Parece que el gobierno de Ollanta Humala ya perdió la brújula. La reciente ley que establece una nueva modalidad para el empleo juvenil no pudo ser más inoportuna, y probablemente se convierta en el catalizador para que se tomen las calles. Un Gobierno débil no puede pretender enfrentarse a un sector tan importante como el de los jóvenes.
¿Cómo explicar que una economía sólida y que crece más que la de sus vecinos -como se afirma desde el MEF- requiera relajar las condiciones laborales para los jóvenes? ¿Y cómo hacerlo en medio de una situación crítica por las acusaciones que se realizan diariamente sobre el Ejecutivo? ¿Quién se puede creer el carácter voluntario de esta norma?
Si se pretendió formalizar el empleo, esta norma debió estar acotada para la pequeña y microempresa, o debió generar incentivos más claros para la capacitación de quienes inicien su vida laboral a través de esta ley. O compensar la pérdida de derechos laborales por un incremento en el salario, estableciendo un sueldo mínimo mayor para quienes entren a trabajar en el marco de esta nueva ley.
Pero está visto que el Gobierno terminará por retroceder. Como ya ha sucedido
en otras oportunidades, donde la incapacidad para entender, y el escaso debate
parlamentario que tienen las propuestas que vienen desde el Ejecutivo, hacen que
se cometan excesos que luego deben ser corregidos. Y se escogió la peor
coyuntura para pretender hacer este tipo de reformas. Lamentablemente, este
Gobierno parece haber perdido la brújula.