Reportaje de Cuarto Poder reveló que el postor ganador de la ampliación del Centro Penal de Arequipa, formalizó la inscripción del Consorcio ante la Sunat el mismo día en que obtuvo la buena pro. Además, las empresas que lo integran registran antecedentes de sanciones e inhabilitaciones en contrataciones con el Estado.
La ampliación del penal de Arequipa por S/ 192 millones, quedó en manos de un consorcio compuesto por empresas con antecedentes de sanciones en contrataciones con el Estado. Según la investigación, el Consorcio Infra Penal Arequipa, formalizó su inscripción ante la Sunat, el día en que fue declarado ganador del concurso sospechoso organizado.
La obra busca ampliar la capacidad del establecimiento penitenciario para albergar a 1.600 internos y reducir los niveles de hacinamiento, sin embargo, la adjudicación ha sido cuestionada por las irregularidades perpetradas en el proceso de selección impulsado por el sector Justicia.
Asimismo, el presupuesto destinado a este proyecto aumentó sustancialmente durante los últimos años. El 2011 la iniciativa contemplaba una inversión de S/65 millones, pero, para enero de 2026 el costo total se multiplicó por cinco ( S/366 millones).
Llama la atención que la adjudicación no se realizó mediante una licitación pública abierta. El procedimiento se realizó a través de invitaciones directas gestionadas por el ministro de Justicia Walter Martínez, colocado en su momento por el presidente José Jerí, modalidad que se encuentra bajo escrutinio debido a las características corruptas del consorcio favorecido.
Empresas con»anticuchos» forman el consorcio ganador.
El Consorcio ganador: Infra Penal Arequipa está conformado por Ahren Contratistas Generales SAC, Supervisa y Construye M&G SAC y Constructora M&J SAC. De acuerdo con Cuarto Poder, varias de estas compañías registran antecedentes de inhabilitación por presentar documentación falsa o información inexacta en anteriores procesos de contratación pública.
Ahren Contratistas Generales SAC recibió una sanción de 40 meses que concluyó en julio de 2024. Posteriormente, afrontó una nueva inhabilitación de cuatro meses y por otro lado, Constructora M&J SAC cumplió una sanción de 37 meses que venció hace poco. La empresa además recibió una nueva suspensión de tres meses por incumplimientos relacionados con normas de contratación estatal.
El representante legal del consorcio, Pierre Escobar, trabajó en el Estudio del exministro del Interior y de Justicia, Juan José Santiváñez
La investigación periodística identificó como representante legal del consorcio al abogado Pierre Escobar Otoya. Según el reportaje, él reconoció que llegó al cargo por recomendación de Juan José Santiváñez, porque Walter Martínez, antes de su nombramiento como el mnistro que sucedía Santivàñez en esa cartera, fue director general de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia.
Escobar Otoya trabajó anteriormente en el estudio jurídico del exministro de Justicia Juan José Santiváñez. El proyecto de ampliación del penal de Arequipa fue promovido desde la gestión de Santiváñez antes de su salida del cargo, hecho que ha incrementado las interrogantes sobre la adjudicación.
A ello se suman comunicaciones y mensajes de felicitación entre Escobar Otoya y el entonces presidente del INPE, Iván Paredes Yataco. El reportaje sostiene que incluso se anunció públicamente la existencia de un ganador cuando el procedimiento aún no aparecía registrado en los sistemas oficiales.
Un escándalo ahora en manos de la fiscalía.
