergencia para los hogares vulnerables. El despliegue de estos bonos desnudó el olvido estructural del país: los peruanos de provincias debían hacer filas kilométricas en los bancos estatales para cobrar debido a la nula inclusión financiera y la total falta de conectividad digital en el campo.
Waldo Mendoza Bellido (2020–2021)
- Manejo económico: Ejerció una transición ordenada y austera dirigida a recuperar el equilibrio fiscal tras el severo gasto de la pandemia.
- Acciones por las brechas: No implementó reformas de redistribución debido al carácter temporal de su gestión, priorizando únicamente la compra de vacunas y la contención de la crisis sanitaria.

Gobiernos de Castillo, Boluarte y Sucesores (2021–2026)

Pedro Francke (2021–2022)
- Manejo económico: Intentó mantener el equilibrio macroeconómico tradicional.
- Acciones por las brechas: Impulsó la entrega del «Bono Yanapay» y propuso una profunda reforma tributaria orientada a elevar los impuestos a las sobreganancias de las grandes empresas mineras para financiar la salud y educación rural, iniciativa que fue bloqueada definitivamente por el Congreso.
Oscar Graham / Kurt Burneo / Alex Contreras / José Arista (2022–2026)
- Manejo económico: Periodo marcado por una enorme inestabilidad política, protestas sociales masivas, fenómenos climáticos y una recesión económica severa en el año 2023. Se enfocaron en la entrega de subsidios temporales agrarios e inyecciones de liquidez a gobiernos locales.
- Acciones por las brechas: La alta rotación ministerial y la ineficiencia del Estado pulverizaron las políticas de cierre de brechas. Los recursos asignados a las regiones se quedaron estancados debido a la falta de asistencia técnica del gobierno central hacia los municipios andinos y amazónicos, provocando que los servicios de salud, educación y pequeña agricultura quedaran en completo abandono institucional.
Rodolfo Acuña Namihas (Ministro actual – Asumió en marzo de 2026)
- Manejo económico: Su gestión actual prioriza el reordenamiento del presupuesto general y la búsqueda de reactivación privada.
- Acciones por las brechas: El enfoque actual se centra en destrabar proyectos de infraestructura mediante esquemas público-privados, manteniendo las mismas limitantes tecnocráticas de las últimas dos décadas respecto al financiamiento directo para el desarrollo rural integral.

Síntesis del fracaso tecno-económico

El manejo económico del MEF desde el año 2001 hasta el presente (2026) funcionó bajo una contradicción sistemática:

En lo macro (Éxito de vitrina): Consiguió reducir la inflación, acumular reservas internacionales y obtener calificaciones crediticias sobresalientes que beneficiaron al entorno empresarial formal de Lima y las capitales costeras.
En lo micro (Fracaso de campo): Trató las brechas sociales mediante subsidios monetarios provisionales (bonos y programas asistenciales) en lugar de dotar a las provincias de infraestructura transformadora (hospitales equipados, carreteras de penetración, institutos técnicos agrarios, conectividad digital y créditos productivos). Esta desatención consolidó el divorcio total entre el campo y la capital, alimentando el persistente descontento que se manifiesta en cada proceso electoral nacional.

EN ESTOS GOBIERNO SE PERDIO INGRESOS REALES LAS FAMILIAS Y CRECIO LAS GANANCIA DE LAS EMPRESAS

La pérdida de los ingresos reales de las familias frente al crecimiento de las ganancias empresariales en el Perú siguió una lógica asimétrica: durante las épocas de bonanza, las utilidades corporativas crecieron exponencialmente mientras los sueldos avanzaban muy lento; y en las épocas de crisis, las empresas se protegieron trasladando los costos al consumidor, licuando el poder adquisitivo familiar.

La evolución de esta brecha económica se divide claramente en tres grandes dinámicas estructurales.

