Voté por ti, pero no me acuerdo por: Mario Saldaña C.
Martes de licencia
Por: Mario Saldaña C.
"Voté por ti, pero no me acuerdo"
Es la frase que diría al menos el 62 por ciento de los peruanos
que, según la última encuesta de Ipsos Apoyo difundida el domingo último en El
Comercio, han hecho uso del voto preferencial.
Efectivamente, el voto preferencial es uno de
los tantos males de nuestro sistema de representación (es un decir) política.
Fue creado con la idea de contrapesar los dictados que las cúpulas partidarias y
sus respectivos caudillos nos presentan como menú obligatorio a elegir en las
listas parlamentarias.
El caso Urtecho, que en realidad es el último de una larga y
vergonzosa lista (y no solo en el Congreso) de gente que entra a medrar y a
delinquir a costa del Estado, es un indicador que esta "solución" ha traído
peores males, como la venta de las candidaturas al mejor postor, maquillando las
mismas por supuestos criterios de "representatividad" de los "candidatos
inversionistas".
Lo cual lleva a pensar que si lo anterior es un dato de la
realidad, la existencia de un "mercado de candidaturas políticas" es
consecuencia de otra realidad: las agrupaciones necesitan levantar fondos a
cualquier precio para solventar sus actividades proselitistas o de cualquier
índole.
Se debe eliminar el voto preferencial. El tema es por qué lo
reemplazamos. Lo ideal es fijar un mapa de representación parlamentaria vía
distritos electorales uninominales o binominales, de tal manera que la gente no
solo emita su voto en forma entusiasta y que el recuerdo le dure poco, como
revela el 62% aludido. Sino que yo pueda saber quién me representa y a quién
tengo que exigirle cuentas de su función congresal. A la vez se obliga al
parlamentario a esforzarse ante su universo de votantes.
Pero eso es solo parte de la solución. La comercialización y el
envilecimiento de la política tiene su razón de ser en el dinero, o como hemos
dicho, en la falta de este en las agrupaciones. Y por eso es vital discutir el
tema del financiamiento de los partidos. Bajo una reforma seria, estos deberían
ser entidades públicas abiertas al escrutinio popular, regulados por el JNE,
bajo un sistema de control no solo de los fondos que reciben del Estado y de los
privados, sino y lo más importante, de sus procesos políticos internos, vía la
ONPE: designación de autoridades, procesos electorales primarios para designar
candidaturas que en buena cuenta sería la alternativa al voto preferencial,
dando cabida a una abierta y libre participación ciudadana en los mismos, e
incluso, hasta para los procesos de división o desaparición de las
organizaciones.
Es terrible admitir que la clase política representada en el
Parlamento (dicho sea de paso, hoy el 88% de peruanos, según la aludida encuesta
de Ipsos, no se siente representado en el Congreso; ¿alguien dijo 5 de abril?)
no tenga la más mínima capacidad de conseguir los votos necesarios para
emprender reformas que ni siquiera son un lujo o producto de disquisiciones
ideológicas, sino que suponen darle viabilidad institucional al futuro
democrático peruano.
No hay mayor irresponsabilidad y falta de
respeto hacia la población que, quienes teniendo la posibilidad de hacer algo
(los propios grupos políticos y los parlamentarios en ejercicio) para que esa
endeble y pobrísima entidad que es el Congreso no agudice aún más su crisis, no
lo hagan porque el fraccionamiento de votos lo impide.
Y peor es que quienes estamos afuera de la Plaza Bolívar no
pasemos de ser simples testigos de un desplome, no físico aunque inminente, de
esa vetusta institución.