En plena campaña electoral, por algo que ocurrió hace tres años y pudo resolverse antes, la jueza Luisa Mónica Noriega Chu del 12° Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima, emitió una sentencia condenatoria contra la candidata del APRA al Senado, Carla García Buscaglia, por difamación agravada por una opinión que emitió contra Verónica Mendoza en su programa en Willax (12/2/26). Carla García queda sujeta a un año de «periodo de prueba» con las siguientes reglas de conducta: No variar de domicilio ni ausentarse de la ciudad, presentarse cada 30 días en la Oficina de Registro y Control Biométrico de la Corte Superior de Justicia de Lima, no cometer nuevo delito y cumplir con pagar el monto de la reparación civil, que asciende a S/ 40 mil.
La sentencia es un poco confusa en su redacción, porque señala que Carla García hizo uso de su
libertad de expresión y opinión, pero para darle la razón a Verónika Mendoza, indica que como ella no ocupaba cargo público en ese momento, entonces no le puede otorgar a García el derecho a «la tolerancia» que se puede otorgar a favor del derecho a la libertad de expresión y opinión.
Es decir, para la jueza Noriega, personas como Verónika Mendoza solo son políticos si ejercen el cargo público o es candidata en una elección. Con ese razonamiento, Haya de la Torre solo fue político solo en los años 1931, 1962, 1963 y 1978-79, Fernando Belaúnde 1956, 1962, 1963-68 y 1980-1985, Keiko Fujimori el 2006-11, 2016, 2021 y este 2026.
Es raro que tantos años haya durado este proceso y justo salga cuando la candidata García iba a realizar su gira de campaña, cuando falta menos de 60 días para las elecciones.
Resulta que la jueza Noriega es esposa del coordinador de las Fiscalías Especializadas en Corrupción, el fiscal superior Mirko Dino Cano Gamero, quien ha sido cercano a los ex fiscales de la nación Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos. Nos informan también que la jueza Noriega es allegada de JUSDEM, una asociación de jueces que en los últimos meses, ha emitido pronunciamientos contra la Junta Nacional de Justicia.
Jueza Luisa Mónica Noriega Chu
Es la segunda vez que el Poder Judicial hace una jugarreta contra el APRA en esa campaña electoral. La primera fue hace 20 días, cuando el juez de investigación preparatoria nacional, Richard Concepción Carhuancho, autorizó a levantar el secreto bancario del Partido Aprista, por algo que había ocurrido hace 20 años. Hace siete años (2019), Jorge Barata señaló que Odebrecht aportó US$ 200 mil a la campaña del APRA del 2006 a través de Luis Alva Castro y recién este verano, se le ocurre a la Fiscalía realizar el pedido de investigación.
