Un ataque desde la izquierda - Por JUAN CARLOS VALDIVIA - CORREO SEMANAL
Un ataque desde la
izquierda
Quizás
el efecto más importante producido por la crisis de Tía María sea la necesidad
de definiciones de las diversas fuerzas políticas. Es claro que sectores
radicales de la izquierda están utilizando el momento producido para
generalizar una situación de violencia en el país.
Se
trata de aprovechar la situación de debilidad económica producida por la
desaceleración, para impedir que proyectos de desarrollo en el sur del país
puedan concretarse. Lo que se está produciendo es un ataque al modelo económico
con el fin de reemplazarlo por la propuesta de un retorno al agro, de un
respeto a las viejas tradiciones de las comunidades campesinas, a la que hay
que alejar del poder perturbador del dinero de la minería.
Lo
que vamos vivir las siguientes semanas es una proliferación de conflictos que
buscan paralizar al país, de tal manera de afectar los resultados económicos y
con ello generar serios cuestionamientos al modelo con vistas al próximo
proceso electoral. Solo en los próximos días se anuncian movilizaciones en el
sur contra Majes Siguas 2, contra otros proyectos mineros y finalmente una gran
paro macro regional contra la minería.
El
problema es que no hay quien enfrente esta oleada de violencia. El presidente
Humala hace tan solo dos semanas afirmaba que la minería no era esencial, para
luego en su discurso el pasado viernes reconocer su importancia para el
desarrollo nacional. Su falta de convicción genera situaciones de indefinición
que cuando los conflictos estallan tratan de ser resueltos con el auxilio de la
fuerza.
Lo
que el gobierno no ha tomado debida nota es que hay territorios en el país
donde su autoridad no es reconocida. Y no solo se trata de su incapacidad de
recuperar el orden. Ya hasta los jueces de la zona responden a esa concepción
de sociedad que plantea Arana y sus huestes, lo cual hace risible todo esfuerzo
de la policía nacional de tratar de imponer el orden siguiendo las reglas de la
democracia. Si los alcaldes y los jueces comparten una visión, si nuestra
policía se enfrenta a sus fuerzas de ataque (espartambos, huaraqueros,
reservistas), quiere decir que hay un Estado dentro del Estado peruano. El
presidente está incumpliendo su deber constitucional de preservar la integridad
del territorio nacional.
Pero
mientras este escenario se plantea en el sur del país, nuestros políticos
juegan a la democracia. Planifican las elecciones del próximo año, contratan
costosos asesores extranjeros y cuidan sus declaraciones sin importar los
intereses nacionales. Nuestros políticos están contando votos en cada
declaración, en cada acción que realizan.
Es
cierto que el gobierno de Humala se ha enemistado con todo el espectro
político, de derecha a izquierda. Nunca entendió que en democracia se gobierna
con dudas y murmuraciones, y por ello la necesidad de generar consensos a
través del dialogo. Nunca se usó el arte del convencimiento, sino la estrategia
de ataque y defensa. Pero a pesar de todo ello, es necesario evitar que el
esfuerzo de los últimos veinte años se desperdicie y se pierda ante el embate
de la izquierda. No se trata de un proyecto minero sino del modelo de
desarrollo que ha permitido reducir la pobreza en cuarenta puntos
porcentuales.
Hay
que hacer frente a quienes con demagogia quieren cortar el camino hacia el
desarrollo en el cual nos encontrábamos. Pero para ello nuestros políticos
tienen que ponerse por encima de las pequeñeces electorales. Mientras hay
quienes desde la izquierda hacen política y logran que su modelo de sociedad
sea planteado como un ideal, no hay quienes asuman el liderazgo en la defensa
del sistema que ha mostrado éxitos en reducir la pobreza. Hay que tener cuidado
con la forma como se decide enfrentar a los enemigos de la libertad económica.
Pero está claro que no es una responsabilidad que podemos dejar en Ollanta
Humala y su gobierno.