1. El periodo del «Chorreo» Asimétrico (Toledo y García: 2001–2011)

Durante esta década, el Perú vivió el mayor «boom» de precios de materias primas de su historia moderna, lo que generó un fuerte contraste en la distribución de la riqueza:

Las ganancias empresariales: Las corporaciones mineras, agroexportadoras y el sector bancario registraron utilidades récord. El aumento del precio internacional de los metales disparó los márgenes netos de las empresas sin que sus costos de producción internos subieran significativamente.
Los ingresos familiares: El empleo total aumentó y la pobreza monetaria bajó, pero los ingresos reales subieron a un ritmo sumamente lento. Las empresas capturaron la mayor parte de las ganancias de productividad, manteniendo los sueldos base de los trabajadores estancados en términos de poder de compra real, bajo la premisa de no perder competitividad internacional.

2. Estancamiento y Precarización Laboral (Humala y Kuczynski: 2011–2018)

Cuando los precios de los minerales cayeron, el modelo de crecimiento se agotó y las empresas ajustaron sus estructuras de costos:

Las ganancias empresariales: Ante la caída de márgenes, las grandes empresas recurrieron a la subcontratación (tercerización) y la automatización para sostener sus niveles de rentabilidad.
Los ingresos familiares: Se congeló la creación de empleo formal de calidad. Para mantener sus ingresos, millones de familias migraron al autoempleo informal (comercio ambulatorio, transporte, servicios no regulados). Aunque el ingreso nominal de los hogares se mantuvo estable, el ingreso real per cápita del sector más vulnerable se estancó debido al encarecimiento de servicios básicos privatizados como salud y educación regulatoria.

3. El Shock Inflacionario y Post-Pandemia (Vizcarra a la fecha: 2018–2026)

Este periodo consolidó la pérdida más severa del poder adquisitivo familiar en décadas, mientras los sectores corporativos clave lograron defender sus márgenes.

Los ingresos familiares (La licuadora de la inflación): Tras el azote de la pandemia en 2020 y la crisis inflacionaria global de 2021-2023, los costos de la canasta básica familiar se dispararon. Aunque el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) logró contener la inflación hacia el cierre del año 2025, el efecto acumulado provocó que las familias peruanas tardaran más de 5 años en recuperar el mismo poder de compra que tenían antes del 2020. El sueldo ya no rinde igual: el dinero compra menos alimentos y combustible, golpeando con mayor dureza a la masa laboral informal que carece de gratificaciones o aumentos indexados.
Las ganancias empresariales (Fijación de precios y Reactiva): Durante la pandemia, el Estado protegió la liquidez corporativa mediante programas de financiamiento público como Reactiva Perú. Posteriormente, ante el incremento de los costos logísticos y de insumos mundiales, las grandes cadenas de consumo masivo, supermercados, farmacias y distribuidoras de energía trasladaron íntegramente los aumentos de costos al precio final cobrado a los ciudadanos. Esto permitió que sus márgenes de ganancia operativa no colapsaran a costa del bolsillo familiar. Adicionalmente, sectores extractivos volvieron a beneficiarse de picos en los precios internacionales de metales como el cobre.

Cuadro comparativo del impacto en los hogares vs. empresas

Indicador Económico	Impacto en las Grandes Empresas	Impacto en los Hogares / Familias
Mecanismo de Defensa	Traslado inmediato de costos de inflación al precio de venta del consumidor.	Absorción del alza de precios mediante el recorte de consumo (comer menos o peor).
Acceso al Crédito	Financiamiento barato garantizado por el Estado durante crisis (ej. Reactiva).	Endeudamiento mediante tarjetas de crédito de consumo masivo a tasas muy altas.
Flexibilidad Laboral	Recorte de planillas formales y uso intensivo de la tercerización laboral.	Refugio en la informalidad laboral (más del 70% del país) sin derechos ni estabilidad.
Destino de Excedentes	Reparto de dividendos históricos o reinversión en optimización digital de procesos.	Gasto total de subsistencia, nula capacidad de ahorro familiar e insolvencia.

