Demandemos inmediato cambio en Gestión Hidrocarburífera Amazónica, por César Gutiérrez
Los sucesivos derrames ocurridos en los últimos seis años en el
oleoducto norperuano, que deben llevar inexorablemente a su paralización hasta
que no haya seguridad absoluta de un funcionamiento sin fallas, ha puesto las
miradas en la Amazonía peruana, donde la operación con hidrocarburos ha generado
y sigue haciéndolo, un daño ecológico de enormes proporciones.
Corresponderá al nuevo gobierno el inmediato cambio de rumbo, pues hoy se opera
entre la irresponsabilidad e impunidad, judicializando sanciones y dejando para
el olvido las remediaciones y resarcimientos económicos de las comunidades
afectadas.
No solo se trata del trillado tema del oleoducto, sino también
de la contaminación dejada por la empresa Pluspetrol Norte en el antiguo lote
1-AB, antecesor del hoy denominado lote 192, gestionado por la disminuida
empresa Pacific Stratus Energy. También está la remediación pendiente en el lote
8, a cargo de Pluspetrol Norte; operativo en la actualidad y que es el
suministrador del 65% de crudo para la Refinería Iquitos. Faltando reportes de
lo que se viene registrando en contaminación de suelos y aguas en el lote 67,
por la petrolera Perenco. Todo lo reseñado corresponde a la región Loreto.
Mientras que sería oportuno que se informe de lo que viene ocurriendo en Huánuco
en el lote 131, a cargo de la empresa Cepsa. No, porque tanto Loreto como
Ucayali perciban un promedio anual de 57 millones de dólares por concepto de
canon y sobrecanon, las autoridades pueden hacerse de la vista gorda.
Como si fuera poco, es conocido por los agentes del sector,
aunque no para la mayoría de ciudadanos, que la carga y descarga de crudo y
combustibles en embarcaderos fluviales de Pucallpa, Yurimaguas e Iquitos, se
realiza de manera precaria, sin mayores seguridades para evitar derrames, y
daños a la propiedad de terceros y a las personas. Lo ocurrido el fin de semana
pasado con la explosión de un balón de gas licuado de petróleo, en una
embarcación, con muertos y desaparecidos es una muestra.
Exigir el cumplimiento normas ambientales y de seguridad, así
como el pago de sanciones, requieren el respaldo del nuevo Poder Ejecutivo a los
organismos competentes: Senace, Osinergmin y Oefa. No más laxitudes