Desde el Faro
Por: Rafael Hidalgo
A escasos minutos para que se inicie el Año Nuevo, el gobierno de José Jerí lanzó la segunda privatización de Petroperú (DU 010-2025), encargando a ProInversión –la agencia pública desde donde emergió la ministra de Economía Denisse Miralles– la escisión, venta y/o concesión de sus activos, añadiendo S/ 240 millones para financiar un programa de reducción de personal y S/ 144 millones para realizar el proceso de venta.
No obstante, el expresidente de Petroperú, César Gutiérrez señala: “El directorio de Petroperú queda en modo adorno, solo les queda acatar decisiones de ProInversión. Por los suelos el evangelio de autonomía”, preguntando: “¿de dónde saldrán recursos para pagar a los productores de crudo y gas natural de Talara?, ¿al concesionario de gas natural, Gasnorp? ¿a los concesionarios de servicios auxiliares de la Refinería Talara? Los ingresos por ventas que van al fideicomiso serán insuficientes para cubrir obligaciones corrientes” (31/12/25).
Ante la escasez de propuestas por parte de nuestros 35 candidatos presidenciales, la privatización de Petroperú y la novísima doctrina “Donroe” de seguridad nacional de los EE. UU. –que invita al Perú a convertirse en aliado estratégico de la OTAN (estando en el Océano Pacífico)–, estrenada con la captura de Nicolás Maduro, se consolidan en dos de los temas medulares de la campaña electoral.
Tal como se recuerda, la primera privatización se realizó durante el gobierno de Alberto Fujimori 1993-98, cuando se remataron al peso la cadena de 108 grifos, una flota de 5 buques tanques, la Refinería La Pampilla, la distribuidora Solgas, los tanques de almacenamiento, Petromar (litoral) y las concesiones del Lote 8 (selva) y el Lote 10 (Talara).
Treinta años después de la privatización de los 90, Petroperú pasó de tener la posición dominante en el mercado nacional de combustibles a solo contar con el 26 % del mercado (octubre 2025): 42 % en diésel y 31 % en gasolinas.
No obstante, los defensores de Petroperú recuerdan que cuenta con más del 85 % del mercado en departamentos con alto índice de vulnerabilidad como: 100 % en Loreto, 97 % en Madre de Dios, 85 % en Ucayali, 80 % en Amazonas, etc.
Antes de que llegara Pedro Castillo, Petroperú tenía una cuota de participación de mercado de 44 % entre el 2019-2020 y fue bajando a 36 % en el 2021, 31 % en el 2022, desplomándose a 26 % el 2023 y 25 % el 2024.
Ahora, para la mesa de remate, a cargo de los martilleros de ocasión, para la segunda ola privatizadora destacan: la Refinería de Talara, la Central Térmica de Cogeneración (100 MW), la planta de agua, la planta de GLP, los tanques de almacenamiento, el edificio de la sede principal, la Refinería de Conchán y el “hueso” del Oleoducto.
Para colmo, en los días previos de diciembre, la Refinería Talara presentó limitaciones de producción, durante 17 días seguidos, por oleajes anómalos que produjeron el cierre de puertos, que impidió el suministro de petróleo así como el abastecimiento a sus terminales y plantas.
La debacle del Perú la gestó el gobierno de Ollanta Humala, ante el reto de desulfurizar y ampliar la producción de combustibles de 65 mil a 95 mil barriles diarios, modernizando la Refinería de Talara por US$ 1,711 millones (22/5/12) –que ya era caro–. Seis meses después, se optó por construir una nueva refinería por US$ 3,450 millones (1/12/12), cuya cuenta terminó superando los US$ 7,000 millones, generando una deuda impagable, y con el escándalo adicional: que la Contraloría General de la República no se atreve a publicar el informe final sobre el proyecto de marras, pese a que ha sido inaugurado hace tres años.
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