¿Qué hará el Gobierno ante el engaño en la exportación del Gas Natural Peruano?
Laudo de Tribunal Arbitral Internacional confirma que el
destino no era los Estados Unidos
Por César Gutiérrez
El gobierno “humalista” de la era Cateriano, se esfuerza en
mostrarse como defensor de hacer prevalecer el principio de autoridad del estado
y a nombre de ello el pasado viernes ha decretado el estado de emergencia en la
provincia de Islay, en la región de Arequipa; ante las protestas por el proyecto
“Tía María” a cargo de la empresa Southern Perú Cooper Corporation, propiedad
del Grupo México. Dice el Ejecutivo que no defiende los intereses de la empresa,
pero sí el estado de derecho ante el exceso de “grupos antimineros”. Esperamos
que tenga la misma actitud ante los excesos cometidos en la exportación del gas
natural (GN), producidos en el lote 56, ubicado en la región Cusco; donde el
pronunciamiento del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativos a
Inversiones (CIADI), con sede en Washington; del pasado 21 de mayo, determinó
que los demandantes, productores de GN del mencionado lote; deberán pagar al
demandado Perupetro, que representa al estado peruano; la suma de 50 millones de
dólares por regalías no canceladas de exportaciones cuyo destino final declarado
fue Estados Unidos, pero que en realidad no era ese, sino que fueron
reexportados al Asia, Europa y Brasil. Es decir hubo engaño al estado por parte
del “trader” del gas natural licuado (LNG), la española Repsol Comercializadora
de Gas SA, con sede en Madrid.
Esta historia tiene larga data, corresponde a un proceso
arbitral presentado ante el CIADI el 11 de septiembre del 2012, por las empresas
que forman el consorcio productor del lote 56: v Hunt Oil Company Perú LLC,
sucursal Perú v Pluspetrol Lote 56 SA v Pluspetrol Perú Corporation
SA v Repsol Exploración Perú Sucursal Perú v SK Innovation, Sucursal
Perú v Sonatrach Perú Corporation SA v Tecpetrol Lote 56 SA
Las referidas pretendían que se declarase infundado el reclamo
de la agencia estatal Perupetro SA, que exigía un pago por 45.47 millones de
dólares, dado que un informe de la consultora Galway Group LP, demostraba
fehacientemente con información de la estadounidense Federal Energy Regulatory
Commission, que el LNG peruano exportado supuestamente a los Estados Unidos,
entre agosto del año 2010 y mayo del 2011, en 10 embarques, había sido
reexportado entre octubre y mayo de los mismos años. Esto significaba un pago de
menores regalías para el estado peruano, pues cuando el destino del LNG era USA,
el precio de referencia de liquidación era entre 4.00 y 2.00 dólares por millón
de BTU (US $/MMBTU), mientras que en caso el destino era Brasil, España, Reino
Unido, India, Japón y Corea, era entre 12.00 y 9.00 US $/MMBTU, es decir del
orden entre el triple y cuádruplo.
Hoy que ya se sabe que la razón asistía al estado peruano, es
importante determinar responsabilidades y exigir sanciones ejemplarizadoras. No
es suficiente que el debate se circunscriba en los millones de dólares que
deberá cancelarse por reintegro de regalías, sino por la actitud mendaz. El
dinero, que no es desdeñable, en este caso no es lo más relevante, muchos
querrán llevar la noticia por este lado, a envestir trapo como dicen en la
tauromaquia. No señores aquí debe quedar claro para el mundo que al Perú se le
respeta y que no se viene hacer negocios con autoridades ingenuas y
complacientes.
Para entender por donde vino el engaño y quiénes son los que
deberán asumir las responsabilidades, antes que nada hay que referir a la
empresa encargada de comprar el LNG en la planta de Pampa Melchorita, ella fue
en ese momento Repsol Comercializadora de Gas SA, subsidiaria de Repsol SA; que
tenía a cargo la toma del producto en el muelle de embarque y declarar el
destino. Éste es el eslabón inicial de la mendacidad, se supone que ellos
mintieron a la empresa exportadora, Perú LNG, donde los propietarios eran:
Repsol YPF SA, Hunt Oil Company, SK Energy Company Ltd y Marubeni Corporation.
Las mencionadas a la vez comunicaron el hecho a los productores del lote 56, que
ya han sido reseñados, siendo el encargado de la operación de campo, Pluspetrol
Perú Corporation SA, la que debió hacer un seguimiento, pues ella era la
encargada de reportar a Perupetro SA, que es la entidad que liquida y percibe
las regalías, para luego distribuirlas entre gobiernos regionales, locales,
instituciones, fondo y la caja fiscal.
Larga cadena de responsabilidades, donde lo que más llama la
atención son dos hechos: que la multinacional Repsol participaba en toda la
cadena del negocio (producción, licuación, exportación y colocación en los
mercados de destino) y que la operadora Pluspetrol, haya actuado tan
desprolijamente por decir lo menos. El reintegro por regalías no canceladas
corresponderá al consorcio productor del lote 56, el cual deberá replicar en
Perú LNG y éste sobre Repsol Comercializadora de Gas SA. Por supuesto que habrá
que recarcular el impuesto a la renta que corresponde a la Sunat, se supone que
deberán haber hecho provisiones, dado que el resultado del arbitraje era una
contingencia.
Corresponderá a Perupetro, no solo el cobro, sino una sanción
por el hecho y sobre ellos deberá apuntar los reflectores, incluido al
Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Economía y Finanzas y la
Presidencia de la República, a quienes representan los directores de la agencia
estatal. Esperamos la palabra del Premier Pedro Cateriano, a ver si el énfasis
del respeto al estado también es reiterado en este caso, equidad de
comportamiento es lo único que exigimos.