Tía María ha ratificado no solo que estamos ante un gobierno improvisado e incapaz, motivo por el que este lustro será calificado como perdido económicamente.
Trascendiendo este experimento humalista, ha desnudado otra vez el Estado fallido al que hoy hemos arribado, deslegitimado hasta el tuétano, con una clase política que es expresión vívida del Gobierno y un sector empresarial desconectado y por ende muy poco involucrado con la realidad social en la que actúa.
La nueva derrota de Tía María es de todos, es verdad, pero sobre todo de los peruanos “de a pie”, de los que no tenemos cargos públicos y no aspiramos a tenerlos, que intentamos con mucho esfuerzo mantenernos dentro de la formalidad cumpliendo la ley, pero ¡ay! de nosotros si algún funcionario de alguna entidad estatal (Sunat, municipalidades, Defensa Civil, ministerios, etc.) presume o advierte que le estamos “sacando la vuelta”.
Para nosotros el Estado de Derecho (al que aludía el Presidente el viernes) tiene total vigencia, y se aplica sin dudas ni murmuraciones. Y claro no armamos piquetes ni rompemos vidrios, tampoco chantajeamos a nadie ni pedimos “lentejas” como esa izquierda, menos nos atrevemos a agredir o asesinar policías con pedradas.
Tía María demuestra una vez más que el Estado y la ley no rigen por igual en el Perú. Que hay “zonas liberadas” dependiendo del grado de violencia que uno use frente a un Estado que es rápido, eficaz y contundente con algunos pero lento, excesivamente contemplativo, dialogante, pero finalmente torpe e ineficaz con otros. Si esos “otros” son muchos o pocos, es otra discusión.
Lo cierto, y a lo que voy finalmente, es que no es posible hablar de vigencia
de Estado de Derecho en el Perú y menos de ciudadanía si el piso no está parejo
y la ley no se aplica por igual para todos.