Normas para formalizar minería están dentro del estado de derecho
El defensor adjunto para la prevención de conflictos, Rolando Luque, afirmó
hoy que las normas para frenar la minería ilegal están dentro del estado de
derecho, y pidió que los mineros informales de Madre de Dios se acojan a ellas
para regularizar sus actividades.
“Es evidente que las medidas para fiscalizar, penalizar, supervisar, como las
medidas de interdicción, nadie puede verlas con desaprobación (…) Son tareas de
Estado que están dentro del marco de la ley”, aseveró.
Tras expresar sus condolencias por los tres fallecidos durante acciones
violentas de mineros ilegales de la región Madre de Dios contra los dispositivos
emitidos por el Poder Ejecutivo, sostuvo que durante un conflicto social ya no
debe presentarse más decesos.
Al reconocer que actualmente hay “un escenario de riesgo” en Madre de Dios,
dijo que los dirigentes de los mineros informales deben hacer el máximo de los
esfuerzos para controlar a sus integrantes, y que las fuerzas del orden ejerzan
sus funciones dentro de la ley.
“Que haya un cese absoluto de los actos de violencia, una disposición rápida
y efectiva de parte de los tres niveles de gobierno y de las dirigencias para
sentarse a negociar. En una democracia se negocia, las ideas o los pedidos no se
imponen”, manifestó.
Los mineros ilegales exigen que el Gobierno derogue los decretos emitidos
para evitar que esa actividad ilícita continúe depredando los bosques, contamine
los ríos con químicos como el mercurio, genere trata de personas, entre ellas,
niños, entre otros delitos conexos.
Luque consideró necesario también que la minería informal regularice sus
actividades porque en 21 departamentos del país se registran daños al medio
ambiente y problemas sociales muy graves como la trata de personas, trabajo
esclavizado de niños, y manipulación de sustancias tóxicas que ponen en riesgo
la vida.
El representante de la Defensoría señaló que el caso de Madre de Dios reviste
mayor complejidad porque se encuentran involucradas comunidades nativas que
exigen un tratamiento diferenciado.
“Pero cuando se pase al diálogo, el primer punto es que no se negocia contra
la ley, no se negocia contra la Constitución ni contra los derechos
fundamentales, que son el derecho al medio ambiente, a una vida sana, integridad
física, tranquilidad, salud, eso es lo que está en juego y es lo que deben
entender todos”, comentó.
A la vez que se lleva adelante la formalización, subrayó la necesidad de
brindar oportunidades de desarrollo para las casi 100 mil personas que se
dedican a la minería informal en Madre de Dios para que sean reabsorbidas al
mercado laboral.
En ese sentido, puso énfasis en la importancia de llevar adelante el diálogo,
con la garantía de cumplir con todos los acuerdos alcanzados entre las
partes.
Finalmente, opinó en TV Perú que el Reporte Mensual de Conflictos Sociales
No. 96 de la Defensoría del Pueblo ha demostrado un avance en la comprensión de
la conflictividad social, pese a los 229 conflictos registrados en febrero
pasado.
“En términos generales, el Perú ha avanzado en la comprensión de la
conflictividad social, eso es importante porque hay una conciencia mayor de que
este es un tema central para el funcionamiento general de la política y del
Estado y de la sociedad en el Perú”, anotó.