A partir del 18 de octubre los certificados de inspección técnica de
seguridad en edificaciones (ITSE) -que hasta ahora se renovaban cada dos años-
tendrán una vigencia de carácter "indeterminado". Con la medida, decretada por
la Presidencia del Consejo de Ministros a mediados del mes pasado, la
administración Humala ha vuelto a demostrar que donde manda la Confiep nada
tiene que hacer el presidente. Y es que resulta que, al igual que sucediera con
la famosa "ley Coca-Cola", esta disposición ha sido la respuesta a una denuncia
que la cadena de farmacias InkaFarma, propiedad de Interbank, hizo ante el
Indecopi en el mes de enero pasado.
"El decreto debió publicarse hace meses, pero lo retuvieron (en la PCM)
a la espera de que se resolviera un expediente que Inkafarma ingresó al
Indecopi en enero de este año. En él la empresa solicitaba que ninguno de sus
700 locales volvieran a ser inspeccionados ya que siempre habían cumplido con
mantenerlos seguros", explica un inspector del Indeci que trabajó en la
comisión para redactar la nueva norma. El inspector denuncia que nunca se les
había mencionado que la nueva normativa iba a otorgar certificados de vigencia
indefinida.
En junio el Indecopi resolvió a favor de InkaFarma a pesar de la opinión
contraria del Indeci y del Centro Nacional de Estimación, Prevención y
Reducción de Desastres (CENEPRED). Pronto otras empresas empezaron a seguir su
ejemplo. El 13 de agosto Perú Office S.A. interpuso una demanda similar ante
el Indecopi para que lo exoneraran también de nuevas inspecciones
técnicas.
"InkaFarma generó una parafernalia legal para lograr sus propósitos.
¡Llegó a decir que las inspecciones eran ilegales! Si quieren hablar de leyes
que lean la Constitución. Ahí dice que el Estado está obligado a proteger la
vida humana", dice un inspector del Indeci que pide el anonimato.
En agosto del año pasado se creó la "comisión multisectorial" que se
encargaría de modificar el decreto que regulaba hasta entonces las
inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones "atendiendo a su naturaleza
transversal". Participaron en la comisión que elaboró el decreto dos
representantes del CENEPRED, dos del INDECI, dos de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, dos representantes del Consejo Nacional de la
Competitividad y uno de Indecopi. Sin embargo, los inspectores de la
municipalidad denuncian que a ellos jamás se les dijo que se modificaría la
vigencia de las inspecciones. "Cuando salió el decreto nos reunimos con los dos
inspectores del Indeci que participaron en la comisión para saber qué había
pasado. Ellos aseguran que han sido sorprendidos", dice la arquitecta Lucía
Ramos, inspectora de la Municipalidad de Lima.
Tampoco la Municipalidad de Lima fue consultada sobre el cambio de
vigencia en los certificados. "En la redacción del decreto, en realidad, no
participó nadie de la Municipalidad de Lima. A nosotros nos llamaron sólo para
elaborar cuadros técnicos para respaldar un estudio. Nunca nos mencionaron que
iban a cambiar la vigencia de dos años por indeterminada", dice uno de los
inspectores que particípó en la comisión.
De acuerdo con la arquitecta Ramos, menos del 50% de las empresas que
inspeccionan mantiene las condiciones de seguridad luego de recibido su
certificado. "A los dos años encontramos casi siempre nuevas observaciones. Es
evidente que no podemos confiar en la buena fe del peruano", dice. Su
compañero Edgar Vílchez, ingeniero químico especialista en seguridad en
procesos industriales, asiente. "En mi caso, entre el 70 y 80% de las empresas
que obtienen el certificado, dos años después, cuando regreso, ya no cumplen
con las condiciones de seguridad necesarias", asegura.
Así sucedió con la empresa de tintorería industrial Tientesa S.A., cuyo
local se encuentra en la cuadra siete de la calle Víctor Reynel, en el centro
de Lima. La compañía contaba con el certificado de Defensa Civil cuando en
abril de este año los inspectores volvieron para la renovación del
certificado. Sin embargo, al llegar, se dieron con que la edificación ya no
era precisamente segura. Por ejemplo, las paredes y las vigas se habían llenado
de hongos y humedad. También había rajaduras en el piso y en los muros de las
escaleras, y faltaba una mejor señalización. En total se hicieron treinta y
ocho observaciones que la empresa tuvo que subsanar para la renovación. Los
inspectores están seguros de que sólo es cuestión de tiempo para que, al amparo
de este decreto, proliferen casos como este.
