El ministro de Defensa de Chile, Jorge Burgos, acaba
de anunciar “que reactivará la derogatoria de la Ley Reservada del Cobre”(La
Tercera 14/12/14), empeño que no consiguió en su primer mandato la presidenta
Michelle Bachelet, por la férrea parlamentarios de la oposición, como José
Antonio Kast y Felipe Ward del partido Unión Demócrata Independiente (UDI). El
expresidente Sebastián Piñera también prometió, sin cumplir, derogar esta ley,
que atenta contra la paz de la región.
La Ley Reservada del Cobre (Ley N° 13196) es la que
financia la compra de armamentos en Chile, que si bien fue creada hace 57 años
(1958), se modificó en el gobierno del general Augusto Pinochet (1987), cuando
se dispuso que pase del 15% de las utilidades de la minera estatal Codelco al
10% de sus ingresos por las exportaciones de cobre, con lo que este ingreso
creció.
Si bien a fines del siglo XX, este financiamiento
anual se situaba en un “piso” de US$220 millones, se multiplicó por seis debido
al incremento del precio del cobre en la última década, que pasó de US$0.71 la
libra en el 2002 a US$4 en el 2011, y este piso terminó siendo un techo de
US$1,486 millones.
El experto chileno Eduardo Santos, sostiene que
Codelco, en la última década, ha transferido a las Fuerzas Armadas chilenas
(FFAA) nada menos que US$ 11,726 millones (agencia de prensa alemana DPI
26/05/14), de los que ya se ha gastado US$ 6,472 millones (55%) en: 46 aviones
de caza F16, ocho fragatas misileras, tres submarinos nucleares Scorpene, 300
tanques Leopard ….. y sigue una lista interminable.
Es decir, aún resta en este fondo otros US$ 5,254
millones más los intereses; a lo que hay que agregar a partir de fines del 2014,
un aproximado de US$1,200 millones y así sucesivamente todos los años. A este
paso, es muy probable que el vicealmirante José Miguel Romero Aguirre, Jefe del
Estado Mayor Conjunto de las FFAA chilenas, nos sorprenda cualquier día con el
anuncio de que ha comprado un inmenso portaviones llamado “Arturo
Prat”.
Perú, en el segundo gobierno de Alan García
(2006-2011), apenas gastó un promedio de US$ 70 millones anuales, con el que se
llegó a los S/. 1,000 millones del programa Núcleo Básico de Defensa (NBD);
mientras que el presidente Ollanta Humala lleva comprados: un satélite a Francia
por US$ 213 millones, 20 aviones coreanos KT-1P por US$ 150 millones -de los que
se han entregado hasta el momento dos aviones- y 24 helicópteros rusos MI-171Sh
por US$ 407 millones. Es decir, en todo el quinquenio de su mandato apenas
gastará lo que Chile puede gastar en un año.
Es por ello que la iniciativa del ministro Burgos,
vista a lo lejos parece pertinente, porque frenaría de algún modo la febril
carrera armamentista de nuestros vecinos del sur, sin embargo, un mayor análisis
del documento que ingresará a discusión en la Cámara de Senadores de Chile, no
nos indica que se está disminuyendo el aporte anual de Codelco, sino que se
plantea tímidamente que se establezca un presupuesto plurianual con un horizonte
de 12 años. Es decir, mocos por babas.
Curiosamente, ahora los mayores defensores de esta ley
que fomenta el armamentismo chileno y por ende, los continuos exabruptos de sus
autoridades contra el Perú, no son los parlamentarios simpatizantes de Pinochet,
sino que muchos de los aliados de la presidenta socialista Bachelet, como el
expresidente del Senado, Jorge Pizarro.
Mientras la FFAA chilena disponga de un presupuesto de
más de US$6,000 millones para comprar armas, la cordial vecindad con el Perú
siempre estará plagada de desencuentros porque esta es la única excusa de la que
se valen los mercaderes para disimular estas millonarias adquisiciones.
En otras palabras, si se soluciona el reciente
conflicto por el Triángulo Terrestre entre Perú y Chile, inventado luego del
fallo de La Haya para delimitar la frontera marítima, es muy probable que hasta
se puedan inventar un nuevo conflicto por el “Triángulo Aéreo”. Total, cualquier
pretexto es bueno para seguir comprando sin mayor discreción estos artefactos de
la muerte.