Alertan sobre monopolio de Graña y Montero en almacenamiento de combustibles
Graña y Montero ganó la buena pro de los terminales de
Petroperú en el norte y centro; sin embargo, trabajadores petroleros interponen
acción de amparo.
El consorcio formado por Graña y Montero Petrolera S.A. y
Oiltanking Perú S.A.C. obtuvo la buena pro de la licitación pública para la
operación y mantenimiento por 20 años de los terminales de almacenamiento de
Petroperú ubicados en el norte y centro del país.
El contrato de operaciones empezará el 2 de agosto.
La oferta económica del consorcio ganador fue de U$
0,8709 por barril despachado, por los terminales del norte.
En tanto, la oferta por los del centro fue de U$ 0,9201. Las
inversiones comprometidas para ambos terminales son de US$ 37,2 millones y la
inversión adicional será de US$ 186 millones.
El grupo de los terminales norte corresponde a Eten, Salaverry,
Chimbote y Supe; mientras que el terminal centro, al Callao.
En tanto, el concurso para los terminales del sur (Pisco,
Mollendo, Ilo, Cusco y Juliaca) fue declarado desierto al no presentarse
propuestas. A la fecha estos terminales son operados por Graña y Montero.
Petroperú aseguró que el directorio evaluará en breve el
destino de los terminales del sur; sin embargo, fuentes del sector advierten una
posible ampliación de contrato con el actual operador.
Nuevo monopolio Juan Castillo More,
presidente de la Coalición de Sindicatos de Trabajadores de Petroperú, advirtió
que de darse esta figura habría un monopolio en el almacenamiento de
combustibles, prohibido por la Constitución.
Previendo esta situación, hace dos días el Sindicato Unificado
de los Trabajadores del Petróleo, Energía, Derivados y Afines de la región Grau
presentó una Acción de Amparo sobre los contratos de operaciones de los
terminales de Petroperú, ante el Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de
Justicia de Sullana. La demanda busca dejar sin efecto la apertura de
sobres.
Los trabajadores aseguran que lo más saludable para los
intereses del país y de Petroperú, hubiese sido una adjudicación directa para la
petrolera estatal de todos los terminales una vez concluidos los plazos de
vigencia de los contratos de concesión con Serlipsa y el consorcio Graña y
Montero.