El problema de la regulación actual es que ha sido realizada por teóricos que nunca han participado en una campaña electoral y menos han manejado una empresa. Por ello, establece límites sin sentido y una serie de trámites engorrosos, pues su objetivo no es transparentar las finanzas partidarias, sino igualar a todos los partidos frente a la competencia electoral. Al final, la ley no logra ni lo uno ni lo otro.
Es como esa propuesta que dicen que ha partido de Confiep para formar un fondo empresarial para los partidos políticos, que sea administrado por la ONPE y que otorgue un determinado porcentaje por igual a todos los partidos y otro porcentaje dependiendo del resultado de las elecciones. Por ejemplo, las empresas mineras terminarían solventando a Tierra y Libertad. Es evidente que es un proyecto diseñado por algunos ejecutivos de las empresas y no por los empresarios, es decir, por los propietarios de las mismas.
El tema del financiamiento partidario es sencillo y debe guiarse por dos
criterios: sencillez y transparencia. Además de sanciones fuertes e inmediatas
para quienes no cumplen. Hay que permitir que exista competencia, pero
transparente.