Si Gobierno insiste en propagandizar Petroquímica debe definir política de precios del gas natural
Es una falacia decir que el mercado asigne precio del
gas
Por César Gutiérrez
El gobierno “humalista” desde sus inicios, en el segundo
semestre del 2011, ha saturado las páginas de las secciones económicas de los
diarios anunciando que está cerrando acuerdos para la construcción de una
petroquímica del etano. Con gran desinformación lo asocian y pregonan la
idea que produciremos plásticos. Dos precisiones previas: no sabemos ¿con quién
y cómo es que están llegando a acuerdos?, pues aquí lo que compete es poner en
práctica la llamada ley del etano (ley 29690) y de otro lado no se producirán
plásticos, en caso el cacareado emprendimiento se convierta en realidad, sino
que la producción será de una petroquímica básica, que en base al etano
contenido en el gas natural (GN), producirá etileno y polietileno, que es
materia prima para los plásticos.
El punto neurálgico está en la vocación de vender el etano, del
llamado Consorcio Camisea, autodenominado como Empresas Contratistas del Lote 88
(ECL88). Aquí existen hasta tres temas en cuestión: 1) ¿Qué incentivo tienen las
ECL88, para que decidan invertir en una planta de separación de etano, que es lo
que manda la ley 29690? 2) ¿Cuál será la afectación económica de las ECL 88, por
tener que vender el etano separado del metano? Hoy se vende en el mercado local
y de exportación como una mezcla, al separarlos tendrán que tomar más volumen de
GN para mantener el poder calorífico del gas que requieren los sectores de
generación de energía eléctrica e industrial, que lo usan como combustible. 3)
¿Estarán dispuestas las ECL 88 en vender etano a un precio competitivo para la
industria petroquímica?
Pero no solo lo referido es el nudo gordiano, también lo es el
rol del estado en tratar de promover una industria de valor agregado que use el
GN como insumo. Es razonable que si existiese uno o más interesados en invertir
en una planta petroquímica, los gobernantes de turno se preocupen en cristalizar
el proyecto, pues hoy en el mejor de los casos, cerca del 50% del energético se
desecha al medio ambiente por la baja eficiencia en las centrales
termoeléctricas, no es que las generadoras que sean ineficientes, sino que la
tecnología no permite más rendimiento. Ante esto compete al estado la óptima
utilización de los recursos naturales y tiene el derecho de actuar.
Otra de las caras de este cubo de Rubik, es la herramienta que
tiene el gobierno para lograr que compradores y vendedores del etano, negocien
directamente o participen en un proceso de competencia para asignarse un
volumen. En cualquiera de los casos, si hubiera un precio no competitivo,
deberá intervenir vía Osinergmin, fijando un precio (artículo 4 de la ley
29690); cosa que no se atreve en actitud timorata.
La razón del pánico escénico gubernamental está en que hace
unas semanas se ha iniciado un “bullying” mediático, que pretende mostrar que el
mencionando que artículo 4 de la ley 29690 es anticonstitucional. Se hace
referencia al artículo 62 de la constitución (libertad a contratar), por
supuesto que se olvidan con memoria selectiva del artículo 61 (título III
capítulo I: Régimen Económico), donde se dice claramente: “el estado facilita y
vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de
posiciones dominantes o monopólicas”. Ésta es la llave maestra que se dispone
para que la aspiración se convierta en realidad.
Es más que obvio que las ECL88 no tienen razones para
interesarse en la venta del etano, los tres condicionantes mencionados
anteriormente no les resultan nada favorables y entonces le darán de largas al
tema hasta las calendas griegas. Ya es hora que en lugar de avalar bravatas como
las del ministro del interior, Daniel Urresti, amedrentando impunemente a
policías por no haber construido un segundo piso en una comisaría de Andahuaylas
o haciéndose de la vista gorda ante un asesinato policíaco a un ciudadano en un
desalojo en Cajamarca; se amarre bien los cintos e imponga la ley y el orden en
el terreno económico. Creo en el libre mercado, pero no en los abusos a nombre
de él.