Megacomisión en este caso llega a conclusión de que sí hubo
injerencia política en escandaloso tema
La Megacomisión investigadora de los presuntos actos de
corrupción ocurridos durante el último gobierno aprista detectó una serie de
hechos que confirman que existió interferencia política en el sonado caso de
Business Track (BTR) y uno de estos involucra directamente al exprimer ministro
aprista Jorge del Castillo.
Fuentes confiables aseguraron a La Primera que uno de los
hechos detectados en este sentido es aquel que tiene como protagonista al
guardaespaldas del actual secretario del Partido Aprista, el exmarino
identificado como Luis Amengual, quien abandonó el país justo cuando la justicia
estaba a punto de incluirlo en calidad de investigado en el caso de BTR.
Inicialmente Amengual buscó acogerse a la figura de
colaboración eficaz en el proceso, pero al no conseguirlo, entonces de acuerdo a
la normatividad judicial debía ser incluido como investigado. Pero al salir al
exterior, no fue parte del proceso.
La incautación del material a la experta en informática de BTR,
Gisella Gianotti se originó en la participación de Amengual en este escándalo
que remeció las entrañas del gobierno aprista.
HABRÍA ESTADO DETRÁS De acuerdo a las
mismas fuentes, la Megacomisión detectó indicios razonables de que Del Castillo
estuvo detrás de la abrupta salida del país de Amengual, cuya boda fue
apadrinada por el político aprista conocido como “Tío George”, lo que
corroboraría que existió una interferencia política.
Precisamente la comisión congresal investiga el caso BTR para
determinar la posible existencia de una interferencia política en este tema.
El mismo juez Iván Sequeiros, de la Segunda Sala Penal de Reos
en Cárcel, tras dictar sentencia contra los principales implicados en el hecho
como son Gianotti, Elías Ponce Feijoó y Carlos Tomasio, recomendó a la
Megacomisión que investigue el caso para detectar si existió tal injerencia.
Vale aclarar que el caso BTR ya formaba parte del rol de temas
que serían indagados como parte de su labor.
Las mismas fuentes indicaron que este es solo uno de los hechos
que confirman que el gobierno aprista habría interferido en el proceso que
siguió al destape del caso BTR.
Investigaciones periodísticas dieron cuenta que Amengual no
viajó solo a los Estados Unidos, sino lo hizo en compañía de Ismael Medardo
Matta Uribe, exagente de BTR, y un amigo suyo.
Ambos fueron compañeros de armas en el Centro de Instrucción
Técnica de la Marina (Citen) y terminaron laborando en los consulados peruanos
de Nueva York y Patterson, respectivamente.
VIAJEROS Según registros migratorios
publicados por el blog Página 11, Matta viajó a Patterson con su familia el 4 de
febrero de 2009, mientras que Amengual lo hizo el primero de marzo. Lo más
revelador de todo es que ambos tramitaron sus respectivos pasaportes ante la
Dirección de Migraciones el mismo día.
Amengual, entre los años 1985 y 1989, se desempeñó como
guardaespaldas de Del Castillo, cuando era alcalde de Lima.
En su momento, el expremier aprista aceptó haber tenido vínculo
laboral con él “hace como 20 años”, pero que ya no lo veía, lo cual no sería
cierto, pues en un audio colgado por el referido blog la suegra del exmarino
revela que Del Castillo fue padrino de matrimonio de Amengual.
Del Castillo negó ante ese blog haber tenido participación en
el viaje de ambos personajes, pero no queda claro cómo es que Matta, colaborador
eficaz por haber delatado a los chuponeadores, logró trabajo en una dependencia
del Estado pese a estar impedido de hacerlo al igual que Amengual.
Sin embargo, cuando acudió ante la Megacomisión en octubre del
año pasado en el marco de las investigaciones que realiza este grupo sobre el
caso BTR, el expremier aprista evadió algunas preguntas con el argumento de que
no guardaban relación alguna con las investigaciones.
Casualmente los cuestionamientos estaban referidos a su
vinculación con Luis Amengual Rebaza e Ismael Matta Uribe, ambos implicados en
dicho caso.
Con estas conclusiones el grupo investigador que preside Sergio
Tejada presentaría su informe final a los miembros la próxima semana para su
debate. Luego, en un plazo de dos a tres semanas haría lo propio con el informe
sobre los “narcoindultos” que se encuentra en su etapa final.
REYNA Y SUPUESTO CAJERO En este sentido,
los miembros de la Megacomisión concluirán la etapa de interrogatorio con la
presencia este viernes del exviceministro de Justicia, Erasmo Reyna, actual
abogado del exmandatario Alan García.
Además, ese día acudirá al Congreso el expromotor Manuel
Carrera Toribio, sindicado por Carlos Butrón “Brasil”, exdelegado jurídico de
Lurigancho, como el cajero del caso de los “narcoindultos”.
Diversos testimonios lo acusan de que Carrera Toribio habría
recibido 240 mil dólares de 14 reos del penal de Lurigancho y más de 100 mil
dólares de la interna mexicana Sanjuana Medellín Huerta del penal Santa Mónica.
Hasta hace pocas semanas este expromotor, que dejó su labor de
docente en un colegio estatal de San Juan de Miraflores, vivía en medio de lujos
en España a donde viajó junto a su familia, aunque recientemente volvió a Lima
proclamando venir para ponerse a derecho.
El juez Miguel Quevedo ordenó el impedimento de salida del país
de Carrera Torobio y su comparecencia restringida.
En diálogo con La Primera, el presidente de la comisión
investigadora, Sergio Tejada,adelantó que en dos a tres semanas estará listo el
informe de los “narcoindultos” para su presentación y debate entre los
miembros.
DICE SERGIO TEJADA Sale todo en octubre
El presidente de la Megacomisión, Sergio Tejada, señaló que el
informe final de todos los casos investigados será presentado a fines de octubre
próximo y contendrá una especie de resumen de otros casos menores como la venta
de Collique, el caso de las Laptops compradas por el Ministerio de Educación, la
concesión de los terminales portuarios Norte y Sur, así como la venta de las
sedes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y del Ministerio de
Educación y en especial de este último.
Explicó que la comisión viene recogiendo denuncias sobre estos
casos, considerados menores, que no merecerán interrogatorios y también serán
elevados al Ministerio Público.