PARADOJA HUBO CRECIMIENTO ECONOMICO, PERO EL DESARROLLO ECONOMICO DECRECIO

Sí, el Perú experimentó una de las paradojas económicas más agudas de América Latina: un alto crecimiento económico (aumento del PBI) que coexistió con un severo estancamiento y posterior retroceso del desarrollo económico real en las provincias.

Para entender técnicamente este fenómeno, primero se debe trazar la línea divisoria fundamental entre ambos conceptos económicos, la cual explica por qué las familias sienten que el país retrocede a pesar de las cifras macroeconómicas positivas.

La diferencia estructural que explica la paradoja

El Crecimiento Económico (Aumento del PBI): Es un indicador puramente cuantitativo. Mide el valor monetario total de la producción de bienes y servicios del país. Si el precio del cobre sube en los mercados globales o si las empresas mineras extraen más toneladas de mineral, el PBI crece automáticamente de forma exponencial.
El Desarrollo Económico (Bienestar Real): Es un indicador estrictamente cualitativo y estructural. Mide la transformación real de las condiciones de vida de la población. Se refleja en el acceso sostenible a agua potable las 24 horas, infraestructura hospitalaria con médicos y medicinas, educación pública que permita la movilidad social, conectividad digital rural y empleos con derechos laborales.

El Perú logró lo primero (acumular divisas y elevar el PBI global), pero el diseño de la política del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) provocó el decrecimiento y colapso del desarrollo social en las regiones del interior.

¿Por qué decreció el desarrollo económico mientras el PBI subía?

Esta desconexión estructural se debió a cuatro mecanismos económicos específicos operados por el Estado peruano desde el año 2001:

1. Sustitución de desarrollo estructural por subsidios provisionales

El MEF utilizó la recaudación minera para financiar programas asistenciales de corto plazo (bonos de emergencia, Juntos, Pensión 65) en lugar de financiar desarrollo de largo plazo.

El efecto: Las transferencias de dinero ayudaron a mitigar el hambre inmediata y bajar estadísticamente la «pobreza monetaria».
La consecuencia: Al no construirse infraestructura productiva (canales de riego para el pequeño agricultor, carreteras de penetración, redes de agua y desagüe), las familias rurales siguieron atrapadas en la pobreza estructural. Cuando los bonos estatales se detuvieron o la inflación subió, las familias cayeron de inmediato en la vulnerabilidad.

2. La trampa de la descentralización fiscal sin capacidades técnicas

El crecimiento del PBI generó transferencias masivas de dinero hacia las regiones andinas y amazónicas mediante el Canon Minero y Petrolero. Sin embargo, el gobierno central transfirió el dinero, pero no la capacidad técnica para ejecutarlo.

El efecto: Los gobiernos regionales y municipios provinciales se llenaron de millones de soles en sus cuentas bancarias corrientes.
La consecuencia: Debido a la falta de cuadros técnicos calificados y a las trabas del sistema de inversión centralizado del MEF, las autoridades locales no pudieron construir grandes proyectos integrales. El dinero se malgastó en obras inconclusas, monumentos inservibles o se perdió en redes de corrupción local, dejando al ciudadano sin servicios públicos básicos.

3. Crecimiento basado en un modelo «Enclave» que no genera empleo formal

El grueso del crecimiento del PBI peruano provino del sector de la gran minería formal y de alta tecnología.

El efecto: La minería es intensiva en bienes de capital y maquinaria pesada, pero genera muy poco empleo directo en comparación con el tamaño de la población económicamente activa del país.
La consecuencia: Mientras las utilidades de las mineras sumaban al PBI nacional, las economías locales agrarias y de servicios del entorno continuaron desatendidas. Esto obligó a más del 70% de la población laboral a refugiarse en el subempleo e informalidad, un sector sin productividad, sin vacaciones, sin gratificaciones y con ingresos de subsistencia.

