Cinco ONGs caviares que ofician de medios de comunicación, claramente financiados por Open Society Foundations de George Soros, han recurrido a sus contactos judiciales cercanos a CEJUS para conseguir «un amparo» que le permita seguir recibiendo un «chorro de dólares y euros» que les permita mantener su planilla dorada que mora en Barranco.
Se trata de IDL-Reporteros de Gustavo Gorriti, Epicentro TV de Clara Elvira Ospina, Salud con Lupa de Fabiola Torres (ex Ojo Público), Convoca y Ojo Público. Como se sabe, IDL Reporteros han dictado cursos de formación en el Poder Judicial y patrocinado a varios magistrados en los últimos veinte años, con los recursos de Soros, entre otros. Es así, que los jueces constitucionales de Lima han admitido a trámite los recursos presentados-.
La lluvia de millones a favor de estas ONGs, se viene extinguiendo desde que se promulgó el reglamento de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), así como su estatuto de infracciones y sanciones (14/9/25) que faculta a la APCI, que dirige la embajadora Noela Pantoja, para que pueda imponer multas de hasta 500 Unidades Impositivas Tributarias -equivalentes hoy a S/ 2’675,000-, a las ONGs que asesoren legalmente a personas que denuncien al Estado por violaciones a los derechos humanos, a nivel nacional o internacional, y cobren honorarios de éxitos para sus abogados, quienes en su mayoría viven en Barranco. Por si fuera poco, castiga a las ONGs si colaboran o financian marchas o movilizaciones, usurpando el rol de los partidos políticos con la «Soros’s wallet»,
Asimismo, otras ONGs, como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPFL), la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y Media Defence, además de Santiago Cantón y Catalina Botero, exrelatores para la libertad de expresión de la OEA, presentaron un amicus curiae al Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima para ayudar a sabotear la Ley APCI, señalando que la Ley 32301 faculta a fiscalizar las ONGs «que vulneran la libertad de expresión al permitir una censura previa, establecer responsabilidades ulteriores que no cumplen con elementos de la legalidad y proporcionalidad y constituir barreras indirectas».
Además, detallaron que la APCI tiene facultades de «control, supervisión y fiscalización de la cooperación internacional no reembolsable, lo que le permite investigar el trabajo de las organizaciones, incluyendo a medios periodísticos».
Señalan los amigos de Gorriti: «Las facultades de la APCI crean un entorno de alto riesgo en el que actividades legítimas del periodismo de investigación —como la supervisión crítica de políticas públicas, la publicación de reportajes sobre corrupción o violaciones a los derechos humanos— podrían dar lugar a sanciones extremadamente graves».
Como se aprecia reina un estado de terror por las multas de S/ 2’675,000 que desde hace un mes, puede aplicar la embajadora Pantoja a aquellas ONGs que esconden la información contable.
