Mineras en Chile en guardia ante inminente reforma laboral
Un
proyecto de reforma laboral en Chile, que busca fomentar la sindicalización y
modificar la negociación colectiva, amenaza con convertirse en un nuevo dolor de
cabeza para las empresas mineras, justo cuando intentan batallar contra débiles
precios del cobre y un galopante aumento en sus costos.
El
Gobierno prometió enviar la iniciativa al Congreso el 29 de diciembre y, pese a
que se mantiene en reserva su contenido, trascendió que recortaría plazos para
los contratos colectivos y modificaría el derecho de contratar reemplazos ante
una huelga.
La
incertidumbre sobre la estabilidad de las reglas podría retrasar una parte de
las inversiones mineras, previstas en 104.000 millones de dólares para la
próxima década, afirman algunos ejecutivos del sector.
"No
es el momento para hacer una reforma laboral radical, porque hemos tenido
demasiados cambios y cada cambio genera incertidumbre", dijo a periodistas el
presidente de la chilena Antofagasta, Diego Hernández.
La
iniciativa laboral forma parte de una serie de reformas prometidas por la
presidenta socialista Michelle Bachelet en su ofensiva contra la desigualdad en
el país, y el Gobierno ha dicho que se implantará de forma
"gradual".
Pero
los cambios que trascendieron son particularmente sensibles para la industria
minera, sobre la que trabajadores sindicalizados y de empresas contratistas
suelen ejercer mucha presión en demanda de mejores condiciones
laborales.
Los
envíos de cobre representan más de la mitad de las exportaciones de Chile, cuya
economía atraviesa por una fuerte desaceleración que empresarios atribuyen en
parte a la cautela en las inversiones por la incertidumbre sobre las
reformas.
"Lo
que tenemos son los titulares de la reforma y lo que hemos manifestado es que
nos gustaría mucho (...) conocer las propuestas que van a hacer para poder
aportar y tener una buena legislación", dijo Alberto Salas, presidente de la
empresarial Sociedad Nacional de Minería (Sonami).
Algunas
faenas en las minas de Chile, el mayor exportador mundial de cobre, han sufrido
paralizaciones temporales en los últimos años por reclamos de trabajadores, lo
que ha presionado el precio del metal en los mercados internacionales.
El
Consejo Minero -que agrupa a las mayores firmas productoras- está evaluando el
posible impacto de los cambios que prepara el Gobierno en materia laboral. Pero
su presidente, Joaquín Villarino, declinó opinar "hasta que no tengamos una
posición consensuada".
GIGANTES
EN VILO
La
industria del cobre en Chile es liderada por la estatal Codelco, pero también
tienen fuerte presencia gigantes como BHP Billiton, Glencore y Anglo American y
Antofagasta Minerals.
Las
modificaciones al marco laboral ocurren en un año marcado por la aprobación de
una millonaria reforma tributaria y la discusión de profundos cambios al sistema
educativo del país.
En
un intento por poner paños fríos a las quejas de los empresarios, la ministra de
Minería, Aurora Williams, comentó que las preocupaciones del sector se han hecho
llegar y "el Ministerio del Trabajo la va a evaluar en su justa
dimensión".
Pero
incluso los mismos representantes de los trabajadores se han quejado de no tener
acceso al diseño de la reforma que presentará el Gobierno y de desconocer la
contundencia de los cambios.
Ante
la disconformidad, la semana pasada el Gobierno se reunió con sindicatos para
precisar los contenidos.
¿REFORMA
RAZONABLE?
La
Federación Minera de Chile, que agrupa a trabajadores de las empresas privadas
del sector, emitió un comunicado donde difundió contenidos de la eventual
reforma y pidió garantías adicionales.
Entre
las modificaciones que impulsaría el Gobierno está la de extender beneficios a
los trabajadores que se sindicalicen, ampliar el universo de quienes pueden
negociar colectivamente, derecho a huelga irrenunciable y sin
reemplazo.
Además,
figura establecer cada contrato como piso para el siguiente, ampliar las
materias a discutir además del salario y simplificar el proceso y los plazos de
la negociación colectiva.
Pero
los trabajadores también piden la derogación de un artículo sobre la
desincorporación de trabajadores por invalidez y mayores garantías en salud y
seguridad laboral.
El
senador del oficialista Partido Socialista Juan Pablo Letelier dijo a Reuters
que la modificación a la legislación laboral "es una reforma necesaria pero
tremendamente razonable".
"No
va a ser algo que genere una carga especial para los proyectos mineros en lo mas
mínimo", afirmó.
Mientras
el legislador consideró "excesivo" que algunos contratos colectivos tengan
duración de cuatro años y dijo que se debe debatir cuál es un plazo razonable,
Hernández de Antofagasta consideró que ese punto no se debería
ajustar.
"Hoy
el mínimo es dos años y máximo cuatro años que me parece que es bastante
adecuado. Reducirlo a un año estaríamos en constantes negociaciones colectivas y
eso no le hace bien ni a los trabajadores ni a las empresas", apuntó el
ejecutivo.