4. El colapso del sistema público de salud y educación

A pesar de tener recursos económicos acumulados en el Fondo de Estabilización Fiscal durante los años de bonanza, el gasto público real ejecutado en los sectores sociales clave fue sumamente deficiente en comparación con los estándares de la región.

El efecto: La calidad de las postas médicas y colegios rurales se deterioró progresivamente.
La consecuencia: La crisis de la pandemia de la COVID-19 y la posterior recesión del año 2023 desnudaron por completo esta realidad: el desarrollo económico del país había decrecido y precarizado a tal nivel que el sistema de salud colapsó de inmediato, y la desnutrición crónica y anemia infantil volvieron a incrementarse en las provincias del interior del Perú profundo.

Resumen de la brecha entre Crecimiento y Desarrollo

[ ALTO PRECIO DE METALES] ──> [ CRECE EL PBI] ──> [ Grandes Utilidades Corporativas]

│

▼ (Falta de inversión estructural del Estado)

[ COLAPSO DEL DESARROLLO] ──>

[ Subempleo, Anemia y Falta de Agua]

Si deseas continuar analizando esta brecha estructural, indícame si prefieres:

Evaluar las cifras de anemia infantil y desnutrición crónica que demuestran el retroceso del desarrollo en las regiones mineras.
Revisar qué porcentaje del canon minero se quedó sin gastar en los bancos por la incapacidad técnica y burocrática del MEF y las regiones.
Comparar cómo el PBI creció a tasas de primer mundo mientras el gasto público por habitante en salud siguió entre los más bajos de Sudamérica.

LA ANEMIA INFANTIL Y LA DESNUTRICION CRONICA, DESARROLLAR, EL PBI CRECIO Y EL GASTO PUBLICO POR HABITANTE SE ESTANCO Y LOS EMPRESARIOS NO PAGAN LOS IMPUESTOS

Para comprender a fondo la paradoja peruana, es necesario desglosar los dos problemas estructurales que mencionas, los cuales demuestran cómo la riqueza macroeconómica se desconectó por completo del bienestar de la población.

El estancamiento de la anemia infantil y la desnutrición crónica (El colapso social rural)

A pesar de que el país multiplicó sus ingresos por exportaciones mineras, las cifras de desarrollo de la primera infancia muestran un panorama alarmante. Según datos oficiales de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES):

La anemia infantil en niños de 6 a 35 meses de edad afecta al 43.4% a nivel nacional.
La desnutrición crónica infantil en menores de 5 años se mantiene estancada en 12.1%.

La realidad en las regiones mineras (El caso del sur andino)

Lo más grave ocurre en las regiones que más riqueza le generan al PBI nacional a través de la minería. En el sur andino y la amazonía, los índices alcanzan niveles similares a los de zonas con crisis humanitarias estructurales:

Puno (productor de oro, estaño y litio) lidera la anemia infantil con un devastador 75.4% de niños afectados.
Cusco (productor de gas de Camisea y cobre) registra un 56.6% de anemia.
Loreto (productor de petróleo) alcanza el 55.6%.

¿Por qué el PBI sube, pero los niños siguen desnutridos y con anemia?

Falta de agua potable y saneamiento rural: Un niño que consume agua contaminada con parásitos desarrolla diarreas crónicas recurrentes. Aunque su familia reciba un bono monetario del programa Juntos y le compre alimentos, su organismo no absorbe el hierro ni los nutrientes. El PBI creció, pero el dinero no se usó para tender redes de agua potable en las comunidades andinas.

Inseguridad alimentaria: Más del 51% de los peruanos sufre de inseguridad alimentaria moderada o grave. El encarecimiento acumulado de la canasta básica familiar obligó a los hogares de las provincias a sustituir alimentos ricos en hierro (sangrecita, carnes rojas, pescado) por carbohidratos baratos (fideos, arroz, papa), licuando la calidad nutricional de la niñez.

