El lunes se publicó el Decreto de Urgencia (DU) 003-2026 que garantiza el abastecimiento de hidrocarburos a nivel nacional, permitiendo que Petroperú obtenga un crédito de capital de trabajo hasta por US$ 2,000 millones, a la vez que autoriza al Ministerio de Energía (Minem) asuma la contingencia de ese crédito. Es el segundo DU sobre Petroperú en los últimos cinco meses, el anterior fue el DU 010-2025 del Gobierno de José Jerí, para la reorganización patrimonial de Petroperú. El ex gerente general de la petrolera estatal, Hugo Chávez, hace una comparación entre los dos DU y recomienda que sea Cofide -y no ProInversión como indica el DU- el que se haga cargo del fideicomiso de los US$ 2,000 millones.

Un resumen del texto que nos envió a continuación:

Tanto el Decreto de Urgencia N°010-2025 (emitido el 31 de diciembre de 2025) como el Decreto de Urgencia N°003-2026 (mayo 2026) son medidas excepcionales dictadas por el Gobierno peruano para abordar la profunda crisis financiera y operativa de Petroperú S.A.

A continuación, se detalla el análisis, sus diferencias y la finalidad de cada uno, basados en la información disponible a mayo de 2026.

---

1. El DU 010-2025 (La base de la reestructuración)

• Fecha de emisión: 31 de diciembre de 2025.
• Finalidad: Evitar la quiebra inmediata de Petroperú, impedir que entre en un proceso concursal (control de acreedores/Indecopi) y garantizar el abastecimiento de combustible en el país.
• Análisis/Medidas:
  • Autoriza una reorganización patrimonial y administrativa profunda.
  • Traslada el manejo de la reestructuración a ProInversión.
  • Busca aislar activos y contratos para salvaguardar la operatividad.
  • Establece medidas para la «autosostenibilidad» sin privatizar formalmente la empresa.

2. El DU 003-2026 (La operativización y financiamiento)

• Fecha de emisión: Mayo de 2026.
• Finalidad: Implementar concretamente las acciones de reestructuración diseñadas en el DU 010-2025 y conseguir financiamiento operativo para el 2026.
• Análisis/Medidas:
  • Autoriza financiamiento por hasta US$ 2,000 millones mediante banca privada internacional, no directamente del tesoro público.
  • Establece un fideicomiso de administración, controlado por ProInversión.
  • Faculta a ProInversión para suscribir documentos y perfeccionar compromisos contingentes con agentes públicos o privados.
  • Exceptúa a Petroperú de su propio estatuto si este impide la rápida implementación de las medidas.
  • Se enfoca en la compra de crudo y el suministro (continuidad operativa).

---

3. Principales Diferencias

Característica	DU 010-2025	DU 003-2026
Enfoque	Diagnóstico y Diseño: Reorganización estructural y patrimonial.	Ejecución y Financiamiento: Puesta en marcha de la reestructuración.
Financiamiento	Autoriza acciones con cargo al presupuesto (Minem/Tesoro).	Busca hasta US$ 2,000M de banca privada (garantía no estatal).
Rol de ProInversión	Diseñar la reorganización y evaluar activos.	Controlar el fideicomiso y ejecutar el protocolo de cumplimiento.
Plazo/Vigencia	Fin de 2025 (inicio de la crisis).	Hasta el 31 de diciembre de 2026.
Objetivo Inmediato	Evitar el concurso preventivo/quiebra.	Garantizar el flujo de caja para combustibles.

---

4. ¿Cuál es el FIN (Objetivo Final)?

El fin último de ambos decretos es garantizar la continuidad del abastecimiento de combustibles en el Perú (especialmente en Loreto, Madre de Dios y Ucayali), evitando el desabastecimiento, mientras se cambia el modelo de gestión de Petroperú para hacerla «sostenible» y «eficiente», reduciendo su dependencia de la caja fiscal.

• El DU 010-2025 le «compró tiempo» al Estado.
• El DU 003-2026 busca «financiar la operatividad» sin agotar los impuestos de los peruanos.

EL DU 010 2025 CUMPLIÓ SU OBJETIVO Y CRONOGRAMA O FUE SOLO MÁS GASTO

La respuesta depende de cómo se mida el éxito. Según el panorama a mayo de 2026, el DU 010-2025 cumplió su objetivo político y operativo inmediato, pero fracasó en sanear las finanzas, lo que obligó a emitir un nuevo decreto (DU 003-2026) para evitar la parálisis.

