El Gobierno aprobó el Decreto de Urgencia N° 003-2026 para garantizar la continuidad operativa de Petroperú, asegurar el abastecimiento de combustibles y proteger la estabilidad energética del país frente a un contexto internacional marcado por el incremento del precio del petróleo, restricciones de liquidez y presiones financieras sobre la empresa estatal, de acuerdo a una nota de prensa divulgada por ProInversión.
El decreto de urgencia argumenta que Petroperú «tiene una presencia importante en el mercado de combustibles, con una participación total del 19% a nivel nacional a marzo 2026, 42% de Diésel y 31% de Gasolinas; asimismo, dicha empresa cuenta con más del 75 % de participación de mercado en los departamentos con alto índice de vulnerabilidad del país, como lo son Loreto, Ucayali y Madre de Dios, donde no existe presencia significativa del sector privado». También hace presente, la crisis por la Guerra de Irán: «lo cual ha originado que la cotización promedio del petróleo WTI sufra un incremento de 11% durante el primer bimestre de 2026, a lo cual se suma el aumento registrado en marzo donde el promedio mensual del petróleo, al 13 de marzo, tuvo un alza adicional de 30 %, generando un incremento sustancial de los precios de adquisición de crudo y productos refinados en el mercado internacional de los hidrocarburos, así como de los fletes marítimos, lo cual viene afectando las perspectivas de crecimiento de la economía global, y en particular, de la economía peruana».
El decreto indica que hay fallas imprevistas en la Refinería de Talara: «enfrenta una condición crítica en sus plantas desalinizadoras y desmineralización (OR2/DM2). La capacidad de producción de agua desmineralizada ha sufrido una reducción progresiva, lo que ha llevado los inventarios a niveles mínimos históricos. Como consecuencia directa, el 02 de abril de 2026, se procedió a la parada segura para evitar una afectación mayor o una parada total de la refinería, cabe precisar que las operaciones de las refinerías Talara, Conchán e Iquitos funcionan de manera sistémica. En efecto la reducción de producción local no permite reponer inventarios oportunamente, así como continuar el ciclo de contar con capital de trabajo para de operaciones productivas y de suministro de combustibles»
Sin embargo, este financiamiento o salvataje a Petroperú, no contempla recursos del Tesoro Público ni el uso de impuestos de los peruanos para sostener la operación de la empresa.
“Lo que se habilita es una línea de financiamiento de hasta US$ 2,000 millones provenientes de la banca internacional bajo un esquema de compromiso contingente. Para ello se constituirá un vehículo de propósito especial, con un mecanismo de administración supervisada y una gobernanza técnica a cargo de ProInversión, entidad que cuenta con la confianza de la banca internacional. De esta forma aseguramos que los recursos sean utilizados exclusivamente para garantizar la continuidad operativa de Petroperú”, afirmó el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio.
El mecanismo aprobado contempla la creación de una estructura financiera especial para proteger los nuevos recursos y separarlos de las deudas históricas de Petroperú. Este “escudo financiero” permitirá asegurar que el dinero destinado a la operación no sea utilizado para cubrir obligaciones pasadas de la empresa. Además, los recursos serán administrados mediante un esquema de control supervisado por ProInversión y tendrán un uso exclusivo y auditado para actividades esenciales como compra de crudo, refinación y abastecimiento de combustibles a nivel nacional.
El decreto específica que Petroperú constituirá un vehículo especial que recibirá un crédito de la banca internacional hasta por US$ 2,000 millones. Asimismo, el Decreto de Urgencia autoriza al Ministerio de Energía y Minas (Minem) a realizar pagos o transferencias financieras a favor de entidades nacionales e internacionales vinculadas a los compromisos contingentes contemplados en el esquema, hasta por el monto en soles equivalente a US$ 2,000 millones. Adicionalmente, el Minem podrá asumir compromisos contingentes de corto plazo hasta por US$ 500 millones, como una facilidad financiera transitoria orientada a asegurar la operación inmediata mientras se implementa el esquema definitivo de financiamiento internacional.
Además, se incorporan medidas de gobernanza y control orientadas a garantizar eficiencia, disciplina operativa y ejecución acelerada. Entre ellas, se establece que el Directorio de Petroperú deberá ejecutar las disposiciones operativas vinculadas al esquema en un plazo máximo de cinco días hábiles, mientras que ProInversión aprobará en un máximo de diez días el protocolo para el uso de los recursos provenientes de la banca privada internacional, consolidando un proceso técnico y sujeto a reglas estrictas de control.
“Petroperú seguirá cumpliendo su rol estratégico para el país, pero bajo un nuevo modelo orientado a la sostenibilidad y eficiencia. Esta es una estructura moderna que rompe con el esquema histórico de utilizar recursos de los peruanos para sostener pérdidas de la empresa”, sostuvo Luis Del Carpio.