La persistencia de estas cifras revela deficiencias en el seguimiento médico y limitaciones en el acceso a servicios básicos indispensables en las zonas más vulnerables del país:

PBI al alza frente a un gasto público estancado e injusticia tributaria

Mientras el PBI del Perú se expandió a tasas que superaban a la media de la región, la inversión real que el Estado realiza de manera directa en cada ciudadano se mantuvo históricamente baja.

El estancamiento del gasto público por habitante

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) establece que los países deben destinar mínimo el 6% de su PBI únicamente al sector salud para garantizar una atención digna. El Perú destina apenas cerca del 4% del PBI a salud, un porcentaje que nos ubica en la cola de Sudamérica.

La trampa del promedio: El MEF argumenta que el presupuesto global subió en soles. Sin embargo, al dividir ese dinero entre el crecimiento total de la población y cruzarlo con la inflación médica, el gasto real por habitante en las postas de salud del interior del país quedó congelado.
Pésima asignación: Estudios recientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) alertaron que el incremento presupuestal se absorbe casi en su totalidad en gasto corriente administrativo centralizado (burocracia en Lima, planillas y consultorías), en lugar de traducirse en infraestructura, equipamiento médico avanzado o médicos especialistas fijos en provincias.

¿Por qué los grandes empresarios no pagan los impuestos que deberían?

La baja recaudación fiscal impide un mayor gasto público, y esto responde a mecanismos legales de evasión y elusión tributaria permitidos por el propio diseño del sistema:

Los procesos de elusión y «contabilidad creativa»: Las grandes empresas contratan bufetes de abogados corporativos para aprovechar vacíos legales. Registran subsidios cruzados, declaran pérdidas artificiales o derivan utilidades hacia matrices en el extranjero para reducir a niveles mínimos el pago del Impuesto a la Renta.
Las millonarias exoneraciones tributarias: Durante décadas, el Congreso y el MEF renovaron sistemáticamente regímenes especiales de exoneración fiscal para sectores como la agroexportación, las universidades privadas con fines de lucro y las aerolíneas, dejando un forado anual de miles de millones de soles que el Estado deja de percibir.
La judicialización de las deudas en la SUNAT: Cuando la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) fiscaliza y multa a las grandes corporaciones (bancos, telefónicas, mineras), estas impugnan las deudas ante el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial. Estos juicios se extienden por 10 o 15 años, logrando que las deudas prescriban o que el Estado les condone los intereses moratorios millonarios, mientras que a las micro y pequeñas empresas rurales se les cierran los locales de inmediato ante el menor error tributario.

Las grandes empresas con millonarias deudas judicializadas ante la SUNAT

La brecha de recaudación fiscal en el Perú está fuertemente influenciada por la judicialización de deudas de grandes contribuyentes. Más de 450,000 empresas mantienen deudas con el Estado, pero solo 20 grandes compañías concentran más de S/14,365 millones en deudas exigibles.

A través de un mecanismo conocido como «litigio estratégico», los equipos de abogados corporativos impugnan las multas de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) ante el Tribunal Fiscal o el Poder Judicial, congelando los cobros por décadas.

El ranking de las empresas con mayores deudas tributarias:

Telefónica del Perú (Movistar): Lidera históricamente el ranking con una deuda acumulada que supera los S/5,450 millones. Aunque en años recientes la justicia falló a favor del Estado en varios tramos, la empresa continúa utilizando recursos legales para postergar o fraccionar los pagos remanentes.
Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston: Registra una deuda en controversia de S/1,923 millones.
Scotiabank Perú: Mantiene controversias tributarias pendientes por un valor estimado de S/1,465 millones.
Compañía Minera Antapaccay: Registra obligaciones de pago tributario impugnadas por más de S/1,311 millones.
Minera Las Bambas: Ha acumulado deudas en controversia superiores a los S/1,465 millones. En algunos tramos específicos, fallos del Tribunal Fiscal la absolvieron provisionalmente. No obstante, la SUNAT apela de manera recurrente estas decisiones en las instancias judiciales superiores.

