La verdad de lo que pasó en el gas de Camisea

Tendría que ocurrir un milagro para que mañana, sábado 14 de marzo, los gasoductos de Camisea estén operativos. El cielo cusqueño que no ha dado tregua. Las tormentas ralentizaron tanto las excavaciones como los trabajos de soldadura de los nuevos tubos. Al cierre de esta edición, la reparación de los tubos más importantes del país estaba en 74%.

En la mañana de ayer se terminó la soldadura del tubo de gas natural y quedaron pendientes las pruebas de “inertización” (sacar el aire del ducto) y de seguridad que, en el mejor de los casos, tomarán 48 horas.

El nuevo tubo de GLP aún no terminaba de ser soldado y podría estar listo recién para el domingo. “Como la situación es crítica, queda poco gas en los ductos, se ha decidido no esperar al tubo de GLP para recargar el de gas natural”, dice una fuente del Ministerio de Energía y Minas.

Este semanario tiene información de que la investigación del Osinergmin confirmará que fue un error durante los trabajos de mantenimiento lo que ocasionó la rotura de los tubos de Camisea.

La empresa que TGP contrató para las labores de mantenimiento es “Consorcio Mantenimiento de Gasoductos del Perú”.

«Lo que hubo fue un descuido, un error humano», dice una fuente del Osinergmin a cargo de las investigaciones.

En el Osinergmin, al ser ente regulador y fiscalizador, no pueden adelantar opinión de manera oficial. Y es que todo apunta a que TGP recibirá una multa multimillonaria.

TGP también deberá responder ante la Fiscalía Ambiental y ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), institución que ha abierto sus propias carpetas de investigación por la crisis energética.

El exviceministro de Energía Pedro Gamio ha calculado que hasta el 14 de marzo Perú habrá perdido USD 2,800 millones por la rotura de los ductos de Camisea. Y no es todo.

“Eso sin contar todos los costos, sino solamente lo más sustantivo, que tiene que ver con la electricidad de la industria. La cifra es el encarecimiento de los costos en el mercado energético peruano”, dice Gamio.

En los pasillos del sector energético circula la información de que TGP recurrirá a la cláusula de “fuerza mayor” para evitar la multimillonaria multa o, en el peor de los casos, la anulación del contrato.

La estrategia de la defensa alegaría que la deflagración fue un “hecho imprevisto y fortuito” que escapa de su responsabilidad como concesionaria.

Este semanario buscó un comentario de TGP sobre si recurrirán a la cláusula de “fuerza mayor”, pero la compañía optó por el silencio.

Lo que sí confirmaron, a través de su agencia de relaciones públicas, es que la deflagración se produjo cuando su contratista “Consorcio Mantenimiento de Gasoductos del Perú” estaba haciendo labores en el ducto.

Desde el 2000, cuando ganó la concesión del ducto de Camisea, TGP ha tenido tres distintos accionistas mayoritarios. Primero fue Hunt Oil, luego en el 2013 le tomó la posta Canada Pension Plan Investment Board y, desde diciembre último, el fondo estadounidense EIG Global Energy Partners tiene el 49.8%.

Desde el 2019 el gerente general de TGP es el venezolano Tomás Delgado.

Transportar el GLP y gas natural que sale de Camisea ha sido un negocio rentable para TGP. Solo en el 2024 registraron ingresos por USD 768 millones y una utilidad neta de USD 269 millones.

“Mira, todos estamos en el bosque. Acabamos de escapar de la explosión, de la fuga de gas de la válvula. Gracias a Dios hemos escapado de esto que nos ha pasado. Ahora estamos en medio del bosque y no sabemos a dónde ir”, dice Ismael Villavicencio, operario de “Consorcio Mantenimiento de Gasoductos del Perú”, en un vídeo grabado minutos después de la deflagración y al que este semanario tuvo acceso.

El testimonio del operario coincide con los hallazgos del Osinergmin en su investigación.

