La Segunda Fiscalía Suprema admitió y concedió el recurso de elevación de actuados contra el archivo de la denuncia, por lo que el caso será revisado por una instancia superior.

La Fiscalía Suprema dio un giro clave al admitir y conceder el recurso de elevación de actuados presentado contra el archivo de la denuncia que involucraba a Gustavo Gorriti, Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez. Con esta decisión, el archivo de la causa no queda firme y los investigados seguirán bajo escrutinio fiscal.

La resolución, emitida por la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, establece que los actuados deben ser elevados a una instancia superior, manteniendo abierta la posibilidad de que se revise integralmente la decisión que dispuso no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria.

La investigación se originó a partir de las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de la entonces fiscal de la Nación Patricia Benavides, quien brindó información en el marco de su proceso de colaboración eficaz. En ese contexto, Villanueva afirmó que Gustavo Gorriti, Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez habrían incurrido en presuntos hechos ilícitos vinculados a la conducción de investigaciones fiscales, el intercambio de información y el uso de apoyo mediático con fines indebidos.

Según sus dichos, Gustavo Gorriti —director de IDL-Reporteros— habría tenido un rol activo en la definición de la estrategia del caso Cócteles contra Keiko Fujimori, indicando a quiénes interrogar, qué preguntas llevar a cabo y cómo orientar la investigación. A cambio, Gorriti habría brindado respaldo mediático a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, especialmente cuando estos fueron removidos temporalmente por el entonces fiscal de la Nación Pedro Chávarri en diciembre de 2018.

Villanueva también señaló que Rafael Vela habría recurrido a Gorriti para obtener apoyo público cuando perdió respaldo en ciertos sectores, supuestamente como una forma de “cobrar” filtraciones previas relacionadas con información sobre Alan García. Asimismo, afirmó que Vela mantenía una relación cercana con Janett Talavera, exasesora del Jurado Nacional de Elecciones, a través de la cual habría accedido a información privilegiada sobre estrategias internas del JNE, con el presunto objetivo de influir en decisiones electorales para impedir la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta.

El punto más relevante del pronunciamiento fiscal es que el archivo cuestionado pierde carácter definitivo. En términos prácticos, esto significa que la investigación no se cierra y que el fondo del caso será evaluado nuevamente, descartando cualquier intento de dar por concluido el proceso en esta etapa.

Según la disposición fiscal, el recurso fue presentado tanto por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, en su calidad de agraviada, como por el denunciante, quienes cuestionaron el archivo dictado en diciembre de 2025. Ambos recurrieron al mecanismo de elevación de actuados previsto en el Código Procesal Penal.

La Fiscalía Suprema precisó que los actuados serán remitidos a la Primera Fiscalía Suprema Penal (Pablo Sánchez), instancia que deberá revisar la legalidad y razonabilidad de la decisión de archivo y pronunciarse sobre si corresponde o no continuar con la investigación. El fiscal Sánchez, como see recuerda, interfirió en una diligencia de ofrecimiento de pruebas en el local de IDL. El gato de despensero

Este paso refuerza el principio de doble instancia y el control de legalidad de las decisiones fiscales, permitiendo que un órgano superior evalúe si el archivo se ajusta a derecho o si, por el contrario, existen elementos que ameritan una investigación más profunda.

Para los denunciantes, la admisión del recurso representa un avance significativo, ya que mantiene vigente la causa y abre la puerta a que se reexaminen los hechos y las imputaciones vinculadas a presuntos delitos contra la administración pública.

En adelante, la atención estará puesta en la decisión que adopte la Primera Fiscalía Suprema Penal, de la que dependerá si el caso se reactiva formalmente o si se confirma el archivo. Por ahora, lo concreto es que el proceso sigue abierto y los involucrados continuarán en condición de investigados. Con información de Expreso