Cerremos el ciclo del Gas Natural en campaña política, por César Gutiérrez
La discusión en el terreno político sobre la explotación de los
recursos naturales, su transformación primaria y los beneficios al estado, es
inevitable en cualquier lugar donde éstos se encuentren, por lo que no debe
llamarnos la atención el debate sobre el gas natural (GN) y sus líquidos,
existentes en los lotes 88 y 56, conocidos como Camisea y Pagoreni
respectivamente. Es una historia con un trajín de larga data, 30 años, donde han
intervenido diversos actores políticos, tomándose las decisiones más
controvertidas en el quinquenio 2001-2006, durante la gestión de Alejandro
Toledo, generándose una polémica que lleva 10 años y que es pertinente
culminarla con el gobierno que jefature el estado a partir del próximo 28 de
julio.
En la presente carrera presidencial se ha mencionado la
necesidad de renegociar los contratos, aludiéndose a la exportación que se hace
desde los yacimientos del lote 56, previa licuación en la planta existente en el
km 170 de la Carretera Panamericana Sur. La premisa es que las regalías que
percibe el estado por enviar el GN a destinos internacionales, representan un
perjuicio al fisco. Esta apreciación es errada, si se hace el cálculo en el
período que se inicia con la primera exportación en junio del 2010, hasta marzo
del presente año; lo recaudado por unidad de energía es 22% mayor que lo que se
consiguió en el mercado local. No hay dudas que se puede mejorar, lo cual
requiere un complejo manejo de naturaleza financiera y política con varios
gobiernos e instituciones crediticias involucradas, donde hay que gestionar con
mucha precisión para evitar un problema internacional.
Si hay algo que exigir es el suministro para el mercado
interno, el cual ha sido escamoteado por el llamado Consorcio Camisea reiteradas
veces: en 2007 para los interesados en petroquímica; en 2009 cuando no querían
suministrar a nuevas termoeléctricas que estaban en construcción y desde el 2014
hasta la fecha cuando hay oposición para vender el recurso a las termoeléctricas
del Nodo Energético del Sur. Esto sí es inadmisible y se requieren precisiones
contractuales. Está claro que de acuerdo a ley el recurso extraído le pertenece
al operador, pero no para posiciones caprichosas lesivas al país.