Aquí el análisis de si fue «logro» o «solo más gasto»:

1. ¿Cumplió su objetivo? (A medias)

• Logro Inmediato: Evitó que Petroperú entrara en un proceso concursal ante Indecopi, lo que habría dejado el control de la empresa en manos de acreedores privados y bancos extranjeros.
• Abastecimiento: Logró mantener el flujo de combustible en zonas críticas como Loreto y Ucayali, donde Petroperú tiene más del 90% del mercado mayorista.
• Reorganización: Inició el proceso para que PROINVERSIÓN tome el control administrativo y pueda separar la empresa en «bloques patrimoniales», un paso necesario para atraer capital privado.

2. ¿Cumplió el cronograma? (Incompleto)

• El cronograma de 2025 se cumplió en la parte administrativa (designación de nuevos directores y auditorías), pero la autosostenibilidad financiera no se alcanzó en los plazos previstos.
• La crisis de caja persistió al punto que en mayo de 2026 se tuvo que recurrir al DU 003-2026 para conseguir US$ 2,000 millones adicionales, evidenciando que el DU 010-2025 fue solo una medida paliativa.

3. ¿Fue solo más gasto?

Existen dos posturas marcadas en el debate público actual:

• La visión crítica: Entidades como ComexPerú señalan que los rescates acumulan más de US$ 4,700 millones desde 2022 sin resultados reales, considerando al DU 010-2025 como otro «parche» que no solucionó la insolvencia estructural.
• La visión del Gobierno: El Ejecutivo sostiene que no es «gasto» sino un respaldo estratégico. Con el nuevo modelo del 2026, el financiamiento proviene de la banca privada y no del tesoro público (impuestos), buscando que la empresa se pague a sí misma con la operatividad de la Refinería de Talara.

En conclusión: El DU 010-2025 compró tiempo, pero no resolvió el problema. La deuda de la empresa ya supera los US$ 7,800 millones, lo que mantiene la duda de si esta nueva reestructuración será definitiva o si en unos meses se requerirá un tercer decreto.

El nuevo esquema de fideicomiso introducido por el DU 003-2026 busca separar el dinero operativo de Petroperú de su administración política y de las cuentas del Estado. Su principal objetivo es que Petroperú no vuelva a pedir «salvavidas» directos al Tesoro Público (dinero de tus impuestos).

1. ¿Qué es y quién lo controla?

• Vehículo de Propósito Especial (VPE): Se crea una estructura financiera aislada (una «caja separada») donde se depositará el crédito de hasta US$ 2,000 millones.
• Gestión de ProInversión: A diferencia de años anteriores, Petroperú no tiene «libre disponibilidad» de este dinero. ProInversión es la única entidad que puede dar instrucciones sobre el uso de estos recursos, actuando como un supervisor externo.

2. ¿De dónde viene el dinero?

• Banca Privada: El financiamiento proviene de bancos internacionales y locales, no de fondos públicos.
• Garantía No Financiera: El Ministerio de Energía y Minas (Minem) respalda la operación, pero según el Gobierno, esto no constituye deuda pública directa ni afecta los límites de endeudamiento del país.

3. Reglas de uso (Uso Restringido)

El dinero del fideicomiso tiene un «candado» legal. Según el Ministerio de Economía, solo puede usarse para:

• Compra de crudo e insumos: Asegurar que la refinería tenga materia prima.
• Stock de combustibles: Garantizar el suministro en regiones críticas como la Amazonía.
• Servicios operativos: Cubrir costos esenciales para que la cadena de suministro no se detenga.

4. ¿Por qué es diferente ahora?

Si Petroperú gasta mal el dinero o no cumple sus metas de eficiencia, ProInversión puede bloquear los desembolsos. Además, se ha establecido un protocolo de cumplimiento que el Directorio y la Gerencia General deben seguir bajo responsabilidad funcional.

En resumen, el fideicomiso funciona como un administrador externo que asegura que cada dólar prestado se use exclusivamente para producir y vender combustible, y no para cubrir pérdidas administrativas o deudas antiguas.

La opinión de los especialistas sobre el DU 003-2026 está dividida entre quienes lo ven como una «ingeniería financiera creativa» y quienes lo consideran un «rescate disfrazado» que el país terminará pagando tarde o temprano.

1. El Riesgo de la «Garantía Estatal»

Aunque el Gobierno afirma que «no se tocará un sol de los impuestos», los economistas advierten que el Estado actúa como aval de esos US$ 2,000 millones.

