La policía choca con los manifestantes, que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, para evitar su avance hacia la sede del Gobierno.
El centro de La Paz se convirtió este lunes en escenario de una batalla campal. Miles de mineros asalariados y de campesinos se enfrentaron por al menos tres horas a los policías que intentaban frenar su entrada por la fuerza a la plaza Murillo, el corazón del poder boliviano. Los manifestantes reclamaban la dimisión del presidente Rodrigo Paz, quien acusa al exmandatario Evo Morales (2006-2019), aún hoy la máxima figura opositora, de estar detrás de protestas cada vez más violentas. Los mineros lanzaron dinamita contra la policía y esta respondió con gases lacrimógenos para intentar dispersar a la multitud. Al final, no pudieron penetrar los cercos policiales que resguardaban la plaza Murillo, que alberga los poderes legislativo y ejecutivo y en donde esperaba el Ejército como última línea de defensa.
La tensión en la ciudad boliviana ha ido in crescendo. Morales ha sabido usar a su favor el malestar social por el aumento de la inflación y la crisis de gasolina de mala calidad para apretar el cerco sobre La Paz apenas seis meses después de asumir como presidente. El líder indígena maniobra desde la región cocalera del Chapare, en el trópico de Cochabamba, donde está atrincherado para esquivar la orden de captura que pesa sobre él por negarse a comparecer ante los tribunales en un caso de presunta trata infantil. Morales es requerido por la justicia por haber embarazado a una menor de 15 años cuando él era jefe de Estado, con la complicidad de los padres de la víctima a quienes ofreció favores políticos y económicos. El exmandatario ha rechazado esa acusación -que resurgió al final del mandato de su otrora aliado y sucesor Luis Arce- y dice que está siendo víctima de una “persecución judicial”. Desde su feudo arenga a sus seguidores, congregados principalmente en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB).
El líder opositor llamó a los campesinos a participar en la denominada “marcha por la vida para salvar a Bolivia” hasta la sede de Gobierno. Este lunes llegaron a La Paz y se sumaron a los otros manifestantes en el mayor desafío del presidente Paz hasta la fecha en el medio año que lleva de mandato. Morales defiende que las protestas no son un capricho político, sino una reacción natural de la población ante la alta inflación pronosticada -superior al 20% anual-, los problemas con el combustible y el rechazo a una administración que califica de privatizadora y neoliberal.
La narrativa oficial, por su parte, culpabiliza al expresidente de los bloqueos que mantienen sitiada La Paz. “Es una marcha que se ha organizado, se ha digitalizado y se la está dirigiendo por el Chapare, y desde el Chapare por Evo”, aseguró este lunes en conferencia de prensa el ministro de Defensa, Marco Antonio Oviedo. La movilización de los afines a Morales fue bien recibida por otros sectores que ya protestaban a su llegada a El Alto, ciudad aledaña a La Paz y con la mayor población indígena en el país.
Las protestas comenzaron tres semanas atrás. Sindicatos obreros, mineros asalariados, indígenas aimaras del interior de La Paz y juntas vecinales de El Alto comenzaron a bloquear la ciudad, cerrando los principales puntos de acceso. Han firmado un pacto de “no traición” que implica declinar cualquier diálogo con el Gobierno -algo en lo que el presidente Paz insiste- y exigir la renuncia del mandatario. Denuncian que hasta ahora las decisiones del presidente han sido para favorecer a las élites empresariales y agroindustriales del país, de quienes se ha rodeado el jefe de Estado hasta el momento y con quienes ha conformado su gabinete de ministros.
Paz es un reformista de centroderecha que ganó las elecciones con la promesa de un “capitalismo para todos”, con la que logró poner fin a 20 años de hegemonía del izquierdista MAS seduciendo a la nueva burguesía aymara nacida en esos años. Paz ofreció reducir las trabas del Estado que les impedía desarrollarse como emprendedores, un programa menos disruptivo que el que pregonaba el candidato derrotado en segunda vuelta, Jorge Tuto Quiroga.
La falta de resultados en sus primeros meses de gestión ha acotado su capacidad de movimiento. La impaciencia se ha incrustado en ciertos sectores que exigen leyes estructurales para hacer frente a la aguda crisis económica. Según las previsiones del FMI, el PIB boliviano retrocederá este 2026 por segundo año consecutivo, con un descenso estimado del 3,3%. De cumplirse el pronóstico, será la mayor caída de toda Sudamérica.
La chispa que inició el estallido social fue la promulgación de la Ley 1720, que permitía la conversión voluntaria de pequeñas tierras campesinas a medianas, permitiendo entregarlas como garantía en créditos bancarios, pero quitándoles su característica de inembargables. Los pequeños agricultores percibieron un peligro de concentración de tierras por parte de latifundistas; Paz devolvió entonces la norma a la Asamblea, que la derogó la pasada semana. La decisión, no obstante, llegó tarde. Hacía ya días que los movimientos sociales exigían la dimisión del mandatario.
Las medidas de presión mantienen a La Paz aislada del resto del país. Hay desabastecimiento en los mercados y escasean los productos de la canasta básica que llegan de otras regiones más productivas del país. Como respuesta, el fin de semana el Gobierno desplegó a la policía y al Ejército para despejar las rutas. Paz ha dado la orden de no usar armas de fuego.