"Cada vez que otorgamos un certificado las empresas están obligadas a
mostrarnos un cronograma de mantenimiento. Pero la mayoría no lo cumple", dice
la ingeniera civil Flor Carrasco, inspectora de la MML. "Por eso, cuando
volvemos, casi siempre tenemos que hacer nuevas observaciones. Luego de eso,
les damos tiempo a los propietarios o administradores para que las subsanen.
Nosotros no nos oponemos a la inversión, sólo queremos que se proteja la
seguridad de los ciudadanos", agrega.
"Creer que las empresas se van a autorregular o a autoinspeccionar es
ingenuo", insiste el exministro Herrera Descalzi. "Al menos, la sociedad
peruana no tiene un nivel de madurez que a uno le permita confiar en las
declaraciones juradas de los empresarios. Somos un país donde los casos de
alteraciones de control de calidad son muy frecuentes", añade.
"Existen muchas empresas como Utopía, y este decreto puede servir como una
maniobra para que las empresas puedan zafarse de la vigilancia", dicen los
inspectores. "Es cierto que InkaFarma, hasta entonces, había cumplido siempre
con las medidas de seguridad y saludamos que haya hecho bien las cosas. Pero
ellos sólo pasaban por inspecciones básicas, ya que sus locales no superan los
500 metros cuadrados", señala Flor Carrasco, ingeniera civil especialista en
sanidad.
De acuerdo con los inspectores municipales, la verdadera "barrera
burocrática" que había era la demora en la MML para entregarles a las empresas
sus certificados. "En lo que se debió trabajar es en reducir los tiempos de los
trámites, no en eliminar la fiscalización. Si no volvemos a inspeccionar, las
empresas se van a olvidar de mantener las condiciones de seguridad. La
experiencia nos lo dice. Conocemos la idiosincrasia de nuestra gente",
sostienen los inspectores.
El decano del Colegio de Ingenieros, Carlos Herrera Descalzi, advierte que no
se ha tenido en cuenta que una edificación puede tener vicios escondidos o
puede sufrir una serie de eventos desafortunados, "Yo veo una pared pintada y
no sé qué mezclas se hayan usado para su construcción. No sé en qué condiciones
están las tuberías. Podría haber una fuga de agua que poco a poco comience a
debilitar la pared. Las inspecciones no pueden se de por vida", insiste.
El exministro explica que existen métodos técnicos para determinar cuáles son
los plazos prudentes entre cada inspección técnica. "Habría que ver cómo la PCM
llegó a la conclusión de que esos informes deberían ser indeterminados. No sé
si dos años sea demasiado corto. ¿Pero por qué no pudo ser cada tres o cuatro
años? ¿Qué estudios respaldan esa decisión?", se pregunta. "Ni las licencias de
conducir se otorgan de manera indeterminada porque uno puede sufrir un desmedro
físico. ¿Por qué tendría que ser diferente con las edificaciones?", añade.
Herrera Descalzi insiste también en que se trata de una medida riesgosa sobre
todo para una ciudad como Lima con un largo silencio sísmico. "Recordemos los
terremotos de Haití, Chile y Japón, que sucedieron en un período
relativamente corto. Chile y Japón tuvieron los sismos más intensos, pero Haití
tuvo más pérdidas humanas porque estaban menos preparados. Fue devastador. Y en
Lima no se produce uno así hace muchísimo tiempo", señala. "Es necesario pensar
en prevención. Hoy la economía nos permite invertir en seguridad. Por la
población y la importancia económica que tiene Lima para el país un sismo de
esas magnitudes acá sería desastroso. Por eso no se entiende ese cambio
brusco en la legislación", dice el decano.
"Estamos alarmados con este nuevo decreto. En ningún país del mundo, ni en el
más poderoso ni en el más pobre, se otorga vigencias eternas", dice la
arquitecta Lucía Ramos. La enérgica protesta de Ramos está secundada por los
140 inspectores que trabajan en el área de Defensa Civil de la Municipalidad
Metropolitana de Lima.
Tras la promulgación del decreto la Cámara de Comercio de Lima no tardó en
saludar la disposición sin ocultar que fueron ellos quienes propusieron la
medida. "Se ha atendido un reclamo que venía formulando la Cámara de Comercio
de Lima", dijeron en una nota de prensa. A la "Ley Coca-Cola" hay que sumarle
ahora "el decreto InkaFarma". Nosotros proponemos una receta magistral: ¡Que la
Confiep se mude a Palacio!
María del Carmen Yrigoyen para: Hildebrandt en sus trece