• El problema: Si Petroperú no logra generar ingresos suficientes para pagarle a la banca privada, la garantía se activa y el Estado (con dinero público) deberá asumir la deuda.
• Impacto en el Grado de Inversión: Expertos señalan que un eventual impago de Petroperú pondría en riesgo la calificación crediticia de todo el país, encareciendo los préstamos para todos los peruanos.

2. ¿Solución Estructural o «Parche»?

Especialistas cuestionan si este dinero servirá para sanear la empresa o solo para «quemar caja».

• Eficiencia de Talara: Se critica que la Refinería de Talara aún opera por debajo de su capacidad y presenta fallas técnicas (como en sus plantas desalinizadoras), lo que impide que el negocio sea rentable por sí mismo.
• Falta de cambios reales: Muchos economistas sostienen que, sin una reducción de personal y una gestión 100% técnica (lejos de la política), el fideicomiso será insuficiente. Comparan la situación con empresas exitosas como Ecopetrol (Colombia), donde la gerencia es independiente.

3. El Costo de Oportunidad

Este es el argumento más fuerte de los críticos. Señalan que los más de US$ 8,000 millones acumulados en salvatajes desde 2013 (incluyendo este nuevo monto) equivalen a:

• La construcción de 98 hospitales de alta complejidad.
• El financiamiento completo de programas sociales por varios años.

4. La Postura «Optimista» (Seguridad Energética)

Otros analistas reconocen que el fideicomiso es un «mal necesario» para evitar un desastre mayor.

• Evitar la inflación: Si Petroperú colapsara, el precio del combustible en la selva (donde tiene el 85% del mercado) se dispararía, causando una crisis de precios desastrosa para la población más pobre.
• Control de ProInversión: Algunos ven positivo que el dinero esté bajo llave de ProInversión, lo que garantiza que no se use para pagar bonos o gastos administrativos innecesarios.

ERROR DEL GOBIERNO

El gobierno comete un error a designar a ProInversión, debió nombrar a Cofide o a la junta general de accionistas como fideicomisario

Resumen de Roles en el Nuevo Esquema

Entidad	Rol bajo el DU 003-2026
ProInversión	Estructurador y Fiduciario: Decide cómo y en qué se gasta el crédito basado en el plan de reestructuración.
Petroperú	Operador: Ejecuta la compra y venta de combustible bajo supervisión.
Minem/MEF	Aval: Brindan la garantía contingente para que los bancos presten el dinero.

Para entender mejor el riesgo de este modelo:

ProInversión no tiene experiencia como agente fideicomisario

1. El conflicto con la Ley de Bancos

En el Perú, la labor de fiduciario (el que administra el patrimonio de un fideicomiso) está reservada por ley a empresas supervisadas por la Supervisión de Banca, Seguros y AFP (SBS), como Cofide o los bancos comerciales.

• ProInversión no tiene licencia bancaria: Al no ser una entidad financiera, no tiene los sistemas, los protocolos de auditoría bancaria, ni el personal especializado en gestión de tesorería y riesgos que sí tiene Cofide.
• El «Artificio» Legal: Para que ProInversión pueda cumplir este rol en el DU 003-2026, el Gobierno ha tenido que crear una excepción legal específica, lo que para muchos juristas es forzar la naturaleza de la institución.

2. ¿Por qué Cofide habría sido más estricto?

Si se hubiera nombrado a COFIDE, el control del gasto habría sido mucho más rígido por tres razones:

• Cumplimiento Normativo (Compliance): Cofide está bajo la lupa constante de la SBS. Cada desembolso debe estar justificado con documentos comerciales estrictos. ProInversión, al ser una agencia de promoción, tiene procesos más enfocados en la «gestión de proyectos» que en el «control de caja».
• Experiencia en Rescates: Cofide ya maneja los fideicomisos de grandes obras y deudas estatales. Sabe cómo «cerrar el caño» si la empresa no cumple con las metas financieras.
• Autonomía Técnica: Mientras que ProInversión depende jerárquicamente de la PCM y del MEF (lo que la hace más vulnerable a presiones políticas para soltar dinero), Cofide tiene una estructura de gobierno corporativo más alejada del ruido político diario.

3. Entonces, ¿cuál es el verdadero motivo detrás de PROINVERSIÓN?

SI Cofide es mejor para cuidar el dinero, ¿por qué el Gobierno eligió a ProInversión?

