Accionistas y Trabajadores de la azucarera Tumán en contra de la Protección Patrimonial
El
Comité de Accionistas y Trabajadores de la Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A.,
CATEATSAA, ha enviado una carta pública al candidato Ollanta Humala sobre la
situación que se vive en la azucarera Tumán en los últimos días, debido a su
posición que ha mostrado sobre el Régimen de Protección Patrimonial desde el año
pasado.
CATEATSAA afirma que sus dirigentes se reunieron con Ollanta Humala
en diciembre del año pasado en su local de campaña y él se ofreció a analizar su
posición, que es contrario a la ampliación de dicho Régimen, que recientemente
había sido aprobada su prorroga en el pleno del Congreso, pero que se planteado
su reconsideración. En esa reunión, Ollanta Humala ofreció recomendar a su
bancada a reconsiderar su votación, pero la Bancada Nacionalista votó en contra
de la reconsideración de la ley.
Los
argumentos de CATEATSAA son los siguientes:
-La Ley de Protección Patrimonial, otorgadas a las
azucareras acogidas al proceso de capitalización, inicialmente fue por los 12
meses del 2003 y se ha venido prorrogando políticamente por 8 años. Este régimen
estaba condicionado a la entrega de acciones al Estado por deuda tributaria y
venta de acciones a un inversionista privado, pero al prorrogarse la Protección,
no se vendieron las acciones que el Estado tiene en Pomalca (32%) y en Tumán
(7%).
CATEATSAA afirma que la Protección
Patrimonial, lejos de hacer caja y pagar sus acreencias, siguieron mal
administradas, embalsando el pago de sus acreencias y rematando el azúcar, en
beneficio del Grupo Oviedo, que monopoliza la comercialización de toda la
producción de azúcar (20 mil bolsas diarias entre ambas
empresas).
Oviedo administra Tumán con acreedor
judicial, para cobrar una acreencia, que pese a la vigencia de la Ley de la
Protección Patrimonial, es el único que puede cobrar y es protegido por dicha
ley.
Gracias a esta ley, Oviedo no pagan
aportes a las AFP, ESSALUD, ONP y tampoco deposita la CTS de los trabajadores,
perjudicándolos. Tanto Tumán como Pomalca han depositado la CTS del 2010 pero
adeudan las anteriores. El Minsiterio de Trabajo ha impuesto multas, pero no han
tenido efecto por la Protección Patrimonial.
Oviedo ha programada el pago de las
deudas a los trabajadores hasta el 2022 en Pomalca y el 2026 en Tumán. Aún así,
el cronograma no fue cumplido, pues ambas empresas no efectuaron el pago
correspondiente al 2010.
-La Protección Patrimonial alcanza a las obligaciones
laborales, vencidas hasta la fecha de promulgación de la ley. Entonces, el
trabajador seguirá esperando el vencimiento de la ley o la voluntad de Oviedo
para que se paguen sus acreencias en 13 ó 15 años. Incongruentemente se suspende
la venta de las acciones del Estado y se prorroga la Protección sin
condiciones.
-La Ley sólo beneficia a Oviedo, porque administra
Tumán y Pomalca sin pagar deuda alguna, no establece ningún control sobre la
buena administración de las empresas, la deuda laboral se sujeta a un cronograma
de pagos arbitrarios.
Todo esto los dirigentes de CATEATSAA lo hicieron de
conocimiento a Daniel Abugattas, vocero de la Bancada Nacionalista, quien
expresó que era un absurdo que Tumán se encontrara intervenida por orden
judicial, a pesar de la vigencia de la Ley de Protección Patrimonial,
además que en el proyecto sustitutorio suscrito por las Comisiones de Economía y
Agraria, las acreencias laborales no se encontraban incluidas en el cronograma
de pagos.
Antes de la someterse a votación el texto sustitutorio, discutido
en el pleno, el congresista Yamashiro, en su condición de Presidente de
la Comisión de Economía, solicitó al Presidente del Congreso, precisar algunas
correcciones de redacción. Como resultado, se insertó un párrafo completo al
artículo 4° del proyecto, señalando “… que venzan a partir de la vigencia de la
presente Ley”. Con esta modificación, se vuelve a incluir las acreencias
laborales, tributarias y sociales vencidas, a ser pagadas en el cronograma de
pagos hasta el 2022 (Pomalca) y 2026 (Tumán), es decir, nuevamente con
protección patrimonial para las acreencias laborales. Las CTSs de este año se
depositan con regularidad, pero la de años anteriores seguirán
esperando.
Quien tiene la administración judicial de Tumán es Edwin Oviedo
Picchotito, cuyo hermano, Elvis Richard Oviedo Picchotito figuraban entre los
principales accionistas de Tumán el 2002, con el 6.13 %, pero en la actualidad,
ya no figura.