En Mexicali y Tijuana, los primeros usuarios de fentanilo no sabían que lo estaban consumiendo. Les decían que era China White, una variante de heroína en polvo. Lo descubrieron experimentando: por una euforia más rápida, un efecto más intenso o una sobredosis inesperada. En ese proceso de aprendizaje, muchos murieron. Y hoy, años después de que el fentanilo se instalara en esos mercados, muchos usuarios siguen sin saber con precisión qué tienen en la mano. Esa opacidad no es un accidente, sino una característica del mercado.
Durante más de un año, con el equipo de InSight Crime realizamos trabajo de campo en cinco ciudades del noroeste de México: Tijuana, Mexicali, Nogales, Hermosillo y Ciudad Juárez. Lo que encontramos complica las explicaciones habituales. Tijuana y Mexicali tienen mercados de fentanilo consolidados, donde la droga se vende con dosis estandarizadas, precios uniformes y un sistema de distribución con una regularidad difícil de encontrar en mercados más visibles. Ciudad Juárez, en cambio, es uno de los principales corredores de tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos; toneladas cruzan por ahí cada año. Y sin embargo el consumo local es casi inexistente. Los grupos que controlan el mercado de heroína en esa ciudad han prohibido activamente el fentanilo, hasta el punto de amenazar con la muerte a quien lo venda.
La demanda de opioides existe en ambos casos. Las redes de tráfico también. Lo que difiere son las reglas de la esquina.
Las reglas de la esquina son la traducción local de una lógica transnacional. La organización local de los mercados de drogas ha sido estudiada, pero casi siempre desde la perspectiva de cómo se estructura la venta. Lo que la frontera norte de México añade es una pregunta distinta: cómo esa misma estructura puede suprimir un mercado además de crearlo.
Estas reglas no están desconectadas de las organizaciones que controlan el tráfico, sino que reflejan sus disputas, sus alianzas y sus prioridades. Pero esa conexión no es mecánica ni predecible. Dos ciudades bajo influencias similares pueden tener mercados radicalmente distintos según cómo cada facción local interprete sus propios intereses. Si el fentanilo compromete una ruta de exportación valiosa, se restringe; si amenaza con atraer atención de las autoridades, se oculta; si puede leerse como una señal de lealtad al enemigo, se prohíbe.
El resultado es que el mismo producto, producido por las mismas redes, llega de formas distintas a usuarios distintos, o directamente no llega. Y esa diferencia, en términos de salud pública, puede medirse en vidas.
Hay evidencia, aunque dispersa, de que algo similar ocurre en ciudades estadounidenses. En Filadelfia, en Chicago, en San Francisco, la estructura del microtráfico local modula cuán mortal se vuelve el fentanilo en cada lugar. Lo que la frontera norte de México permite es ver ese mecanismo con una nitidez poco común: el producto es el mismo, las redes de origen también, y aun así los mercados son radicalmente distintos según quién gobierna cada territorio.
Quienes lo saben mejor son las organizaciones que trabajan directamente con usuarios de drogas en estas ciudades, quienes distribuyen naloxona —el medicamento que revierte una sobredosis de opioides—, hacen pruebas de detección de sustancias y acompañan a personas en situación de calle. Para hacer su trabajo tienen que saber qué circula en cada zona, qué se puede hacer en qué barrio, dónde están las fronteras invisibles entre territorios. No como ejercicio académico sino como condición operativa básica.
En Tijuana y Mexicali, organizaciones como Verter y Prevencasa fueron las primeras en detectar la presencia de fentanilo en las calles, antes que cualquier institución oficial. Lo hicieron porque leen esas reglas cotidianamente y porque tienen la confianza de los usuarios que las instituciones públicas no han llegado a construir. Sin financiamiento estatal, sobreviven con donaciones internacionales.
Mientras esto ocurría, el sistema de salud mexicano miraba hacia otro lado. Las redes criminales mexicanas se convirtieron en los principales productores y exportadores de fentanilo en la región, pero la capacidad institucional para atender a quienes lo consumen dentro del país no siguió ese ritmo. Las clínicas que ofrecían metadona —el principal tratamiento para la dependencia de opioides— cerraron por decisiones regulatorias que nadie revisó a tiempo. La buprenorfina, alternativa estándar en buena parte del mundo, no puede prescribirse en México para tratar adicciones. Y la naloxona, el medicamento que revierte una sobredosis, está legalmente fuera del alcance de quienes más la necesitan.
Mientras tanto, la atención política se ha concentrado en cortar el flujo hacia Estados Unidos y golpear a las organizaciones que lo controlan. En el nivel local el mercado opera con su propia lógica y sus propias reglas.
Las explicaciones sobre cómo crecen o se estabilizan los mercados de drogas sintéticas se han centrado en incentivos económicos, cadenas de suministro, controles sobre precursores químicos. Lo que la frontera norte de México hace visible es una pregunta que falta en ese debate: quién controla el territorio donde ese mercado podría arraigarse, y qué decide hacer con él. El fentanilo no se distribuye a través de grandes estructuras visibles, sino mediante redes locales fragmentadas, conectadas aguas arriba con organizaciones transnacionales pero operativamente autónomas en el territorio. Son esas redes las que deciden qué llega a la esquina, en qué forma y con qué nombre.
Y mientras el debate sigue mirando hacia arriba, los recortes de financiamiento en ambos lados de la frontera debilitan a las organizaciones que mejor leen lo que ocurre abajo y responden desde esas esquinas.
Juan Carlos Garzón, El País
