Denuncian a presidente regional de Madre de Dios por negociados de Belaunde
PJ pide a Fiscalía incluir a autoridad antecesora por
inconclusa remodelación de colegio Fitzcarrald
La Corte Superior de Justicia de Madre de Dios emitió el pasado
10 de noviembre, una resolución en la que resuelve denunciar ante al
Ministerio Público a varios funcionarios y otros involucrados en la
remodelación del colegio Carlos Fitzcarrald, obra adjudicada al consorcio
del mismo nombre, que integraba la empresa Antalsis S.L., representada
por el prófugo Martín Belaunde.
El expediente N° 98-2014-6-62701-JM-CI-01, al que Exitosa tuvo
acceso, establece que, a través de diferentes acciones, perjudicaron al
Estado las siguientes personas: Jorge Aldazábal y Luis Aguirre
Pastor (presidente regional de Madre de Dios y su antecesor,
respectivamente), el funcionario Carlos Sánchez Mafaldo, el
representante del consorcio Fitzcarrald Franco Robles Gomero, el
procurador público del Gobierno Regional de Madre de Dios (GRMD) Gustavo
Tapia Montoya, el juez Luis Botto Cayo y todos aquellos que resulten
responsables.
SUS “PECADOS”
Aguirre se ve involucrado porque el consorcio
Fitzcarrald ganó la buena pro en febrero de 2012, durante su gestión;
mientras que Aldazábal está inmerso ya que este año se dieron presuntas
negligencias de parte de sus funcionarios.
Sánchez Mafaldo fue el responsable de la adenda a través de la
cual se varió extrañamente la modalidad de la obra “de precios unitarios a
suma alzada”, recurso a través del cual se habría valido el consorcio para
tratar de resolver el contrato.
Tapia Montoya es quien presenta escritos al Poder Judicial a
fin de revocar una medida cautelar expedida por el Primer Juzgado Mixto de
Tambopata que impedía ejecutar (o cobrar) las cartas fianza emitidas por la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Fianza y Garantía Limitada.
Tapia, según el escrito, debía haber recurrido ante el
Tribunal Arbitral correspondiente y el tiempo que perdió hizo que
tales cartas caduquen, lo que provocó que el gobierno regional no
pueda recuperar el dinero para terminar la obra.
En tanto, Luis Botto Cayo es el titular del Primer Juzgado
Mixto de Tambopata. “Se han venido concediendo medidas cautelares de manera
singular, esto es, sin que exista una suficiente justificación interna en
las resoluciones judiciales y de esta manera favorezcan indebidamente intereses
ocultos”, se menciona en la resolución.
“El juez, desde que tenía a cargo la cautelar, tenía
perfecto conocimiento de este hecho y no obstante que en su resolución ha
ordenado que debe remitirse al tribunal arbitral respectivo, tampoco lo ha
hecho. Ha debido haberse ejecutado esa carta de garantía y no se ha
cumplido con ello”, advierte una fuente judicial.
Este diario trató de comunicarse con Gustavo Tapia
Montoya, pero al cierre de esta edición no contestó nuestras llamadas.