Fueron dos las zonas del tubo de Camisea donde hubo explosiones. Una en la misma estación KP43, ubicada en el distrito de Megantoni (La Convención), donde un grupo de operarios de la contratista de TGP estaba haciendo labores de mantenimiento. La otra fue a 50 metros de la estación y a 9 metros de profundidad donde estaban enterrados los tubos.

«La fuga fue en el tubo de GLP, no en el de gas natural. El GLP tiene un componente líquido que, a diferencia del gas natural, no se evapora fácilmente. Por la cantidad de GLP que había en el tubo bastaba una mínima chispa para producir una explosión», dice una fuente de Osinergmin.

El “Consorcio Mantenimiento de Gasoductos del Perú”, cuya sigla es CMgP, tiene como apoderados a los colombianos y españoles Duvan Castañeda Ticona y Juan Carlos Rozo Aguirre. La firma trabaja para TGP desde hace cinco años. CMgP registra an la Sunat tener 1,110 trabajadores, cinco veces más que la propia TGP.

“Nuestra visión es brindar un servicio de excelencia en el mantenimiento de activos, con los más altos estándares de calidad”, se lee en la presentación de CMgP en LinkedIn.

En la misma red social, hace tres semanas hay una publicación de la empresa de todo el equipo —80 personas entre operarios e ingenieros— que estaba a cargo del mantenimiento al ducto de Camisea.

¿Por qué no había un ducto de redundancia que hubiera evitado la crisis energética? La explicación está en la Resolución Suprema N° 53 del 2013 del Ministerio de Energía y Minas.

El documento lleva las firmas de Ollanta Humala y su ministro Jorge Merino Tafur.

En la resolución, rubricada el 29 de agosto del 2013, Humala y Merino exoneran a TGP de la cláusula 9.30 que lo obligaba a construir un ducto mellizo al existente en la selva cusqueña.

La excusa fue que, en abril del 2012, narcoterroristas de la facción de los Quispe Palomino habían secuestrado a trabajadores de Camisea, lo cual no daba seguridad para la construcción del nuevo ducto.

A cambio del ducto de redundancia, TGP hizo la Planta Compresora Kámani, para incrementar la presión del gas natural de 18,000 HP a 72,000 HP, y que pudiera viajar más gas de Camisea a Pisco. TGP también hizo un ducto adicional de gas natural de Chilca a Lurín.

El ducto mellizo que TGP debía hacer en la selva, según reportes periodísticos de la época, iba a costar USD 700 millones. Por la Compresora Kámani TGP gastó USD 400 millones y otros USD 30 millones por el tubo de Chilca a Lurín.

La gestión humalista cargó el ducto de redundancia al proyecto Gasoducto del Sur. La obra fue entregada en el 2014 al consorcio conformado por Odebrecht y Enagás a cambio de USD 7,300 millones.

El desenlace del Gasoducto del Sur es conocido: se paralizó por el escándalo Lava Jato. Odebrecht y Enagás han recurrido al CIADI buscando una reparación de USD 1,200 millones y USD 300 millones, respectivamente.

En junio último el Equipo Lava Jato presentó la acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por organización criminal y colusión agravada. Piden 35 años de cárcel para la expareja presidencial.

Consultado por la resolución suprema que liberó a TGP del ducto mellizo, Merino respondió que se buscó “una solución técnica”. Y que, además del ataque narcoterrorista, “urgía elevar la capacidad de transporte de gas en la tubería de 600 BTU a 920 BTU, es por ello que TGP buscó una soluciçon técnica instalando compresoras para elevar el volumen de gas”.

Y el país sigue pagando las consecuencias de un acuerdo insensato entre el gobierno de Humala y el Consorcio Camisea. Insensato porque las «medidas compensatorias» adoptadas como sustituto del sistema redundante no servirían de nada si el tubo matriz colapsaba. Y eso es exactamente lo que ha sucedido”.

Eloy Marchán, Hildebrandt en sus Trece