Debido a la interrupción del suministro de gas natural a los hogares y GNV para vehículos, tres asociaciones de consumidores están pidiendo a Indecopi que investigue y sancione a Transportadora de Gas del Perú (TGP), así como a su empresa vinculada Compañía Operadora de Gas Amazonas (COGA). Esta última empresa, es la que gerencia y gestiona las operaciones de TGP y cuenta con accionistas comunes (Enagás y EIG).
La Asociación Peruana de Protección y Defensa de Consumidores y Usuarios (Proconsumo), la Asociación de Consumidores Inmobiliarios del Perú (ADCIP) y el Centro de Protección al Ciudadano “Equidad” presentaron su denuncia ante la Comisión de Protección al Consumidor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), según un reportaje del portal Lima Gris.
Según las asociaciones denunciantes, imágenes aéreas difundidas públicamente, indican que el siniestro a los ductos de TGP se originó por el personal de esta empresa. Según las cifras citadas en la denuncia, el suministro cayó de aproximadamente 800 millones de pies cúbicos diarios, a apenas 70 millones de pies cúbicos diarios, lo que representa solo el 9% de la capacidad habitual del sistema.
Uno de los grupos afectados corresponde a los usuarios domésticos de gas natural, principalmente clientes de la empresa Cálidda en Lima y Callao. Según la denuncia, muchos de estos usuarios experimentaron la interrupción del servicio contratado, sin que se haya producido una reducción proporcional en la facturación, lo que los obligó a recurrir a balones de gas licuado de petróleo (GLP), cuyo precio es significativamente mayor.
Otro sector impactado es el de los conductores de vehículos que utilizan GNV. La escasez de gas natural vehicular en estaciones de servicio obligó a miles de transportistas a migrar temporalmente al uso de gasolina o diésel, combustibles cuyo costo puede ser hasta tres veces mayor, afectando directamente los ingresos diarios de conductores particulares, taxistas y transportistas. De acuerdo a Infogas (Fideicomiso que administra el Sistema de Control de Carga de Gas Natural Vehicular) se han convertido 550 mil vehículos a gas natural en el país desde el 2005.
También se reportan consecuencias en el sector empresarial. De acuerdo con el documento presentado ante Indecopi, alrededor de mil pequeñas y medianas empresas (PYMES) que habían migrado su matriz energética hacia el gas natural se vieron obligadas a paralizar sus operaciones o asumir sobrecostos por el uso de combustibles alternativos. Las asociaciones sostienen que esta situación genera lucro cesante diario, además de costos adicionales derivados de la transición forzada a otras fuentes de energía.
La denuncia también advierte efectos indirectos que impactarían al conjunto de consumidores. Entre ellos se menciona un incremento generalizado en el precio de alimentos y servicios, debido al aumento de los costos energéticos en distintos sectores productivos. Asimismo, se señala que el sistema eléctrico ha tenido que recurrir con mayor intensidad a centrales termoeléctricas de respaldo que utilizan diésel, cuyo costo supera los 200 dólares por megavatio hora (MWh), frente a los 30 a 40 dólares por MWh que normalmente se registran cuando se utiliza gas natural. Este incremento en los costos de generación eléctrica podría trasladarse eventualmente a las tarifas que pagan los usuarios del servicio eléctrico.
En el caso del transporte público, las asociaciones advierten un riesgo inminente de incremento de pasajes y reducción de frecuencias, debido al mayor costo operativo del combustible.
En su denuncia ante Indecopi, las asociaciones solicitan que se imponga a Transportadora de Gas del Perú (TGP) una sanción económica calificada como muy grave. El monto podría alcanzar hasta 450 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 2,317,500, conforme a lo establecido en el artículo 110° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.
