El último viernes 12, el pleno del Congreso aprobó el informe final de la Comisión Investigadora Multipartidaria, también conocida como Comisión Muñante, encargada de revisar el Acuerdo de Colaboración Eficaz suscrito entre el Estado peruano y la empresa constructora Norberto Odebrecht Perú. El Congreso respaldó el informe con 83 votos a favor, 11 votos en contra y 2 abstenciones. Tras la votación, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó que los resultados del informe “se tramitarán a las instancias correspondientes”.

La comisión investigadora revisó la negociación, homologación y ejecución del acuerdo de colaboración eficaz, así como sus posibles efectos económicos y legales en perjuicio del Estado peruano. Para cumplir ese objetivo, el grupo parlamentario analizó información remitida por el Ministerio Público, la Procuraduría Ad Hoc, la Contraloría General de la República y el Poder Judicial.

Asimismo, la comisión recogió declaraciones de más de 25 comparecientes, con el fin de establecer responsabilidades políticas, administrativas y penales vinculadas al acuerdo suscrito con la constructora brasileña.

SUSTENTACIÓN DEL INFORME

Durante la sustentación, el presidente de la comisión especial, congresista Alejandro Muñante Barrios de la bancada de Renovación Popular, sostuvo que el acuerdo con Odebrecht habría presentado 10 presuntos vicios sustantivos y procedimentales.

Según el informe, el convenio solo incorporó 4 proyectos, pese a que la Contraloría había advertido irregularidades en 21 proyectos relacionados con la empresa. Además, el documento cuestiona que Odebrecht no entregara información de los sistemas Drousys y MyWebDay, considerados claves para identificar presuntos pagos ilícitos.

El informe también observa la exención de pena a exfuncionarios de Odebrecht, la exclusión de sanciones administrativas, la inaplicación de impedimentos para contratar con el Estado y la exclusión de la Ley N.° 30737, norma vinculada al pago de reparación civil en casos de corrupción.

En el aspecto económico, la comisión sostiene que Odebrecht debió restituir aproximadamente S/ 1 320 millones. Sin embargo, el acuerdo fijó una reparación de S/ 610 millones, lo que habría generado una diferencia cercana a S/ 710 millones. Además, el informe señala que, tras la venta de la Hidroeléctrica Chaglla por alrededor de S/ 4 500 millones, solo se destinó S/ 80 millones al primer pago de la reparación civil.

ENCUENTRAN INDICIOS DE DELITOS EN JOSÉ DOMINGO PÉREZ, GUSTAVO GORRITI Y EN EX FISCALES DE LA NACIÓN

El documento aprobado identifica presuntos indicios de delitos contra fiscales, exautoridades y otros involucrados en el caso. Entre los mencionados figuran los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez y Rafael Vela; los ex fiscales de la nación Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez; los exprocuradores Jorge Ramírez y Silvana Carrión, y el periodista Gustavo Gorriti.

De acuerdo con la presentación del informe, los hechos podrían estar vinculados a presuntos delitos como prevaricato, encubrimiento, omisión de actos funcionales, abuso de autoridad, cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia.

INFORME ADVIERTE DE PERJUICIO ECONÓMICO AL ESTADO

La comisión concluye que el Acuerdo de Colaboración Eficaz con Odebrecht habría resultado lesivo al interés nacional y podría estar afectado por una posible nulidad parcial. Además, sostiene que el convenio habría generado beneficios indebidos para la empresa, limitado la recuperación económica del Estado y debilitado el principio de legalidad en un caso de corrupción transnacional.

Por ello, el informe recomienda revisar integralmente el acuerdo y promover su anulación judicial parcial. También plantea iniciar procesos disciplinarios y penales contra los funcionarios involucrados, reformar el marco legal de colaboración eficaz, incorporar mayor control parlamentario y asegurar la participación de la Fiscalía de la Nación y la Procuraduría General del Estado en futuros acuerdos.

Finalmente, la comisión propone crear una Comisión de Seguimiento Parlamentario Permanente para supervisar acuerdos de colaboración eficaz en casos de gran corrupción.

Durante el debate, el vocero de la bancada Acción Popular, Edwin Martínez, criticó al Ministerio Público y sostuvo que el país enfrenta una “guerra” contra fiscales como José Domingo Pérez. Además, afirmó que algunos fiscales buscan protagonismo mediático y “ganarse rentas ajenas”, mientras —según dijo— “entregan la obra pública del Perú a empresas corruptas.

“Parece que con esto podría acabarse esa era ‘gorritiana’ que ha enfermado tanto al pueblo con supuestos grandes fiscales, José Domingo Pérez y toda esa lacra de fiscales que lo único que han hecho es posar para la foto, aparecer en las portadas de los periódicos y beneficiarse de rentas ajenas para, al final, entregar la obra pública del Perú a empresas corruptas como Odebrecht y a políticos corruptos”, sostuvo el congresista Martínez.

A su turno, el congresista Wilson Soto de Acción Popular, respaldó el informe final y destacó el trabajo de Muñante, al que calificó como “imparcial” y “objetivo”. También agradeció a los magistrados del Tribunal Constitucional porque, según señaló, permitieron que los peruanos conozcan “la verdad” sobre el caso. En una intervención anterior, Soto cuestionó a Odebrecht por llevarse activos del país y acusó a fiscales vinculados al caso de haber causado daño al Estado peruano. Asimismo, los congresistas Américo Gonza de la bancada de Perú Libre y Luis Aragón de Acción Popular, expresaron su respaldo a la aprobación del informe final.

ANTECEDENTES DE LA COMISIÓN MUÑANTE

Vale indicar que la Comisión Investigadora Multipartidaria fue creada mediante la Moción N.° 15431, aprobada por el Pleno del Congreso el 12 de marzo de 2025 con 92 votos a favor. El grupo legislativo estuvo presidido por el congresista Alejandro Muñante Barrios y tuvo como encargo investigar los actos vinculados a la negociación, celebración, homologación y ejecución del acuerdo de colaboración eficaz entre el Estado peruano y Odebrecht.