El impacto en las brechas: Mientras el microempresario de provincias sufre embargos preventivos coactivos rápidos por deudas mínimas, el gran capital dilata sus obligaciones tributarias. Los S/14,365 millones acumulados por ese pequeño grupo corporativo equivalen a casi nueve veces el presupuesto anual de Pensión 65.

Las reglas macrofiscales del MEF y la priorización de la deuda externa

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se rige bajo un estricto conjunto de leyes de «Responsabilidad y Transparencia Fiscal» creadas en los años noventa para evitar hiperinflaciones. Sin embargo, la aplicación matemática de estas normas crea un sesgo que prioriza la reputación financiera internacional por encima de la salud pública rural.

[ REGLA DE DEUDA DEL MEF] ──> Tope máximo del 38% del PBI

│

▼ (Asignación obligatoria prioritaria)

[ PAGO DE LA DEUDA EXTERNA] ──> Garantiza calificación crediticia de vitrina (Grado de Inversión)

│

▼ (Ajuste presupuestal residual)

[ TECHO DE GASTO EN REGIONES] ──> Recorte y congelamiento en postas de salud rurales

¿Cómo funciona este estrangulamiento presupuestal?

El límite de deuda rígido: El marco macrofiscal del Perú exige que la deuda pública bruta total no supere el 38% del PBI. El Perú cumple esta regla con creces, manteniendo su deuda en torno al 31.7%. Esto le otorga al país el segundo mejor perfil crediticio de Latinoamérica, permitiendo que las grandes corporaciones peruanas se financien en el extranjero a tasas muy baratas.]
El pago de la deuda como «gasto rígido»: En el presupuesto general de la república, el pago de los intereses y amortizaciones de la deuda externa externa es una obligación legal prioritaria e intocable.
El techo de gasto no financiero: Para cumplir las metas fiscales anuales impuestas por el MEF y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gasto del Estado se ajusta mediante un «techo de gasto». Como el dinero para la deuda externa no se puede tocar, el ajuste recae directamente sobre el gasto corriente de los ministerios.
El abandono de la salud rural: Cuando el presupuesto llega a sectores vitales, se congela la contratación de médicos especialistas, el equipamiento de hospitales provinciales y el abastecimiento estable de medicamentos en las postas rurales. Para el MEF tecnocrático, elevar el presupuesto de salud al 6% del PBI recomendado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) es visto como un «peligro» que rompería el equilibrio fiscal y arriesgaría la calificación crediticia del país.

Las propuestas de impuestos a las sobreganancias mineras y su sistemático bloqueo

Durante los picos de precios internacionales del cobre y el oro, las empresas mineras operando en el Perú obtienen márgenes de ganancia extraordinarios (utilidades netas muy por encima de sus proyecciones de inversión). En diversos momentos históricos, se propuso gravar este excedente para financiar el desarrollo del Perú profundo, pero la medida nunca llegó a concretarse de forma efectiva.

Las propuestas principales:

El «Impuesto a las sobreganancias» de Ollanta Humala (2011): En su campaña presidencial prometió un gravamen directo a las utilidades extraordinarias. Al asumir el mandato, la presión gremial corporativa modificó el esquema original. Se terminó reemplazando por el Gravamen Especial a la Minería (GEM) y una modificación de las regalías basada en la utilidad operativa y no en las ventas brutas. Esto permitió que las mineras dedujeran costos contables artificiales, diluyendo la recaudación proyectada.
La gran reforma tributaria de Pedro Francke (2021): El MEF solicitó facultades delegadas al Congreso para reestructurar el régimen minero siguiendo recomendaciones del FMI. La propuesta buscaba elevar las tasas marginales de los contratos mineros cuando el precio de los metales superara ciertos umbrales históricos, estimando captar más de S/12,000 millones anuales adicionales para destinarlos exclusivamente a infraestructura de salud, educación y conectividad en las zonas de influencia minera.

