Las lecciones de nuestra guerra de bonos con Argentina, por Paul Singer
El 22 de abril, cuando la República Argentina completó su
acuerdo con los mayores tenedores de bonos impagos desde el default de más de
US$80.000 millones de 2001, un capítulo único en la historia del mercado
internacional de bonos llegó a su fin. Elliott Management, la empresa que fundé
y que administro, era uno de esos titulares, con bonos adquiridos antes y
después de aquella cesación de pagos.
Ríos de tinta han corrido sobre las lecciones que deberían
sacarse de esta saga de 15 años para mejorar el proceso de reestructuración de
deuda soberana. Ahora que este capítulo está por terminar, nos gustaría añadir
nuestra perspectiva al debate.
En 2001, cuando por primera vez invertimos en estos bonos,
creíamos que una reestructuración negociada podría ayudar a evitar el default de
Argentina. También creímos que si participábamos en una negociación podríamos
ayudar a obtener un buen acuerdo para todos los tenedores de bonos del país.
En aquel momento, sin embargo, Argentina optó por el default y
sus líderes se negaron a negociar. En general, las reestructuraciones soberanas
se completan rápidamente; un estudio de 2013 de la agencia de calificación
Moody’s dice que el promedio para ello es alrededor de 10 meses. Pero pasaron
casi tres años antes de que el gobierno argentino pusiera siquiera una oferta
sobre la mesa.
Cuando finalmente negoció, ofreció a los tenedores de bonos
—incluyendo muchos tenedores argentinos— una oferta del tipo “o lo tomas o lo
dejas” de nuevos bonos que pagaban de 30 centavos por cada dólar adeudado en los
viejos bonos. Los líderes argentinos incluso dieron el extraordinario paso de
sancionar una ley que prohibía pagar a cualquier tenedor de bonos que hubiera
rechazado esa oferta.
A pesar de estas tácticas coercitivas, más de la mitad de los
tenedores extranjeros rechazó los términos unilaterales del país. En 2010,
Argentina repitió la oferta de 30 centavos. Muchos de los participantes en este
segundo intercambio eran tenedores de bonos que habían sido afectados por la
crisis financiera global o que simplemente estaban cansados de esperar.
En ese momento, el gobierno argentino bien podría haber
negociado con facilidad un acuerdo con los restantes tenedores de bonos y
superar el default de 2001. Como habíamos hecho antes, nuevamente intentamos
iniciar una negociación con Argentina.
Nuestros pedidos cayeron en oídos sordos. Lejos de negociar,
los líderes argentinos decidieron usarnos como chivo expiatorio de los
crecientes problemas económicos del país, insistiendo en que los tenedores de
bonos como nosotros nunca cobrarían un solo peso.
En 2012, el tribunal de Nueva York encargado de supervisar las
disputas sobre estos bonos ordenó a Argentina de cumplir con la cláusula de
trato igualitario del contrato, lo que significa que no podía seguir haciendo
los pagos de los bonos reestructurados a menos que arreglara su disputa con los
tenedores de los bonos originales.
Argentina se negó a cumplir con el fallo de la corte o a
negociar con los acreedores. En cambio, decidió entrar en default con los nuevos
bonos y fue declarada en desacato por evadir el cumplimiento de órdenes
judiciales.
A finales de 2015, los argentinos eligieron un nuevo gobierno.
En ese momento, el país estaba en default con múltiples clases de tenedores de
bonos y aislado de los mercados financieros internacionales. Con la economía
afectada por una inflación galopante y la fuga de capitales, no es de extrañar
que la gente votara por un candidato cuyo lema era “Cambiemos”.
El nuevo gobierno entiende que el camino hacia la prosperidad
tenía que empezar con un nuevo compromiso con la economía global y una rápida
resolución de la disputa con los acreedores.
Nuestra antigua oferta de negociar finalmente halló una
respuesta positiva. En enero comenzó la primera negociación en 15 años. Al igual
que con cualquier negociación, hubo fuertes diferencias por ambas partes, pero
el nuevo gobierno reconoció que se trataba simplemente de una disputa comercial
y no una guerra ideológica. Ese cambio de mentalidad permitió que las
conversaciones avanzaran con respeto mutuo y con un interés común en resolver el
problema.
Una vez que nos sentamos con alguien dispuesto a negociar, la
solución estaba a la vista. En febrero llegamos a un acuerdo que implicó un
descuento significativo pero aceptable desde nuestro punto de vista, que ha sido
ya pagado gracias al regreso en tiempo récord de Argentina a los mercados
internacionales de capital.
A lo largo de esta saga, ciertos comentaristas y políticos
argumentaron que las acciones coercitivas impuestas a Argentina por tribunales
de Estados Unidos han creado un precedente negativo para futuras
reestructuraciones de deuda soberana. Estas personas afirman que los tenedores
de bonos ahora tienen pocos incentivos para negociar una solución.
Esta línea de pensamiento es errónea y podría llegar a
paralizar los mercados de deuda soberana.
Ante la ausencia de una autoridad capaz de hacer cumplir los
fallos judiciales, el valor de los bonos soberanos de crédito dudoso podría
rápidamente desplomarse a la primera señal de problemas. Después de todo, ¿quién
va a querer este tipo de bonos si los titulares no pueden hacer valer sus
derechos y los países pueden pagar lo que ellos quieran y a quienes ellos
quieran? Un mundo así sería mucho más caótico que el que tenemos ahora gracias
al imperfecto conjunto de alternativas legales con que cuentan los
inversionistas.
Tiene que haber un justo equilibrio de poder entre los deudores
soberanos y sus acreedores. La clave para lograr ese equilibrio es el estado de
derecho. Si algunos soberanos quieren incluir en sus bonos cláusulas que
obliguen a los tenedores minoritarios de bonos a aceptar el voto de cierta
mayoría de acreedores, sin duda tienen el derecho a hacerlo.
Pero si otros soberanos, para lograr menores tasas de interés,
insertan en sus contratos cláusulas amigables con los acreedores, entonces
—parafraseando a un importante fallo del tribunal de apelaciones en nuestro
caso—, obligarlos a cumplir con esas cláusulas es esencial para la integridad de
los mercados de capitales.
Argentina fue descrita por ese mismo tribunal como un caso
extraordinario de “deudor recalcitrante” y la corte adecuó su fallo a las
circunstancias concretas del caso argentino. No es probable que veamos otra
reestructuración tan difícil y polémica como esta, porque no es probable que
otro país quiera emular el enfoque coercitivo y autodestructivo que Argentina
tuvo en este caso.
Si el sector público reacciona exageradamente y trata de
impedir la ejecución de los contratos de deuda soberana, los préstamos soberanos
probablemente se reducirán de manera significativa. La receta para hacer
fracasar este mercado es que los tribunales impidan la ejecución de los
contratos de deuda o aplique un cumplimiento selectivo a los deudores
soberanos.
Las lecciones de este caso son claras: el estado de derecho no
es un pasivo para un país, es un activo. Las reestructuraciones de deuda
soberana pueden ser alcanzadas rápida y fácilmente cuando ambas partes están
dispuestas a negociar de buena fe. Y la clave para asegurar reestructuraciones
oportunas y ordenadas no es viciar la observancia de los derechos contractuales,
sino alentar a los estados que necesitan reestructurar su deuda a que eviten los
costosos e innecesarios errores de Argentina.