Mientras tanto, Humberto Campodónico insiste
en que la intervención de Petroperú en el desarrollo del Gasoducto Andino del
Sur es definitiva
El juego más peligroso del mundo es no jugar a lo
seguro. Si bien queda fuera de toda discusión la revolución económica que el
Gasoducto Andino del Sur significaría para regiones como el Cusco, Arequipa,
Moquegua, Puno y Tacna, sí se cuestiona la forma como se
hará.
Resulta que la edificación del proyecto –que hasta hoy
es señalado como el mayor logro en la era Humala– establece polémicos
planteamientos al Gobierno, sobre todo porque contempla la intervención del
Estado en un proyecto que hace agua por donde se le
mire.
La internacional brasileña Odebrecht, que asumió el
100% de la construcción del gasoducto tras comprar a la empresa Conduit el 49%
de la participación del proyecto que esta poseía, planteó que el gasoducto se
construya en dos tramos, el primero que vaya desde Camisea hasta Quillabamba
(Cusco) y posteriormente un segundo tramo que retomaría las obras en Quillabamba
para llevar la tubería de gas y líquidos hasta Ilo
(Moquegua).
Hasta ahí todo bien si no fuera por un detalle
relevante a los intereses de todos los peruanos. La constructora brasileña, que
en el Perú siempre fue cuestionada por los millonarios sobrecostos con que acabó
cada obra en la que recibió la buena pro, ha solicitado al Gobierno que a través
de Cofide financie el primer tramo, que requerirá una inversión de US$ 1,200
millones.
Odebrecht, que es la mayor empresa de América Latina
en su sector y está presente en cuatro continentes, aprovechando que el
Gasoducto del Sur es la máxima prioridad dentro de las obras a desarrollar por
los gobiernos regionales del sur y que el Gobierno ha puesto en evidencia una
extraña premura y preocupación por su ejecución, astutamente transfirió el
riesgo al Estado con una jugada que en Palacio de Gobierno y en Petroperú
prefieren pasar por alto.
Señalan que para la construcción del Gasoducto del Sur
se requerirá que Petrobras garantice la presencia de reservas en los lotes 57 y
58 para con ello firmar contratos de abastecimiento, los que a su vez permitirán
financiar, con la banca privada, la construcción del segundo tramo del gasoducto
y devolver al Perú lo invertido en el oleoducto que parte de Camisea hasta
Quillabamba. En buen romance, si el negocio va mal, lo pagamos todos los
peruanos; si el negocio va bien los beneficios se los queda la empresa que
desarrolló el proyecto.
Ante ello, Alfonso García Miró, vicepresidente de
Confiep, alerta: ‘‘¿Qué sucederá si el Estado financia el primer tramo se
edifica y luego Petrobras no logra certificar las reservas en los lotes 57 y 58?
¿Qué nos garantiza que Odebrecht devolverá el dinero al Estado? ¿Con qué letra
del alfabeto tiene que empezar el nombre de mi empresa o qué tamaño de proyecto
debo presentar para hacer la cola que me permita a mí también conseguir un
crédito puente del Estado para mi negocio/beneficio
particular?”
“Si se trata de una obra cofinanciada entonces hay que
hacer competir al capital privado en un concurso público por esos fondos
públicos, como lo es un crédito puente, y tomar la propuesta más competitiva en
beneficio de todos los peruanos. Pero no asignar dineros públicos a dedo y sin
concurso a una sola empresa, sin que haya competido con otras para salir
favorecida con recursos que, al final del día, son de responsabilidad del
Estado”, precisó el vicepresidente de Confiep.
La Confederación de Instituciones Empresariales
Privadas (Confiep) dio la voz de alerta. Aunque asegura que el millonario monto
será devuelto al Estado una vez que se logre el financiamiento de la segunda
etapa, en este denominado “crédito puente” nada garantiza que esto sea así. Los
US$ 1,200 millones que el Estado invertirá como préstamo están sujetos a
riesgo.
Lo que ocurre es –dijo– que lo riesgoso en la
construcción del gasoducto respecto de las condiciones para su financiamiento no
es que las reservas aún no hayan sido confirmadas, sino que dejan al estado
correr con todo el riesgo.
“No hay banco que financie porque es demasiado
riesgoso. La empresa que va a construir, que tiene el apoyo de la Confiep en
tanto sea un proyecto privado, quiere que el Estado financie porque no han
conseguido financiamiento de las entidades bancarias. Pero si no se confirman
las reservas, se pierde el dinero de la gente”,
advirtió.
“Estamos
ante un negocio privado con beneficio privado para una utilidad privada que
tiene que estar sujeto al riesgo privado y no tiene que estar sujeto a recursos
públicos”, sostuvo el vicepresidente de este gremio, Alfonso García
Miró.
¿QUÉ DICE
CAMPODÓNICO?
Pese a este preocupante riesgo, el presidente de
Petroperú, Humberto Campodónico, ha señalado en diversas oportunidades que la
intervención de la petrolera estatal en el desarrollo del Gasoducto Andino del
Sur es definitiva.
El último jueves precisó: “Definitivamente apoyamos
este proyecto y nuestra participación será decidida por el Gobierno. Los
recursos a destinarse en su ejecución provendrán de la caja del
Estado".
Para Alfonso García Miró, Petroperú no es más que el
vehículo que utiliza el Estado para gestionar el financiamiento. “Pero en
realidad sería una decisión del Gobierno y eso sí sería lamentable”,
afirmó.
“Es un argumento pésimo, es un incentivo perverso y
moralmente censurable. De ninguna manera podemos aceptarlo”, enfatizó al momento
de sostener que todos los peruanos debemos rechazar que alguien, por más que sea
el Gobierno, pueda utilizar nuestros recursos para generar un beneficio
particular, “un beneficio privado de una empresa
privada”.
Informe
especial
Los costos del Gasoducto Sur Andino han sido incrementados
por cinco. ¿Quién sale ganando con esta operación? El Ejecutivo no ha dado
explicación alguna por la desmesurada elevación de los costos de proyecto, con
el consiguiente perjuicio al Estado peruano.