¿Por qué nunca se aplicaron con éxito?

Bloqueo político en el Congreso: Las propuestas de reforma fiscal orientadas a la gran minería fueron archivadas o desnaturalizadas por mayorías parlamentarias aliadas a los intereses gremiales empresariales. Bajo el argumento de que «se ahuyentaría la inversión privada en favor de países como Chile o México», las comisiones de economía neutralizaron cualquier intento de aumentar la carga tributaria real.
Los Contratos de Estabilidad Jurídica: Durante los gobiernos de los años noventa y los regímenes posteriores, el Estado firmó contratos-ley con las principales operaciones mineras (ej. Cerro Verde, Antamina, Las Bambas). Estos documentos blindan legalmente a las corporaciones contra cualquier cambio tributario posterior. Si el Estado peruano intenta cobrarles un nuevo impuesto a las sobreganancias, las empresas demandan al Perú ante tribunales arbitrales internacionales como el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), donde el país se expone a pagar indemnizaciones multimillonarias.

CONCLUSION

El resultado de la segunda vuelta electoral refleja que el Perú profundo sigue utilizando el voto como una herramienta de protesta y resistencia frente a un modelo centralista que ignora sus demandas estructurales. La victoria territorial de Roberto Sánchez en 16 de las 25 regiones —con cifras que superan el 85% en zonas rurales del sur andino— demuestra que el descontento popular lejos de disiparse, se ha consolidó tras años de crisis políticas.

Para comprender el trasfondo social de este resultado, se pueden estructurar las siguientes conclusiones clave:

1. El voto como mecanismo de impugnación al centralismo

Rechazo a la «Vitrina de Lima»: El respaldo masivo a Sánchez en el interior del país no responde únicamente a una afinidad ideológica, sino a un voto de castigo directo contra la clase política tradicional y los poderes económicos de la capital.
Respuesta a la marginación: Las comunidades del Perú profundo —que albergan los mayores índices de anemia infantil, desnutrición y falta de servicios básicos— ven en estas elecciones la oportunidad de exigir la presencia de un Estado que históricamente solo se acuerda de ellas durante las campañas electorales.

2. La paradoja del peso demográfico frente al peso territorial

Territorio vs. Población: El mapa electoral evidencia una profunda fractura geopolítica. Sánchez ganó en la gran mayoría del mapa geográfico del Perú (el sur minero, el centro agrario y gran parte de la selva). Sin embargo, el enorme peso demográfico de Lima Metropolitana y las principales ciudades de la costa norte inclinaron la balanza a favor de Keiko Fujimori en el conteo de votos absolutos.
La intervención del voto exterior: El tramo final del conteo de la ONPE demostró que el voto de los peruanos en el extranjero, marcadamente favorable al fujimorismo, terminó por inclinar la balanza nacional, lo que genera una paradoja: una masa electoral que no vive el día a día del país define el destino de las poblaciones rurales más necesitadas.

3. Una fractura social crónica y riesgo de ingobernabilidad

Empate técnico y polarización: Que la diferencia entre ambos candidatos sea menor al 0.3% repite el mismo guion de polarización extrema visto en las elecciones previas. Esto consolida la desconexión total entre dos realidades que coexisten en el mismo país: una costa urbana que prioriza la estabilidad macroeconómica y el statu quo, frente a una sierra y selva rural que demanda cambios constitucionales urgentes y redistribución de la riqueza.
Falta de legitimidad territorial: Independientemente de la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el próximo gobierno nacerá con una severa crisis de legitimidad en las provincias. Gobernar el Perú ignorando el mensaje de urgencia enviado por las urnas del Perú profundo perpetuará el ciclo de huelgas, paros y conflictos socioambientales que paralizan periódicamente la economía nacional.