Insólitamente, diez jueces supremos se reunieron en Sala Plena para amenazar como si se tratarán de dirigentes de algún partido político sobre su molestia y rebeldía ante las recientes  leyes en el ámbito del derecho penal que viene aprobando el Congreso; señalando que vienen generando “más problemas que soluciones”.

“Estamos haciendo un llamado de atención…”, dijo el juez supremo César San Martín, líder de la caviarada en la magistradura. En el memorándum que circularon señalan con dureza que el Congreso no reflexiona antes de legislar: “Aprobó varias leyes en materia orgánica -de las carreras judicial y fiscal-, penal y procesal-penal y constitucional-, sin la imprescindible reflexión y vocación de consenso con los demás poderes públicos…” . Se trata de la detención preliminar que permitió que vayan sin mayor reflexión contra Luis Castañeda, Keiko Fujimori varias veces, Alan García, etc. Asimismo el empoderamiento de la Policía en las conducción de la investigación para evitar el absolutismo fiscal.

También reclaman por la modificación de la figura del tipo penal organización criminal (crimen organizado) con el que la Fiscalía se permite investigar nueve años por robo de bicicletas  o tomar las reglas en el Caso Lavajato para aplicarlas a investigaciones desde una persona, creando en el país la figura de más de un millar de “bandas”, lo que no existe en ningún lugar del mundo.

“También las leyes que consagran un radical cambio legislativo de la detención judicial preliminar- con la eliminación de detención sin flagrancia delictiva y, felizmente, su ulterior rectificación”, se subraya.

La Sala Plena agregó que es “perturbadora la reforma del Código Procesal Constitucional al limitar los poderes de control constitucional de las decisiones parlamentarias y generar un procedimiento especial que revela un claro desequilibrio de los principios de separación, equilibrio e independencia de los públicos”. En otras palabras, sin mayor rubor avalar las medidas cautelares del juez superior Oswaldo Alberto Ordoñez Alcántara que desde la Sala Constitucional que preside se dedica a mantener la influencia caviar en el Poder Judicial: avalando los 75 años de la presidenta del JNJ Inés Tello, el control de la Sunedu, la intangibilidad del equipo de fiscales Lavajato, que no se conozca el Acuerdo con Odebrecht, la remosión de la Fiscal de la Nación Patricia Benavides etc.

La Sala Suprema exige constituirse en un poder deliberante y con capacidad de influir en la legislación del estado señalando: “hace un llamado de atención a los poderes públicos y a la colectividad para evitar la afectación de la independencia judicial y que se promueva una política legislativa acorde con los valores democráticos”.

Finalmente, la Sala Plena de la Corte Suprema anuncia que ha formado una comisión para analizar las leyes promulgadas, advirtiendo que “tomará las acciones correspondientes y adelantar una línea de reformas razonables que sirvan de guía al plan de acción de la justicia para los próximos años”. En otras palabras el cierre del Congreso. Así están las cosas.