• La «Hoja de Ruta» de Venta: El Gobierno no quiere que alguien solo «cuide» el dinero (rol de Cofide), sino que alguien prepare la empresa para ser trozada o vendida por partes. ProInversión es experto en hacer bases de licitación, valorar activos y buscar socios privados.
• Evitar el «Default» Técnico: Al poner a ProInversión como responsable, el Gobierno intenta dar una señal a la banca internacional de que el objetivo final no es solo la supervivencia, sino la privatización de la gestión.

En conclusión: ProInversión no tiene el «expertise» de un agente fiduciario. Esto sugiere que el Gobierno ha priorizado la salida política y de inversión (deshacerse de activos) sobre la rigurosidad financiera que Cofide habría garantizado.

Es una preocupación muy válida y compartida por diversos analistas. El riesgo de que ProInversión no tenga la «musculatura» técnica de un administrador financiero como Cofide podría derivar en los siguientes problemas de eficiencia para este nuevo salvataje:

• Curva de aprendizaje costosa: Al no ser su función habitual, ProInversión tendrá que contratar consultoras externas y asesores financieros para realizar el trabajo que Cofide ya hace de forma interna. Esto genera un gasto administrativo adicional que sale del propio presupuesto del fideicomiso.
• Falta de rigor en la auditoría de caja: Mientras Cofide aplica protocolos bancarios estrictos para cada desembolso, ProInversión podría priorizar la «viabilidad del proyecto» sobre el control minucioso de las facturas de Petroperú, permitiendo que se filtren gastos corrientes (planillas, bonos) bajo el concepto de «operatividad».
• Vulnerabilidad ante la Gerencia de Petroperú: Existe el riesgo de que la gerencia técnica de Petroperú, que conoce el negocio al detalle, «asuste» o confunda a los funcionarios de ProInversión con tecnicismos operativos para justificar gastos innecesarios, algo que a un agente financiero con experiencia le costaría más aceptar.
• Conflicto de intereses: Al ser el mismo ente encargado de vender/concesionar los activos y de administrar el dinero para mantenerlos, ProInversión podría verse tentado a inyectar más capital del necesario solo para que un activo se vea «atractivo» para un futuro comprador, asumiendo el Estado todo el costo previo.

En esencia, al saltarse a Cofide, el Gobierno ha priorizado la rapidez para «deshacerse» del problema mediante una venta de activos, sacrificando la rigurosidad fiscal que un fiduciario bancario habría impuesto para cuidar cada centavo del Tesoro Público.

¿El Congreso debería intervenir para modificar el fiduciario y exigir que sea una entidad supervisada por la SBS?

Esa es precisamente la vía que están impulsando algunas bancadas y comisiones en el Congreso, argumentando que el Ejecutivo ha excedido sus facultades al otorgar funciones bancarias a una entidad de promoción como PROINVERSIÓN.

Si el Congreso decidiera intervenir para modificar el fiduciario, el panorama cambiaría de la siguiente forma:

1. El rol fiscalizador del Congreso

Para que el cambio ocurra, el Congreso tendría que emitir una ley que modifique o precise los alcances del DU 003-2026. Los puntos clave de esa intervención serían:

• Exigir un Fiduciario SBS: Obligar a que el administrador del fideicomiso sea una entidad bajo supervisión de la Supervisión de Banca, Seguros y AFP (SBS) (como Cofide o un banco de primer nivel), garantizando auditorías preventivas y no solo posteriores.
• Cuentas de Escrow: Establecer cuentas con «candados» específicos donde cada dólar solo se libere contra la presentación de facturas de compra de crudo validadas por un tercero independiente.
• Informes Quincenales: Obligar a ProInversión y al fiduciario a rendir cuentas ante la Comisión de Energía y Minas y la de Presupuesto sobre el destino exacto de los fondos.

2. ¿Qué se ganaría con este cambio?

• Mayor Transparencia: Cofide tiene sistemas de reporte estandarizados que permitirían a la Contraloría y a la ciudadanía saber, en tiempo real, si el dinero se está yendo a pagar deuda vieja o a comprar combustible.
• Blindaje contra la Corrupción: Al haber un fiduciario bancario, se activan automáticamente los protocolos de lavado de activos y cumplimiento (compliance) que PROINVERSIÓN no tiene tan desarrollados para el manejo de flujos de caja operativos.

3. El riesgo político

El principal argumento en contra de esta intervención es el tiempo. El Gobierno sostiene que cambiar el fiduciario ahora retrasaría la firma de los contratos con la banca internacional, lo que podría generar un bache en el suministro de combustible. Sin embargo, muchos analistas responden que «es mejor demorar un mes en estructurar bien el fideicomiso que perder otros US$ 2,000 millones por una mala gestión».