Ayer, la noticia del día fue cómo el expresidente Alejandro Toledo fue sentenciado a más de 20 años de prisión por los crímenes de colusión y lavado de activos. No se habla, sin embargo, de los otros funcionarios y empresarios que estuvieron involucrados en el caso.
Alberto Pasco-Font y Sergio Bravo Orellana, ambos exmiembros del Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y Servicios, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, fueron también sentenciados a 9 años de prisión por el delito de colusión por el caso Interoceánica Sur. Los exfuncionarios habrían tomado decisiones irregulares que finalmente beneficiaron a la empresa Odebrecht.
Además, el empresario y expresidente de ICCGSA José Fernando Castillo Dibós fue sentenciado a 14 años y 6 meses de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos. Castillo Dibós había pedido el 2023 permiso para salir del país durante 7 días, lo cual fue rechazado por el Poder Judicial.
Los culpables, junto al expresidente de la República, deberán pagar 1375 millones de soles y 463 millones de dólares como reparación civil, como ha determinado el dictamen.
