A propósito del escándalo del vicepresidente Chehade, independientemente del
grado de responsabilidad que a éste le cabe, y de si hubo o no un acto de
corrupción al intentar obtener una resolución de desalojo en Andahuasi, no deja
de ser importante el rol que en todo esto cumple la PNP.
El rol de esta
última es crucial en la ejecución de sentencias judiciales. Por ejemplo, si nos
pusiéramos en el hipotético caso de que el Grupo Wong haya obtenido u obtuviera
una resolución favorable al desalojo en Andahuasi, de nada le serviría si no
pudiera ejecutarla; y para esto último, la participación de la PNP es crucial,
sin la misma, dicho fallo sería letra muerta. Y cuando señalo "participación
crucial" estoy pensando en un megaoperativo con una gran cantidad de efectivos,
a los que hay que llevar a la zona probablemente por varios días (hasta que el
lugar cuente con las garantías del caso), pero adicionalmente, con toda la
inversión logística que dicho traslado supone: combustible, camiones
portatropas, a veces helicópteros, grupos de apoyo de la sanidad de la PNP,
presencia de fiscales, rancho para los efectivos por varios días., etc.,
etc.
En el 80% de los casos la PNP no cuenta ni con el suficiente
personal disponible de inmediato ni con el presupuesto para financiar operativos
de dicha magnitud.
¿Qué sucede entonces muchas veces?, y esto por boca de
algunos oficiales de la PNP y de empresarios e incluso autoridades involucradas
(en ninguno de los casos mencionaremos nombres claro está). Pues que el o los
involucrados en la decisión judicial (ojo, que incluso puede ser una resolución
justa y no producto de ningún acto de corrupción) terminan financiando en todo o
en parte la puesta en marcha del operativo. Y esto no sólo ocurre para el
caso de resoluciones judiciales; pasa mucho en provincias cuando ocurren
bloqueos de carreteras y las empresas y pobladores no pueden sacar sus
productos, también en el caso de amenazas que sufren empresas mineras,
petroleras o agroindustriales, y algo similar ocurre en galerías y centros
comerciales en disputa, etc.
La enorme precariedad del Estado (sea en
recursos sea en incapacidad de acción) es condición suficiente para que la
corrupción o la ilegalidad se instalen. Cruda y pura realidad.