Una fiscalía contra el lavado de activos ha dispuesto abrir investigación
preliminar contra el presidente regional del Callao, Félix Moreno Caballero, y
el empresario Óscar Peña Aparicio, conocido como “el rey de las medidas
cautelares en el sector pesquero”, por la venta presuntamente subvaluada de
terrenos en el Fundo Oquendo y en Ventanilla, de más de 300 mil metros
cuadrados.
La disposición, emitida y firmada por el fiscal Ricardo Rojas León el 26 de
enero pasado, obedece a un pedido que en julio de 2014 realizó una fiscalía
anticorrupción, la que después de efectuar indagaciones contra los mismos
personajes por peculado, colusión agravada y negociación incompatible, remitió
al sistema “antilavado” las razones por las cuales considera que los mismos
personajes debían ser auscultados por “blanqueo” de capitales.
El fiscal Rojas ha decidido que en el lapso de 180 días Moreno y Peña deben
responder por la subasta de dos terrenos: en el Fundo Oquendo, de 70,630 metros
cuadrados, y en la Parcela Ventanilla, de 247,155 metros cuadrados. En ellos se
habría gestado una operación –según la Fiscalía– de presunta subvaluación por el
orden de US$ 12 millones.
Pero, además de Moreno y Peña, serán investigados también los funcionarios
regionales Miguel Ángel Ascencios Vega, Marco Antonio Palomino Peña, Eber
Adalberto Ramírez Sánchez y José Julián García Santillán, así como Óscar Peña
Macher, representante de algunas de las empresas que participaron en los hechos
denunciados e hijo de Peña Aparicio.
PRIMER CASO Esta historia empieza en marzo de 1987, cuando una empresa
denominada Victoria Industrial SA –hoy Promotora Oquendo– donó un terreno de
70,630 metros cuadrados a la antigua Corde Callao, que hoy es el Gobierno
Regional del Callao.
En abril de 1988 una resolución suprema del primer gobierno de Alan García
dispuso que el objeto del terreno debía ser la “edificación de un centro de
acopio y mercado mayorista”, tal como lo había señalado la donación de los
propietarios de Victoria Industrial SA. Pero en 2011, Félix Moreno y sus
funcionarios le dieron al terreno un destino distinto.
El 19 de mayo de 2011 la gestión de Moreno subastó el inmueble por US$
5’096,405, a pesar de que una tasación comercial efectuada por dos peritos
judiciales la valorizó en US$ 17’507,500. Como el proceso se declaró desierto se
convocó a una segunda subasta en junio de ese año, esta vez, con un precio base
10% menor: US$ 4’586,765.
La empresa que se adjudicó los más de 70 mil metros cuadrados fue
Inmobiliaria Estefanía SAC, de Óscar Peña Aparicio y Óscar Peña Macher, quienes
tiempo después firmaron la minuta de compra-venta con el gobierno regional. Pero
en la subasta se detectaron irregularidades que motivaron las posteriores
indagaciones fiscales.
VINCULADAS A PEÑA Resultó que las cuatro empresas que pugnaron en la
primera y segunda subastas estaban relacionadas, todas, a Óscar Peña Aparicio:
Doña Licha SAC, LSA Enterprises Perú SAC, Inmobiliaria Estefanía y Edferhope
EIRL. Esta última, estaba registrada a nombre de un personaje que vive en San
Juan de Lurigancho y que, según la Fiscalía, está vinculado a Peña.
“Se observa la existencia de los mismos socios propietarios de distintas
empresas, las que se habrían presentado a la subasta pública con la finalidad de
obtener la buena pro de todas formas, lo cual habría sido de conocimiento de los
funcionarios que intervinieron en este proceso”, señala el fiscal
antilavado.
Según la autoridad, ello “permitió que se adquiriera (el inmueble) a un
precio subvaluado, evitando la posibilidad de incrementar el precio a favor del
Estado, situación que habría sido efectuada con acuerdo de los funcionarios del
gobierno regional”.
SEGUNDO CASO La fiscalía contra el lavado de activos también compromete a
Félix Moreno y a sus principales funcionarios, a Peña Aparicio, a su hijo Peña
Macher y al empresario Gustavo Enrique Ugarte Chávez en una segunda operación
que implicó la adquisición vía subasta de un terreno de 247,155 metros cuadrados
de la Parcela Ventanilla, por S/. 7’110,200.
Once postores mostraron interés por la subasta pero solo cinco recibieron los
sobres del comité especial. Entre ellos, de nuevo Edferhope EIRL, vinculada a
Peña, y Pesquera Liviamar SAC. Finalmente, Edferhope desistió y dejó expedito el
camino para que Liviamar se quede con el terreno, empresa que pagó solo S/.
1,258 adicionales sobre el precio base del inmueble ofertado.
El fiscal Rojas ha ordenado a su personal investigar el patrimonio de Félix
Moreno y de sus funcionarios José Julián García Santillán (gerente general del
gobierno regional), Eber Adalberto Ramírez Sánchez (gerente regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial), Marco Antonio
Palomino Peña (gerente de Asesoría Jurídica) y Miguel Ángel Asencios Vega
(servidor público).
“De acuerdo a las denuncias formalizadas se habrían beneficiado
económicamente con la subasta pública de los dos predios ubicados en la Av.
Néstor Gambeta s/n, ex Fundo Oquendo… con un área de 70,030 m2, y Parcela
Ventanilla I, distrito de Ventanilla, provincia del Callao, con un área de
247,155.99 m2, por un monto superior a los US$ 12’000,000”, señala la
disposición fiscal.
Cabe recordar que una de las empresas de Peña Aparicio, LSA Enterprises Perú
SAC, figura en la relación de aportantes a la campaña electora de Gana Perú, en
el año 2011, como uno de los principales donantes de dinero: S/.
83,100. lamula.pe