Los sorprendentes vínculos de Óscar López Meneses llegan hasta una
azucarera secuestrada por un grupo de trabajadores hace cinco años. Llamadas
recibidas por el congresista Roberto Angulo, encargado de la investigar a la
empresa enturbian las conclusiones del Informe Final que aquí se adelanta en
exclusiva
El
Caso Andahuasi probablemente terminará siendo incluido en la investigación a
Óscar López Meneses a raíz de la irregular actuación del general PNP (r) Luis
Praeli Burga –amigo del investigado desde que era capitán- quien en su calidad
de jefe de la Séptima Región Policial Lima le dio largas a ejecutar el mandato
judicial del desalojo de Andahuasi por más de ocho meses, pese a que el juez
Walter Checa Carlín había enviado varios oficios para cumpliera con la
Resolución N° 150 del Primer Juzgado Civil CSJH.
Sintomáticamente, tanto Praeli como su antecesor, el general
Oswaldo Hernández Revollé -quien tampoco ejecutó el mandato-, aparecen junto con
López Meneses en la famosa ceremonia en El Potao (8/11/2013) previa al
escándalo. Sin embargo, el general Praeli no solo no brindó apoyo al mandato
judicial. Una fotografía del juez Walter Checa Carlín, encargado del caso
Andahuasi, ingresando a sus oficinas en la Séptima Región Policial, tomada por
la cámara oficial del recinto policial, fue proporcionada por Óscar López
Meneses al semanario Vela Verde para un reportaje en contra del magistrado,
según denunció el ex director de esa publicación, Juan Carlos Tafur, en su
programa de Radio Exitosa (18/11/13).
Así
las cosas, la vinculación de Andahuasi con López Meneses tendría al parecer
larga data y habría empezado al poco tiempo de que una cúpula sindical
encabezada por el actual congresista nacionalista Wilder Ruiz tomara la empresa
por la fuerza para impedir el ingreso de los accionistas mayoritarios que, como
se sabe, son el Grupo Wong. Así llegaron a disponer de una caja mensual de S/.6
millones que fueron pasto de diversas irregularidades, entre las que se cuentan
los dispendios de Ruiz y pagos a diversas autoridades que han sido continuamente
difundidas por la prensa. Según denunció Greco Quiroz, ex gerente general de
Andahuasi, en ese mismo año se habría realizado una reunión conjunta con el ex
ministro aprista Hernán Garrido Lecca, del grupo Bustamante, y López Meneses,
cita en que este último les ofreció el apoyo de la Policía Nacional a los
invasores. Según esta versión, Quiroz, en un inicio, dudó del ofrecimiento, pero
a los tres días de la cita el comisario de Sayán acudió a sus oficinas por orden
expresa del general Hernández Revollé. Por su parte, Garrido Lecca ha negado
enfáticamente cualquier vinculación con estos
hechos.
UN INFORME
AZUCARADO. Más allá
de lo conocido hasta el momento, lo cierto es que el caso López Meneses tiene
conexiones que incluso alcanzan a algunos miembros del actual Congreso. Según se
ha difundido, desde el celular del taxista Francisco Lara Rojas (número
954-717650), que sirvió para solicitar la indebida protección policial, se llamó
cuando menos a los congresistas oficialistas José Urquizo y Roberto Angulo
Álvarez.
El
congresista Angulo confirmó a Cuarto
Poder a inicios de diciembre que recibió dos llamadas (la primera a su
número privado de teléfono celular y la segunda al teléfono de su despacho en el
Congreso) y que él “no recuerda quien lo llamó”, y que como es miembro de la
bancada oficialista y de la Comisión de Inteligencia probablemente lo que
buscaban era involucrarlo en el escándalo.
Sin
embargo, lo que olvidó mencionar el congresista Angulo es que él actualmente es
nada menos que presidente de la Comisión Investigadora de Transferencias de
Acciones de las Empresas Azucareras, que incluyó, a última hora, el Caso
Andahuasi, a petición expresa del congresista Wilder Ruiz, vivamente interesado
en que sus allegados sigan manejando la empresa y sus ingentes recursos.
Angulo se encuentra ahora a punto de aprobar el Informe Final del
Caso Andahuasi, a cuyo texto publicamos en exclusiva. Curiosamente, este
documento sostiene los mismos argumentos esgrimidos por Ruiz y sus aliados del
Grupo Bustamante, que han venido siendo desestimados en innumerables procesos
por el Poder Judicial y por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
Por ejemplo, el texto de marras sostiene, al margen de Ley General de
Sociedades: “que los funcionarios de Andahuasi no tenían facultades para vender
las acciones de Andahuasi al Grupo Wong” (páginas 63-65 del Informe), soslayando
que convocaron a una junta de accionistas para este propósito. O “que el Grupo
Wong no pagó por la compra de las acciones de Andahuasi” (páginas 65-69),
ignorando la existencia de una cuenta bancaria especial con la que se levantaron
las prendas sobre las acciones, pagando a proveedores y otros gastos. Y añade
“que hubo confabulación entre el Grupo Wong y funcionarios de Andahuasi para la
compra de la azucarera” (páginas 69-72), exhibiendo como prueba fotocopias de
cartas proporcionadas por Ruiz y legalizadas por el notario de Huacho Enrique
Lanegra (quien ha negado que tales documentos lleven su sello y firma
auténticos). Más aún, las cartas originales no han aparecido a lo largo de estos
cuatro años.
LA SEGURIDAD POLICIAL COMO
NEGOCIO
Según la denuncia de Greco Quiroz, además del apoyo policial que le
consiguió Óscar López Meneses, este también habría recomendado la contratación
de la empresa Sirius -de propiedad de otro de los amigos de López Meneses, el ex
marino Sergio Gallardo Fleming- para que le brindara seguridad a Andahuasi en
2009. Según el mayor EP (r) Ítalo Ponce, compañero de promoción de la Escuela
Militar de Chorrillos del presidente de la República, Sirius apoyó la campaña
electoral del 2006 con la entrega de dos camionetas 4x4 y varios celulares por
orden de López Meneses desde el penal de San Jorge. Curiosamente, uno de los
principales clientes de la empresa Sirius es Volcan Compañía Minera, cuyos
accionistas mayoritarios, la familia De Romaña Letts, junto con el Grupo
Bustamante, terminaron enfrentados al Grupo Wong en su intento fallido de
comprar Andahuasi.
Las
veleidades comerciales del hoy investigado ex operador ‘montesinista’ han
quedado registradas en la prensa desde el año 2000, cuando López Meneses
apareció en la televisión con resguardo policial, apoyando a la empresa Los
Portales (Grupo Raffo), en una acalorada disputa por un terreno con vecinos de
La Molina (Nota de Agencia Perú de
septiembre del año 2002).
Otro
especialista en desalojos policiales es su amigo Sandro Espinoza Flores, capitán
(r) PNP que apareció en la fiesta de su cumpleaños, abrazado de López Meneses y
varios oficiales de la Policía Nacional del Perú, información que fuera
difundida por el diario La República 15/12/13). Este próspero capitán, que es
propietario de la empresa Police Security SAC, se sospecha que ha ofrecido sus
servicios basándose en la influencia de López Meneses entre la alta oficialidad
policial. El locuaz Espinoza, en varias declaraciones, sostiene que su empresa
brinda “asesoría operativa a sus clientes” y que incluso los propios comisarios
colocan a policías en las empresas de seguridad, de lo que se colige que la
seguridad policial va camino de ser –si no lo es ya- un gran y pujante
negocio.