Márgenes del nuevo gobierno sobre empresas estatales, por César Gutiérrez
Cuidado extremo en sus manifestaciones sobre el rol de las
empresas estatales en el próximo quinquenio, están teniendo los aspirantes
presidenciales; Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. Ninguno de los dos se
refiere a un control de ellas por parte del capital privado; es obvio, que por
más racionalidad económica y financiera que exista, políticamente la
privatización está satanizada y se ha convertido en un imposible su
realización.
Dentro de las razones que no permiten una mejor gestión en las
estatales, dos son las que destacan: severas limitaciones presupuestales y
personal con muchos años de servicio que no está en sintonía con las prácticas
privadas de mercados competitivos. En ambas, la responsabilidad recae en el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con su satélite, Fondo Nacional de
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) y su arma, el
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Los presupuestos son llevados al
extremo de la supervivencia y no dejan margen para la inversión en
infraestructura, servicios y recursos humanos.
Las limitaciones en el manejo presupuestal, más que un tema de
recursos, es de naturaleza dogmática: “los funcionarios son dispendiosos”. Desde
la Presidencia de la República y el Premierato, debe haber convencimiento
que las necesidades insatisfechas son múltiples y que es indispensable invertir
para encaminarse hacia soluciones. Esa filosofía transmitida desde el más alto
nivel debe llegar al MEF y Fonafe, que en los últimos 26 años han gozado de
extraterritorialidad.
Adicionalmente hay necesidad de un cambio generacional en la
empleocracia, para ello se necesitan fondos para efectivizar pagos para
jubilaciones anticipadas; así conseguiremos un nuevo perfil de empleado; joven,
ávido de ascenso y más conectado con la modernidad.
Finalmente, tiene que erradicarse en el funcionario el temor a
decidir, esto ocurrirá siempre y cuando exista una Contraloría propositiva en
lugar de persecutoria como la es hoy en día; ello significará cambiar sus
normas, las que deberán aprobarse en el Congreso.
Como observan la tarea no es nada fácil, pero si no se actúa en
este sentido ningún cambio significativo se dará en el aparato empresarial
estatal.