Desde el Faro

Por: Rafael Hidalgo

El gobierno de Pedro Castillo-Dina Boluarte-José Jerí-José María Balcázar 2021-2026, elegido bajo la promesa de “Fortalecer la capacidad operativa de Petroperú”, nombró al décimo presidente de la petrolera (cuarto en los últimos tres meses), el ingeniero Edmundo Lizarzaburu, exejecutivo de Scotiabank (Banco Sudamericano) y Coril, bajo los auspicios de ProInversión, para reactivar el contrato con la consultora Deloitte (PMO de los US$ 7,000 millones de la Refinería de Talara) y continuar con la privatización encubierta que estipula el Decreto de Urgencia N.° 010-26.

La remoción de Roger Arévalo estaba cantada desde que el presidente José María Balcázar señaló: “Hemos puesto una condición innegociable antes de autorizar cualquier respaldo económico —la garantía estatal para un préstamo bancario de US$ 2,000 millones—: tiene que cambiarse el directorio de Petroperú” (Exitosa, 30/4/26).

La gota que rebalsó el vaso fue su presentación ante la Comisión de Presupuesto del Congreso (28/4/26), donde Arévalo dio un ultimátum: “Se ha paralizado la Refinería de Iquitos. Estamos por parar la Refinería de Conchán y la Refinería de Talara”.

Arévalo contó que regresaba a la empresa “veinte años después”, rememorando “que la participación de Petroperú en el mercado nacional de hidrocarburos era 55% y ahora es 20% (80% selva, 88% norte, 27% sur y 15% Lima)”, acotando: “La Refinería de Talara-RT, con capacidad de 95 mil barriles por día (MBD), apenas está produciendo 60 MBD por falta de capital de trabajo para asegurar la disponibilidad de crudo”.

Asimismo, denunció que, inexplicablemente, se había paralizado la antigua Refinería de Talara por tres años (31/12/19-18/4/22), cuando aún no estaba lista la nueva refinería, durante la gestión de Carlos Paredes en Petroperú, lo que favoreció a tres importadoras de combustibles (ExxonMobil, Valero y Marathon): “que arrebataron a Petroperú la mitad del mercado limeño que abastecía”.

Preguntándose: “¿Qué pasa cuando no existe la presencia de Petroperú como regulador de precios? Hace que los importadores ajusten sus precios a lo que manda el mercado internacional”.

Durante la reciente campaña electoral, ninguno de los 35 candidatos presidenciales en lisa propuso la privatización de Petroperú. En un simple cálculo, asumiendo que el país consume diariamente un promedio de 270 MBD, se descuenta que, por cada sol de aumento de los precios de los combustibles en los grifos, los hogares pagan un incremento anual de US$ 1,200 millones.

Si Petroperú puede propiciar la rebaja de S/ 2, para mitigar la orgía de precios de la gasolina, el rescate de dar una garantía de US$ 2,000 millones para importar petróleo está justificado.

Petroperú facturó US$ 3,449 millones el 2025, “pero debería estar vendiendo US$ 9,000 millones”, dijo Arévalo, reconociendo: “En los últimos cuatro años, Petroperú ha declarado una pérdida de US$ 2,500 millones por una razón muy simple: en depreciación de activos en tres años se han cargado US$ 1,000 millones, solo porque la Refinería de Talara sobrevalorada está registrada en US$ 7,000 millones, y por el financiamiento para la construcción, por lo que se pagan anualmente US$ 300 millones de intereses”.

“Se comenta mucho de la ineficiencia de Petroperú sin tomar en cuenta el costo de esta refinería… Voy a impulsar una auditoría de Análisis Técnico del Costo, convocando a empresas internacionales”.

Tema tabú. Ningún político o periodista pide una investigación de este despilfarro. Ni siquiera el contralor “municipal”, el acuñista César Aguilar, tan macho con escudriñar las obras de los gobiernos municipales de S/ 300 mil o el gasto de las Oficinas Comerciales en el Exterior; sin embargo, no osa publicar el examen final de la Refinería de Talara, que costó S/ 25,000 millones (US$ 7,000 millones), pese a que ya lleva operando cuatro años. ¿Por qué será?

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