Si la nueva ley universitaria tiene un error, ese es permitir que las universidades nacionales se conviertan en territorios liberados. No se trata de violar la autonomía universitaria, pero sí de reconocer que, como algunas privadas, las universidades nacionales tienen un promotor que solventa gastos y financia operaciones: el Estado, es decir, todos los peruanos que pagamos impuestos.
Y es el rector de San Marcos quien decide enfrentarse a quien mantiene gran parte de su presupuesto, el Estado, y decide no acatar una ley. Además de no aceptar, decide impulsar su derogatoria. Entonces, uno se preguntara ¿por qué tanto amor al puesto?
Pues las universidades nacionales ya no viven solo del presupuesto público. Tienen negocios, empresas que permiten administrar presupuestos millonarios, similares a los que otorga el Estado. Amparados en la Ley Universitaria, no pagan impuestos, alegan autonomía ante la Contraloría para no ser supervisados, a pesar de ser empresas públicas. En el caso de San Marcos, solo la administración del Estadio, donde hoy en día se realizan multitudinarios conciertos, es una renta sobre la que no hay explicaciones.
Como en otros casos de quienes se oponen al cambio, se requiere mano dura y
voluntad política. Las universidades deben dejar de ser feudos administrados por
camarillas que no deben explicación a nadie.